La propiedad de las obras de Sijena

Las 44 piezas llegadas el 11 de diciembre a Villanueva de Sijena desde Lleida, tras años de reclamaciones e idas y venidas judiciales, no pertenecen al ayuntamiento de la localidad, tampoco a sus vecinos. Estas obras y las otras 51 entregadas por Cataluña en julio de 2016, parte del llamado Tesoro de Sijena, tampoco son del Gobierno de Aragón, pese a que unos y otros han litigado hasta conseguir que vuelvan al monasterio de donde salieron en 1970. Según la justicia, que ha anulado por ilegales las operaciones de compraventa entre las monjas y la Generalitat y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) de 1982, 1992 y 1994, la única propietaria de estos bienes es “la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena”. Lo dijo en 2015 y lo ha vuelto a decir el 30 de noviembre cuando estableció que “se reintegre al propietario la posesión material de los bienes”.

¿En qué se traduce eso? Las últimas sanjuanistas que abandonaron el monasterio rumbo a Barcelona han fallecido (la última en el 2000) y no queda ninguna de la orden que haya profesado en Huesca. Las treinta que viven desde 1985 en el monasterio son de la orden de Belén y lo único que les une al histórico recinto es un alquiler. Por abrirlo al público (los sábados de 12,30 a 16 horas) reciben además una compensación económica y han cedido los antiguos dormitorios para que se puedan visitar, tres días en semana, las piezas.

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Solo hay una monja sanjuanista vinculada con el monasterio. Es Virginia Calatayud, la priora del convento alavés de Salinas de Añana que solo ha estado de visita en Sijena, pero que el Vaticano reconoció como comisaria pontificia de la orden en 2016, cargo que le posibilita ceder los derechos para reclamar los bienes al Gobierno de Aragón.

Antes de esa fecha las relaciones entre las monjas y la administración no eran buenas: en abril de 2012 el juez las acusó y las sentó en el banquillo junto a la Generalitat y el MNAC por la compraventa de las 97 obras. Incluso fueron declaradas en rebeldía procesal, algo que no impidió que cuando se emitió la sentencia, en 2015, fueran exculpadas y se les exonerase del pago de las costas. Tampoco se les obligó a devolver los 50 millones de pesetas que habían recibido por las obras, un valor que asciende hoy, según algunos expertos, a dos millones de euros.

Con el regreso de las obras, estas piezas que se han conservado en dos museos públicos, expuestas o no, han pasado a ser privadas, aunque estén siempre expuestas. Según Cultura de Aragón, “no está previsto llegar a un acuerdo con ellas para su cesión, pero al ser Bienes de Interés Cultural han de notificar si se quiere hacer algo con ellas”. En 1923 el monasterio fue declarado monumento y el juez entiende que todo lo que había en su interior está protegido.

La reciente sentencia de la Audiencia Provincial posibilita que la Generalitat y el MNAC reclamen lo que pagaron por las obras. “Si el Supremo no nos da la razón reclamaremos el dinero, antes no”, aseguran desde el MNAC. ¿Pero quién las pagará? El presidente de Aragón Javier Lambán ha asegurado que llegado el caso podría pagarlas su gobierno, aunque desde Cultura de Aragón matizan que ellos no puede asumir el pago porque las monjas solo les cedieron los poderes para litigar, no la titularidad de las obras. Si al final paga Aragón, sería la segunda vez que una administración, con dinero público, comprará las obras de Sijena.