El NIF no era el de Sijena

Ni por matar, ni por extorsionar, ni por tráfico de alcohol: Al Capone fue detenido y encarcelado por un tema aparentemente menor como es un delito fiscal. Algo parecido puede ocurrir con el pleito sobre las pinturas murales que enfrenta a la Generalitat y al Gobierno de Aragón desde 2013. Dando un giro de timón que puede dar al traste con las aspiraciones aragonesas de recuperar las pinturas murales de la sala capitular del monasterio oscense de Santa María de Sijena que se exponen en el MNAC, ayer, la consejería de Cultura de Santi Vila anunció que el 1 de febrero presentó al Gobierno de Aragón un escrito en el que pide la anulación de sus acuerdos de gobierno de 2013 por los que se autorizaba a los Servicios Jurídicos de Aragón a emprender acciones judiciales para recuperar estas pinturas murales en representación de la comunidad de religiosas de la Orden de San Juan.

Y lo hace porque considera que el gobierno de Aragón no estaba autorizado para ello. La causa: Virginia Calatayud, la religiosa que cedió los poderes en mayo de 2013 para reclamar las pinturas no representaba al monasterio de Sijena ni sus propiedades porque tan solo representaba al monasterio de la misma orden de Salinas de Añana donde ella es (y sigue siendo) la priora.

La Generalitat, remarca en su escrito, que la Federación de la Orden de San Juan no es persona jurídica, no tiene NIF, y por lo tanto no tiene capacidad jurídica para efectuar esta cesión y que el número de NIF que consta en la escritura de cesión de derechos al Gobierno de Aragón es diferente al de la Comunidad de religiosas del Monasterio de Sijena, las propietarias de las pinturas que cedieron la custodia a la Generalitat en 1992, según el contrato que han aportado la Generalitat junto a su escrito.

La Consejería de Cultura recuerda que cuando Calatayud cedió en 2013 los derechos no era la representante de la propiedad del Monasterio y solo lo era del de Salinas de Añana. Ella misma lo ratificó, prosigue la Generalitat en su escrito, cuando en enero de 2016 durante la celebración del juicio, aseguró ya como comisaria pontifica cargo que ostenta desde que el Vaticano la nombró en noviembre de 2015, que había cedido el derecho para reclamar en mayo de 201.

Este nombramiento como comisaria pontificia, argumentaba Calatayud, le daba facultad para ser la representante de una serie de monasterio de la misma orden sanjuanista en España, entre ellos el de Sijena, pero reconocía que en 2013, cuando cedió los derechos ella no tenía nada que ver con este monasterio. Durante su declaración a la juez (por Internet) Calatayud, que ha profesado en Gandía, Barcelona y Álava, pero nunca en Sijena, dijo que desconocía “todo, absolutamente todo, de Sijena”; que “nunca había visitado las pinturas en el MNAC” y que “muy pocas veces, poquísimas, había visitado el monasterio de Sijena”.

En su escrito, la Generalitat asegura también que el proceso tiene “vicio de origen”, ya que “la representación por parte de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón de una entidad privada religiosa es ilegal puesto que excede lo estipulado en la normativa reguladora de los servicios jurídicos de Aragón”. La petición de nulidad de los acuerdos de gobierno abre la vía para presentar un contencioso administrativo, que será el paso siguiente, explican desde del departamento de Vila, para pedir la nulidad de la sentencia del Juzgado número 2 de Huesca que obliga a la devolución de las pinturas. Una reclamación que se presentará en un juzgado de Barcelona.

A última hora de la tarde de ayer, el Gobierno de Aragón lamentó que la Generalitat “siga enredándose en procedimientos judiciales para tratar de retrasar el cumplimiento de las resoluciones de los tribunales”.

Vila pedirá explicaciones sobre cómo se exponen las piezas

"Estas piezas siguen siendo de Cataluña, porque siguen en proceso judicial y me preocupa su conservación". Así expresaba ayer Jusèp Boya, director general de Patrimonio de la Generalitat, su preocupación por las condiciones en las que se exponen las 51 piezas entregadas por Cataluña en julio y que se muestran desde el 27 de enero, así como por el hecho de que la sala capitular, tal y como publicó EL PAÍS no reúne las condiciones ambientales necesarias. "Estamos planteando una acción de comunicación con el Gobierno de Aragón. Queremos que nos den la certeza de que las medidas no son potencialmente deficientes, tal y como ha publicado la prensa. La fórmula la acabaremos de pensar", prosiguió Boya, que no descarta enviar esta 'llamada de atención' a la juez que lleva el caso de los bienes. "Si yo me encontrara en la situación contraria me sentiría en la obligación profesional y moral de dar una respuesta", aseguró.

Boya lamentó que el conflicto por los bienes de Sijena hayan sobrepasado el ámbito patrimonial y que haya acabado siendo un “coche de identidades extremas”. El político no descarta llegar a acuerdos con Aragón “cuando las piezas vuelvan”, siempre “que no cuestionen su propiedad y se acepte que Cataluña no cometió expolio y que se compraron legalmente”. Algo que, tal y como están los ánimos, parece muy difícil.