La devolución del Tesoro de Sijena a Aragón desata una tormenta política

En los trasvases de agua las siglas de los partidos se diluyen y las fronteras entre comunidades se amurallan. Con el patrimonio artístico suele pasar lo mismo y más si el pleito coincide con una precampaña electoral como la catalana. El conflicto por las 44 piezas históricas del monasterio aragonés de Sijena que un juez exige al Museo de Lleida que devuelva a su lugar de origen, desencadenó ayer una riada de reacciones políticas. El ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ahora responsable de este departamento en la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, anunció el martes que acatará esa sentencia.

Su correligionario, el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, no comparte “el traslado de los bienes a Huesca” pero defiende “el cumplimiento de las resoluciones judiciales gusten o no”.

En la otra orilla, el líder del PSC, Miquel Iceta, calificó de “equivocación” la decisión del Gobierno. Y el alcalde de Lleida, Ángel Ros, también socialista, acusó al ministerio “matar moscas a cañonazos”, con el 155. Ambos sufrieron el ataque del expresidente Carles Puigdemont, quien les acusó de ser “cómplices”. “El tripartito del 155 abrió la puerta a que hubiera este expolio del patrimonio”, añadió.

Mientras tanto, la consejera de Cultura de Aragón, la socialista Mayte Pérez, anunció que ya ha entregado al ministro la documentación de las piezas a devolver para facilitar el proceso. De la reunión en el ministerio entre responsables administrativos de este departamento y de la consejería de Cultura de la Generalitat catalana, celebrada ayer, trascendió tan sólo el ambiente cordial y que no se trato este asunto según fuentes oficiales.

Algunos expertos en patrimonio reclaman negociación. El consultor de la Unesco Jordi Treserras cree sería mejor constituir “una mesa de trabajo, más que adoptar cualquier decisión”. “La medida del ministerio es más política que patrimonial”, y se trata, dice de “una respuesta al juez antes que una medida efectiva”. Treserras opina que “al ministerio no le interesa generar más tensiones” y echa en falta “un proyecto patrimonial en Sijena o una dotación económica que no existen”.

Como ejemplo de entendimiento, Treserras señala al Vall de Boí, que ha vivido un revulsivo económico después de que en sus iglesias románicas se instalaran reproducciones y proyecciones. “Los visitantes del Museo Nacional de Arte de Cataluña donde se conservan las pinturas originales aconsejan a los visitantes que vean los edificios donde estaban y viceversa y todos salen ganando”, remacha.

El catedrático de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, Víctor Fernández Salinas, uno de los asesores de la Unesco a través de la ONG Icomos, recomendó ayer parar este proceso y desligarlo de toda contaminación política, fijar un calendario y empezar a negociar. “Parlem”, recomendó. “Pero la negociación no ha de empezar de cero, porque ya hay una sentencia”, simplemente “hay que escuchar a todas las partes e incluso a un mediador, que puede ser el ministerio o algún organismo especializado”. “La Unesco recomienda que cada obra se quede o vuelva al lugar donde nació, pero cada caso tiene su receta, hay que negociar”, dijo.

El abogado Javier Lasarte, que ha tratado asuntos patrimoniales, cree que “por su carácter imprescriptible”, las piezas deben volver a Huesca. “Ahora bien, aquí hay un tercero de buena fe, se entiende, que en su día compró las piezas, las guardó e incluso las restauró y, en ese caso, cabría una indemnización a la Generalitat, siempre que las piezas se puedan trasladar sin deterioro”, dice. “Si el traslado deteriorara los bienes cabe una vía intermedia: otorgar la titularidad a la Administración no poseedora, es decir, a Aragón, y constituir en depositaria a la que lo custodia, es decir, Cataluña”.

Manuel Gracia, delegado en Aragón de Hispania Nostra, que defiende el patrimonio, recuerda que “hay una sentencia que dice que las ventas de estos bienes por las monjas fueron irregulares, y por lo tanto deben ser devueltos”, informa Manuel Morales.

Para el exmagistrado Àngel Garcia Fontanet, la decisión del ministro no es “una actuación ejecutiva, sino un acuerdo preparatorio de una posible orden de entrega”. El ministerio asegura que todo se hará “según la legislación catalana”. El exmagistrado cree que, finalmente todo se alargará “más allá del 21 de diciembre, día de las elecciones”. Y critica la “pasividad de la Audiencia Provincial de Huesca” que lleva casi tres años sin resolver el recurso de la Generalitat.