Un astillero varado en la historia

Es un desconocido para los sevillanos. A pesar de estar en pleno centro. A pesar de sus 13.500 metros cuadrados. A pesar de su belleza áulica. Las Reales Atarazanas siguen bajo candado dos décadas después de que las Administraciones decidieran fulminar el secreto para que todos disfrutaran sus espectaculares bóvedas. Mientras llega ese día mil veces retrasado, esta semana rueda en su interior la serie Juego de Tronos y dentro de un año Jon Snow puede aparecer espada en mano en los televisores de medio mundo entre los arcos de este monumento. Entonces muchos se preguntarán incrédulos cómo puede este astillero del siglo XIII, ubicado entre la Giralda y el río Guadalquivir, seguir cerrado.

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Es el proyecto estrella en las conversaciones sobre patrimonio, arqueología y arquitectura. Sobre si es preferible mantener las piedras intactas pero escondidas o adaptarlas para su disfrute. Pero también sobre el laberinto de los despachos oficiales y la extrema dificultad para rehabilitar edificios cargados de historia en la capital andaluza. Mover una piedra cuesta en Sevilla sudor, años de informes, comisiones y disputas aireadas en la prensa.

Siete majestuosas naves forman hoy el monumento, levantado en 1252 por Alfonso X El Sabio para surtir de barcos las expediciones que recorrieron el mundo. Entonces fueron 17 naves (la extensión se duplicaba) para conquistar territorios y traer materias primas hasta Sevilla, cuartel general de Exteriores los siglos venideros. En el XVIII el espacio fue readaptado como fábrica de artillería, época en la que se levantaron las bóvedas de crucería de ladrillo. Hoy el suelo está cinco metros por encima de la cota original, por lo que la imaginación agiganta la espectacularidad del lugar.

En 1991, la Junta de Andalucía anunció que lo convertiría en centro de arte contemporáneo; en 2005, volvió a asegurar que, por fin, tras décadas de abandono, las Atarazanas se rehabilitarían para abrir sus puertas. En 2008 se planteó su conversión en el nuevo Caixaforum para albergar exposiciones internacionales. Desde entonces, el monumento atravesó múltiples escollos y ante las dificultades para adaptar un edificio protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) a sus necesidades y la negativa del Ayuntamiento de Juan Ignacio Zoido (PP, recién nombrado ministro de Interior), a conceder la licencia de obras —pese al visto bueno de la Comisión de Patrimonio (PSOE), La Caixa dijo basta, abandonó la idea y se llevó el Caixaforum a su nueva sede en la Torre Sevilla. Finalmente, como mal menor se comprometió a financiar su rehabilitación aunque el proyecto de centro multicultural mutó en otro más barato (de 25 millones a solo 10) enfocado al diálogo con América. Y cuando este otoño parecía que por fin se iniciaban las obras, un juez ha paralizado el proyecto tras solicitarlo la asociación conservacionista Adepa, porque podría causar “daños irreversibles” en las pilastras.

La polémica enfrenta a Adepa e Icomos, organismo asesor de la Unesco, que abogan por modificar el proyecto, con el arquitecto responsable de la obra, Guillermo Vázquez Consuegra, la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla, Administraciones que avalan la remodelación. Y de fondo, la Fundación La Caixa, pagadora de la obra y que busca un tono conciliador para que la polémica no le salpique. Como apéndice del proyecto —que aumenta hasta los 11 millones— se construirá un “balcón arqueológico” desde el que se verá la cota original del edificio. Será tras excavar cinco metros bajo tierra para visualizar elementos hoy enterrados, con la muralla almohade de la ciudad como cierre de esa reserva arqueológica.

El escenario es incierto. Para poder rehabilitar el edificio y hacer transitable la planta superior de las naves hay que reforzar toda su estructura porque las bóvedas se siguen moviendo, ceden poco a poco y no aguantarían el peso de los visitantes. Y para ello el proyecto incluye rodear las 48 pilastras mudéjares con cinchos de hormigón y 289 micropilotes de 14 centímetros de diámetro que absorberían la carga del edificio. A pesar de que toda esta estructura está enterrada bajo el suelo, los conservacionistas han puesto el grito en el cielo porque las pilastras serán taladradas con 128 perforaciones de tres centímetros de diámetro que dejarían un rastro irreversible. Y ahí reside el corazón de la polémica.

El año pasado la Comisión de Patrimonio, órgano consultivo de la Junta andaluza, autorizó las obras porque vio que cumplían con la Ley de Patrimonio Histórico que atañe al edificio. Sin embargo, el presidente de Adepa, Joaquín Egea, asegura que siete organismos ven irregularidades en las obras y censura la falta de un plan director específico del edificio. Además, alerta de que si el juez de lo contencioso administrativo aprecia indicios de ilegalidad, acudirá a la vía penal para denunciar a los técnicos de la Comisión de Patrimonio.

Por su parte, Icomos considera que el proyecto debe recuperar “la escenografía total de su época, en su lugar y cota de la obra original”. Es decir, el organismo reclama excavar los 8.000 metros cuadrados de la planta baja, una posibilidad que los responsables del proyecto tildan de descabellada porque el relleno de cinco metros que ha cubierto durante siglos el suelo ha impedido que la estructura se derrumbe.

Vázquez Consuegra razona que toda su intervención en el monumento es reversible, y que si en el futuro se decide abrir catas arqueológicas, es posible desmontar la estructura que rodea las pilastras. Y subraya que los 289 micropilotes ocupan siete metros cuadrados, el 0,08% de la superficie de la planta baja. “Han creado una alarma infundada. Con tantos agujeros actuales, otro agujero de tres centímetros es imperceptible. Alrededor de las pilastras solo quedan espárragos de hormigón que puedes cortar en el futuro con una radial”, argumenta el arquitecto. A continuación, rechaza las críticas sobre la falta de diálogo ya que el proyecto estuvo en exposición pública y ninguna de las asociaciones críticas lo visitó.

Desde la Obra Social de La Caixa, su director general Rafael Chueca responde con cautela: “¿Cómo lo vivimos? Con respeto a todos, con frustración porque cueste tanto tener consenso. Hemos intentado escuchar a todo el mundo, aceptado el millón extra y ahora estudiaremos el auto judicial”. “Nos sabe mal tener el dinero parado, pero sobre todo estar en el medio de las polémicas cuando solo queremos aportar. Si la Junta nos dice tranquilos, que los trámites están cumplidos, ella es la propietaria, garante y representante de los andaluces”, añade.

La Junta acusa a Adepa de exponer ante el juez un informe lleno de imprecisiones y que “podría estar falseando la realidad para implementar una imagen distorsionada del proyecto”. Mientras, el Ayuntamiento defiende que “el procedimiento a seguir para revertir las obras es laborioso, delicado y costoso”, lo cual no convierte a las obras en “irreversibles”, sino todo lo contrario.

De momento, el juez ha paralizado cautelarmente las obras para recabar informes y analizar el proyecto. Tanto la Junta como el Ayuntamiento y Adepa han alegado para intentar que la decisión del magistrado desbloquee la paralización o por el contrario fuerce al arquitecto a reformular las soluciones.

El problema de fondo es que el tempo político ha dado paso al judicial, si cabe aún más lento y caprichoso. Los informes que reclame el juez retrasarán su decisión meses y esta es apelable ante la Audiencia. El candado de este coloso mediaval parece sellado con argamasa.