La reforma de la ley de propiedad intelectual enciende al sector

Ya conocen el dicho: no se puede contentar a todo el mundo, pero sí cabrear a la mayoría. Podría aplicarse al tan cacareado anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). Tras pasar el miércoles el trámite de la comisión de subsecretarios, estaba previsto que aterrizara hoy en la mesa del Consejo de Ministros para pasar a la siguiente fase: dictamen del consejo de estado, vuelta al consejo de ministros y negociación parlamentaria. Pero no pudo ser, como anunciaron anoche desde la secretaría de Estado de Cultura para, a renglón seguido, desconvocar una cita con la prensa para pormenorizar los cambios legislativos. ¿El motivo?: “Cambios de última hora en la agenda del Consejo”. Tras la versión oficial, fue inevitable pensar que el aplazamiento no era sino el último episodio de una tramitación accidentada como pocas.

A medio año de ser publicado en el BOE, el texto ya ha causado un colosal enfado en el sector: creadores, entidades de gestión, editores de diarios y de libros, radios y televisiones. Y eso aunque solo es una reforma puntual; afecta a un puñado de artículos de la LPI y de la de Enjuiciamiento Civil. Tras ese cambio, se dará categoría de norma a la supresión del canon digital (y su sustitución por la compensación con cargo a los presupuestos generales). También se pretende “aumentar el control sobre las entidades de gestión” y fortalecer “los instrumentos de reacción frente a las vulneraciones de derechos de propiedad intelectual en Internet que permita el impulso de la oferta legal en el entorno digital”.

Hasta ahí, las líneas generales. Y desde aquí, los detalles. El principal, que anoche todavía era el gran escollo de la negociación según fuentes implicadas, es la inclusión en la nueva ley de más atribuciones a la Comisión de Propiedad Intelectual. ¿Cómo? Principalmente ilegalizando las páginas de enlaces a webs de descargas de contenidos sujetos a protección. Se podrán perseguir los sitios web cuya “principal actividad sea la de facilitar de manera específica y masiva la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrecen sin autorización”, dice el texto, que aún podría sufrir cambios. Es la principal baza contra la piratería que contiene la ley, aunque la lentitud demostrada en su primer año de funcionamiento por el órgano colegiado dependiente de la secretaría no inspira esperanzas.

En el borrador que maneja el Gobierno, sigue una apostilla redactada para evitar que se pueda pedir cuentas a buscadores como Google, lo que motivó una nota de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE). Se quejaban de no haber sido consultados para la redacción. En esa queja coinciden por una vez los actores de uno de los escenarios más enconados del gran teatro cultural. Entidades de gestión, coaliciones de creadores y demás generadores de contenidos comparten esa desazón. Desde la secretaría consideran que esas quejas parten de una consideración errónea. “Este es un anteproyecto y solo a partir de hacerse público [presumiblemente el viernes 22] se pueden oír las alegaciones”.

Luego cada cual tiene sus objeciones particulares. Radios y televisiones insisten en la vieja aspiración de que se detallen por ley los mecanismos de acreditación de derechos por modalidades de explotación (analógicos, digitales…) así como un mayor control en la fijación de los precios establecidos unilateralmente por las entidades de gestión.

Y eso aunque el anteproyecto de ley dedica gran parte de su articulado al control y sanción de las entidades de gestión, que con esta norma ven fijado el nuevo régimen del canon, según el que pasan de recaudar de 115 millones de euros a cinco. En el texto se califica de infracción muy grave la inoperancia a la hora de localizar a los titulares de los derechos de autor, así como la inclinación a actividades que no tenga que ver con esa tarea recaudación y reparto, en una referencia a la red de teatros Arteria, de la SGAE de Teddy Bautista. Si no se cumple esa función, se sancionará a las entidades. Además, los derechos no identificados (una bolsa económica que ha servido durante años para pagar los créditos inmobiliarios) prescribirán a los 10 años, y no a los cinco como hasta ahora.

El episodio de ayer fue el último de un folletín que ha incluido filtraciones de media docena de borradores, conferencias de prensa cruzadas para denostar o reconocer los logros del primer año de funcionamiento de la Comisión (30 casos resueltos) y amenazas de reingreso de España en la lista 301. Una espada de Damocles que podría caer a finales de abril y que, según algunas fuentes, aceleró la tramitación de la ley. Tanto, que quizá la ansiedad terminó por traicionar a sus promotores.