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ANÁLISIS

Es hora de pedir responsabilidades

Por mucho que algunos personajes dentro de ese recio edificio que ya empieza a oler demasiado a naftalina insistan en mirar para otro lado y hacer como que la realidad de las cosas no va con ellos (en fin, que la realidad no va con la Historia, ¡qué paradoja!) ha llegado la hora de que alguien —por ejemplo un ministro de Educación y Cultura— exija responsabilidades a la Real Academia de la Historia.

No se puede orquestar, desde una institución que cuenta desde hace años con muy sabrosas ayudas públicas —unos seis millones de euros en total y casi 200.000 en la última partida aprobada— un proyecto editorial de diccionario biográfico en el que se suaviza hasta los límites de lo tolerable la figura de un dictador como Franco y en el que algunas entradas salen directamente de los servicios de comunicación de la Zarzuela o, aún peor, de una web ministerial. Y no se puede porque es una vergüenza. Claro que este es un país extraño en el que el concepto de vergüenza sufre de un relativismo tan acomodaticio como interesado, y algunos hasta hacen carrera así: apañando movida tras movida para, con bastante astucia y la connivencia de unos administradores públicos que deberían ejercer de gendarmes pero ejercen de ‘a mí que me registren’, convertir lo vergonzoso en respetable.

Es el caso del Diccionario biográfico español, es el caso de la Real Academia de la Historia y es el caso de su director, Gonzalo Anes, quien un día no duda en reconocer que ni ha leído la biografía de Franco y otro día cuelga el teléfono a los periodistas cuando le llaman para pedirle información, información acerca de una institución —repetimos— sufragada en parte con dinero público. El mismo director que, en una entrevista con este diario, reconoció con orgullo —cuando ya estaba instalada del todo la controversia en torno a la biografía franquista (que no de Franco) escrita por el medievalista Luis Suárez— lo siguiente: "Pues no me la he leído".

El 12 de julio de 2011 el Congreso de los Diputados congeló —con el voto en contra del Partido Popular, entonces en la oposición— la subvención al Diccionario hasta que sus coordinadores revisaran y corrigieran las biografías más discutibles, como la de Franco. Los académicos, con Gonzalo Anes al frente, sugirieron que no se cambiarían las biografías ya editadas, pero que sí se escribirían y editarían entradas alternativas en algunos casos. Ahora hemos sabido que no, que la Real Academia de la Historia zanja la cuestión con una mera corrección de erratas y alguna adenda de información suplementaria. Vasta misión, en verdad.

Franco sigue siendo para Gonzalo Anes y la institución que dirige un personaje totalitario, pero no un dictador. Y eso, porque asegura que no piensa censurar a ningún autor del Diccionario. No se trata de censurar, señor Anes, sino de proceder de una vez a lo que a usted y su ilustre institución les toca: hacer Historia o, al menos, contarla con cierto decoro. Y si no, pasen por caja y devuelvan el dinero público. Y no miren para otro lado, por favor. Usted tampoco, señor ministro de Educación y Cultura.