Objetivo: evitar un expolio

18 cascos celtibéricos, un conjunto único procedente de un yacimiento zaragozano, se hallan en el centro de una polémica que enfrenta a historiadores y arqueólogos con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Aquellos exigen a la Administración que tome cartas en el asunto para evitar la venta de las piezas en Alemania. Y este niega su responsabilidad.

La novela (¿de un expolio?) comenzó a escribirse en 2008, año de la subasta en Múnich de la enorme colección de Axel Guttmann. Entonces, el museo Römisch-Germanisches-Zentralmuseum (RGZM) de Mainz denunció que los cascos eran de procedencia española y que se habían exportado ilegalmente. La fiscalía de Múnich retuvo las piezas y solicitó al Gobierno español que reclamara su legítima propiedad en tres meses. No hubo respuesta. Las piezas pasaron a manos de sus nuevos dueños.

“De las miles de tumbas que se han excavado en España, tan solo se han recuperado unos seis o siete fragmentos de cascos, pero estas piezas de la panoplia militar ofensiva: 18 cascos, espadas, lanzas y puñales, producidas en España, entre los siglos III y I a. C., harán cambiar el discurso histórico”. Así de contundente se muestra Raimon Graells, investigador del museo alemán. Junto a Alberto Lorrio, catedrático de la Universidad de Alicante, y Fernando Quesada, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, denunciaron ayer, según ha sabido EL PAÍS, el expolio y venta ilegal en Alemania de estas piezas procedentes de un yacimiento de Aranda de Moncayo.

Para el catedrático Martín Almagro Gorbea, de la Real Academia de la Historia, “no hay duda de que es el conjunto de armamento más importante jamás localizado del Mediterráneo occidental”. Todos se quejan de que la Administración no haya actuado con contundencia para recuperar los cascos y evitar su venta. Y han elevado a Cultura y al Defensor del Pueblo sus quejas. Cultura asegura que “se han dado los pasos administrativos y legales”, y que, tras pedir un informe en 2009 a Patrimonio de la Policía Nacional, un juzgado de instrucción de Madrid determinó “cerrar el caso en 2011 al no haber pruebas suficientes”.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, con todo, no comparte esta idea. En octubre pasado abrió diligencias. Para el fiscal jefe Antonio Vercher, “el proceso está abierto y se tomarán las medidas pertinentes para saber si ha habido tolerancia, dejadez y falta de determinación de la administración”. Según Vercher, la Guardia Civil y la Interpol trabajan para esclarecer el tema.

La falta de actuación de las autoridades españolas hizo que las subastas de las piezas se sucedieran en 2009 y 2010. Se han vendido al menos ocho cascos, por un precio de hasta 77.000 euros. “Estamos convencidos que hay margen para recuperar las piezas, al menos las vendidas en estos años que sabemos que han ido a parar a colecciones particulares de Francia y España. El resto se devolvieron a la familia de Guttmann”, según Graells.

“Es una pena que el Ministerio no haya mostrado interés siendo tan importantes o más que las monedas de Odyssey”, se lamenta Lorrio. “Mientras que las piezas acuñadas son recurrentes, los cascos son diferentes y proporcionan información muy valiosa de quién los produjo que no conocíamos, sus influencias y sus conocimientos técnicos”.

En cuanto a las posibilidad de hallar más piezas en el yacimiento, Lorrio asegura que se están haciendo prospecciones. “Dudo que haya nada, con lo que hemos perdido la información del contexto y no se podrá determinar por qué se enterraron y si fue una ofrenda ritual”, se lamenta el arqueólogo. Desde el Ministerio aseguran que si se aportan nuevas pruebas sobre la exportación y venta ilícita se volverá a abrir el caso, “porque queremos recuperar el patrimonio”.