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Cultura tendrá que decidir si protege el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca

Una sentencia da la razón a la Junta de Castilla y León para preservar el edificio. CiU defiende la "legítima" devolución de los documentos a Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado al Ministerio de Cultura a abrir el procedimiento administrativo para decidir si el edificio del Centro Documental de la Memoria Histórica, de Salamanca, y los fondos que custodia sobre la Guerra Civil y la dictadura merecen ser declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Una sentencia, dictada el pasado 20 de mayo, que genera cierta confusión dado que, según la Ley del Patrimonio Histórico, los documentos conservados en archivos estatales tienen la categoría de Bien de Interés Cultural. La primera valoración del Ministerio de Cultura fue escueta. "No cambia nada", dijo el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco, tras inaugurar la Feria del Libro en Madrid.

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Cultura se plantea en principio recurrir la sentencia, aunque la decisión final dependerá del dictamen del abogado del Estado que valore el fallo. Por su parte, la portavoz de CiU en el Congreso, Montserrat Surroca, recalcó que la sentencia no es firme y que el proceso de devolución de los documentos a Cataluña fue "totalmente legítimo" y "no puede ponerse en entredicho", informa Europa Press.

En su resolución, la Sala de lo Contencioso Administrativo da la razón a la Junta de Castilla y León, que había reclamado al Ministerio de Cultura la incoación del expediente para declarar BIC el Colegio de San Ambrosio, sede del Centro de la Memoria Histórica desde 2008 y antes Archivo de la Guerra Civil. La denuncia es una de las muchas planteadas durante la batalla entre instituciones a cuenta de los papeles de la Generalitat catalana que fueron devueltos a Cataluña y que habían permanecido en el Archivo de la Guerra Civil . Hasta ahora las sentencias dictadas han sido favorables a la posición del Ministerio de Cultura, según fuentes de este departamento.

Los magistrados del TSJ consideran que la Junta de Castilla y León tiene un interés "legítimo y directo" para solicitar que el edificio y los fondos que contiene sean protegido como BIC en la categoría de Monumento o Sitio Histórico.

Impedir la salida de fondos

La comunidad autónoma quiere lograr "un tratamiento unitario al conjunto continente-contenido" del archivo. Su pretensión es impedir la salida de fondos documentales a otras instituciones y que se repita lo ocurrido con los papeles de la Generalitat catalana. Cultura decidió devolverlos a Cataluña , tras digitalizarlos y conservar una copia, al considerar que la Generalitat, una institución vigente en 1936, era su legítima propietaria. También se han enviado en los últimos años documentos confiscados a particulares y organizaciones catalanas. La Consejería de Cultura de Castilla y León señaló que estará "especialmente atenta" a nuevas salidas de documentos tras esta resolución que, en su opinión, evidencia que su postura ha sido "razonable", informa Europa Press.

Los primeros fondos documentales del archivo de Salamanca fueron aportados gracias a las incautaciones de las tropas de Franco en edificios públicos y privados durante la Guerra Civil. A partir de 1948, comenzó su labor archivística al albergar el archivo de la Delegación Especial para la Recuperación de Documentos. Y desde 1979 se convirtió en una sección del Archivo Histórico Nacional del que se independizó 20 años después. Su última transformación se dio en 2008 con la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica, que absorbe el Archivo de la Guerra Civil.

El edificio fue construido en el siglo XVII por el cabildo de la catedral de Salamanca para los niños huérfanos y reformado por el maestro mayor de la catedral de Salamanca, Joaquín de Churriguera, en 1719.

Durante la noche, un equipo de la policía local esperaba la llegada de los funcionarios que debían llevar a cabo el traslado de los papeles. Su objetivo era que las furgonetas que debían transportar los legajos cumplieran la prohibición del Ayuntamiento salmantino y no entraran en la zona peatonal en la que se halla el archivo.
Durante la noche, un equipo de la policía local esperaba la llegada de los funcionarios que debían llevar a cabo el traslado de los papeles. Su objetivo era que las furgonetas que debían transportar los legajos cumplieran la prohibición del Ayuntamiento salmantino y no entraran en la zona peatonal en la que se halla el archivo.EFE

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