Preocupados por el amianto, trabajadores de Metro se pagan un TAC porque la empresa no lo hace

Los trabajadores de Metro de Madrid se han cansado de esperar. Tras el goteo de afectados que han desarrollado asbestosis, los sindicatos exigieron la realización de pruebas médicas para conocer el número de empleados afectados por esta dolencia. Actualmente, cuatro operarios tienen reconocida la asbestosis; dos de ellos han fallecido.

En junio de 2018, la empresa pública se comprometió a realizar una tomografía axial computarizada (TAC) a todos sus trabajadores. Metro tomó esa decisión después de que una investigación de la Asamblea de Madrid revelase que Metro conocía al menos desde 1991 que había amianto en sus instalaciones, pero que no informó a sus trabajadores ni hicieron nada para protegerlos.

Los TAC tampoco los han realizado. O al menos no todos. “Llegamos a un acuerdo con la comisión de desamiantado, pero parece que era un anuncio para quedar bien en los medios. Ni siquiera se llegó a licitar”, explica Francisco Javier del Llano, presidente del comité de empresa de Metro y miembro del Sindicato de Maquinistas (SCMM).

“Se ha enviado a algunos compañeros al neumólogo”, dice Juan Carlos de la Cruz, de CC OO, “pero es este el que decide si se hace el TAC o no”. “Si lo prescribe el médico, Metro proporciona al trabajador la posibilidad de realizarlo [el TAC]”, inciden desde la empresa pública. Solo si lo prescribe el médico.

Desde el suburbano explican que esos chequeos forman parte de un plan consensuado con los sindicatos. Concretamente con cinco de los siete que hay en la empresa; no firmaron ni el de Maquinistas ni CC OO, que juntos representan casi a la mitad de la plantilla (45%). Por ahora, Metro, que no especifica los TAC que ha realizado, ha efectuado 1.100 reconocimientos médicos. Por ahora, en esos chequeos no ha detectado ningún enfermo por el amianto.

Del Llano apunta que Metro solo ha realizado pruebas a los trabajadores que considera “de riesgo”. Es decir, aquellos relacionados con el mantenimiento o la señalización, pero no a los conductores. “Un maquinista tiene reconocida la asbestosis”, añade el sindicalista, “es evidente que hay riesgo”.

Por todo esto, los afiliados votaron el pasado mes de junio pagar con sus cuotas la realización del TAC a todos aquellos maquinistas sindicados que llevaran más de 15 años trabajando. El sindicato abona 150 euros por cada diagnóstico, que realiza desde el pasado agosto en la Clínica Ruber. Por ahora, unos 150 maquinistas se han hecho las pruebas. Los resultados se comunican directamente a los afectados, aunque si alguno de ellos detecta que ha contraído la enfermedad puede acudir al sindicato, que se encarga de apoyar su caso. “Si tenemos más casos, los mandaremos tanto a la Consejería de Sanidad como a Metro”, dice Del Llano.

“Metro va muy lento con las pruebas”, apunta Teo Piñuelas. “Se han pedido [los TAC], pero se han hecho muy pocos. El señor Borja Carabante [ex consejero delegado de Metro y actual concejal de Movilidad y Medio Ambiente de Madrid] se fue y dejó Metro manga por hombro: con el amianto, la escasez de plantilla y otros problemas”, agrega el sindicalista. Para CC OO, Metro “buscaba la foto” con el anuncio de los chequeos médicos: “También hablaron de un fondo de compensación a los afectados por la enfermedad laboral, pero todo ha quedado en agua de borrajas”, incide el portavoz del sindicato.

El 'caso amianto' toma impulso judicial

Por otro lado, la Fiscalía presentó el pasado junio una denuncia contra siete responsables de Metro por ocultar a los trabajadores que estaban manipulando piezas con amianto, por no protegerlos y por exponerlos a “gravísimas enfermedades”. La juez que lleva el caso, María Isabel Garaizabal, ha citado como imputados a los siete, que trabajan en el área de Salud y Prevención de Riesgos de la compañía. Lo ha hecho tras la denuncia de la Fiscalía por delitos relacionados con el amianto. En un auto fechado el pasado 11 de septiembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada los llama a declarar los próximos 3 y 12 diciembre en la causa abierta.

Esta decisión supone un paso más en la investigación y se enmarca dentro de una batería de iniciativas de la magistrada. Así, la juez ha pedido a Metro una relación de todos los trabajadores que hayan ejercido las mismas funciones que los dos fallecidos: los nombres de los empleados —incluidos los que ya se han jubilado— que hayan podido estar expuestos al amianto; y una lista de operarios recientemente muertos por afecciones pulmonares.

Pero no queda ahí el impulso a la causa. Garaizabal, que acepta la personación de CC OO, le pide al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo que elabore un informe sobre la incidencia del amianto en la salud de los empleados de Metro y sobre si la empresa ha adoptado las medidas de seguridad necesarias. A su vez, solicita al médico forense adscrito a los juzgados que analice las lesiones de los trabajadores enfermos y de los fallecidos, y que valore si la empresa vigila actualmente de forma “adecuada” la salud de sus asalariados.

Desde CC OO celebraron la decisión de la juez: “Seguiremos peleando y exigiendo que Metro reconozca el ocultamiento y las negligencias a las que ha sometido a muchos de sus trabajadores durante tantos años de su vida”.