Metro ocultó durante más de dos décadas la presencia de amianto en su red

Desde 1991, Metro conocía la existencia de amianto en su red y de los riesgos para la salud de los trabajadores que acarrea. Esta es una de las conclusiones del dictamen provisional de la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre este tema, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y que la cámara vota este viernes. Metro mantenía que descubrió en 2003 la presencia del material. Pero la información recabada por la comisión evidencia que fue hace 28 años y que la compañía se lo ocultó a sus trabajadores con grave riesgo para ellos. Los sindicatos ya denunciaron que no les informaron hasta 2017; un año después de que diagnosticaran asbestosis a un trabajador. Ya hay cuatro operarios con la afección reconocida; dos han muerto.

En abril del año pasado, la Asamblea de Madrid creó una comisión de investigación para esclarecer los problemas relacionados con la gestión del amianto por parte de Metro de Madrid. Este material, apreciado por sus propiedades y muy utilizado en el pasado, es tóxico: manipularlo sin la protección adecuada provoca enfermedades como asbestosis, mesotelioma o cáncer de pulmón. Todas ellas con una alta mortalidad. En base al dictamen de la comisión de investigación, durante décadas, Metro —empresa pública gestionada por la Comunidad de Madrid, región que desde 1995 está gobernada por el Partido Popular— conocía la presencia de este peligroso material en sus instalaciones. Y no solo se lo ocultó a sus trabajadores sino que tampoco les protegió de la exposición al mismo.

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“Las informaciones sobre la presencia de amianto en Metro son de extrema gravedad y han causado alarma social”, señala el informe, cuyas conclusiones se votan, una a una, el próximo viernes en la cámara. Si estas se aprueban —parece que saldrán adelante con el apoyo de todos los grupos menos el PP—, pasarán a ser la posición de la Asamblea y podrían trasladarse a la Fiscalía para que inicie una investigación.

La primera conclusión, y la más grave, es que Metro conocía la existencia de amianto y los riesgos que este implicaba desde, al menos, 1991. “La primera mención documentada sobre la peligrosidad del amianto en relación a Metro aparece en una denuncia llevaba a cabo por la parte social [el sindicato Comisiones Obreras] en 1991”, señala el documento. En octubre de 1991, y tras realizar el análisis de unas planchas presentes en unos almacenes, CCOO denunció que Metro utilizaba, en alguno de los procesos productivos, amianto. “El descubrimiento ha sido puramente circunstancial”, denunciaba entonces el sindicato, “y en ningún momento la empresa nos ha informado de la existencia del material”. Este escrito constataba, además, que el amianto acarreaba riesgos para la salud de los operarios, como ya recogía el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto, aprobado en 1984. Esta norma también obligaba a que las empresas que trabajasen con el material se inscribiesen en la Dirección Provincial de Trabajo, cosa que Metro no hizo.

Un material cancerígeno

La denuncia del sindicato llegó un año después a la Asamblea de Madrid. Fue, curiosamente, gracias a la pregunta que una diputada del PP realizó al Gobierno regional, con Joaquín Legina (PSOE) al frente. El 6 de abril de 1992, María Teresa de Lara Carbó preguntó “sobre las medidas a adoptar por la Agencia de Medio Ambiente con respecto al problema que plantea la manipulación de fibra de amianto en las obras de algunas estaciones”. La diputada remarcó que “la manipulación del amianto produce polvo, que va a los pulmones y tiene efectos cancerígenos”. El director de dicha agencia, Francisco Cadarso, reconoció en su respuesta que los trabajadores estuvieron expuestos, pero que la concentración de polvo estaba “por debajo de los límites legales”.

La evidencia de la presencia del tóxico material en Metro quedó doblemente ratificada en la comisión tras la comparecencia de Ildefonso de Matías, director de Proyectos y Obras de Metro de 1993 a 2003 y gerente de la compañía desde entonces hasta 2011. De Matías, que entró en el suburbano en 1989, reconoció que desde ese año la compañía “conocía la existencia de amianto en las instalaciones”. En 2003, un informe de la gerencia de Prevención Laboral de Metro de Madrid afirmaba que “no se dio importancia a la situación ni se valoró el peligro a pesar de que toda la organización de la empresa, las gerencias y la dirección estaban informadas de la presencia de este material cancerígeno”.

Aunque Metro reconoció en 2003 —más de una década después de la primera identificación conocida del material en su red— que los componentes de algunos de sus trenes (pinturas, diversas piezas, bastidores...) contenían amianto, siguió manteniéndolo en secreto a sus trabajadores, que no fueron informados hasta 2017. “Una neglicencia”, según denunció CCOO.

A finales de ese año, la Seguridad Social le reconoció a un operario la asbestosis (que siempre es una enfermedad laboral). "No hay riesgo en ningún caso para las viajeros”, dijeron desde la compañía, cuyo gerente es, desde 2015, Borja Carabante. Actualmente, ya hay cuatro enfermos relacionados con el material —dos de ellos han muerto— y un quinto pendiente de ratificar. “Estamos muy preocupados. Hay cerca de una docena de compañeros enfermos y cada vez estamos cayendo más. Van a seguir saliendo afectados”, afirmaba Alejandro González, que lleva 38 años en Metro trabajando expuesto al material. Hablaba en una concentración de protesta tras la muerte de uno de sus compañeros con la dolencia laboral reconocida.

Estrategia de ocultación

El informe de la comisión afirma que “se ocultó el riesgo a los trabajadores, dejándolos desprotegidos”. “Ante cualquier sospecha de amianto hay que llevar a cabo una medición de la calidad del aire”, expuso en la Asamblea el neumólogo Anselmo López. No se sabe si Metro realizó esas mediciones; si lo hizo, no puso medios para evitar la afección a trabajadores como Santos González, que padece asbestosis. Él también compareció en la comisión. González trabajó en el mantenimiento de las escaleras del suburbano, entre 1976 y 2007. En su intervención reconoció que sabía que trabajaba con amianto, “pero la empresa nunca me facilitó materiales de protección como mascarillas o trajes especiales”.

Para CCOO, desde que arrancó la crisis del amianto Metro solo ha intentado eludir responsabilidades y dejar pasar el tiempo. “Justamente lo que no tienen mis clientes: tiempo”, apunta Marta Barrera, abogada de Colectivo Ronda, despacho especializado en casos de amianto. “Las empresas que se enfrentan a este problema siempre intentan alargar el proceso usando estrategias similares”, explica. La primera pasa por negar la existencia del material en sus instalaciones. Después, alegar desconocimiento científico de los problemas que acarreaba el material y más tarde aferrarse al cumplimiento de las normas —mucho más laxas— que regían cuando ocurrió la exposición. El base al dictamen, Metro ha seguido estos pasos: “Han intentado esconder todo haciendo una muy mala gestión de la crisis” y “solo han empezado a actuar cuando ha estado muy presionados por la opinión pública”.

Además de la exponer a sus trabajadores, la comisión ha constatado que cuando, en 2011, Metro vendió 36 trenes al suburbano de Buenos Aires —“todos con amianto”—, lo hizo a sabiendas. Algo que está prohibido pues esa venta vulneró una orden del Ministerio de la Presidencia de 2001 que establece “la prohibición de utilizar, producir y comercializar fibras de amianto y productos que las contengan”.