Ayuso, sobre el respaldo de la Fiscalía a investigar a su novio por nuevos delitos: “Le intentan destruir”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido este miércoles “que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano”, en referencia a su pareja, Alberto González Amador, investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad en documento mercantil. La líder conservadora ha reaccionado así a que la Fiscalía de Madrid apoye la apertura de una nueva línea de investigación centrada en esclarecer la presunta comisión de un delito de corrupción en los negocios por parte del empresario. El ministerio público se ha opuesto al intento de la pareja de la política de cerrar las nuevas pesquisas impulsadas por la jueza instructora para dilucidar si usó supuestamente una sociedad pantalla para facturar al Grupo Quirón.

“Debe ser la única inspección fiscal que hay en España, porque veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que, solo, se está defendiendo de todo ello, con sus medios”, ha dicho Díaz Ayuso durante una rueda de prensa en la Real Casa de Correos en la que ha aceptado tres preguntas. “Quiero ver la factura de Begoña Gómez y del entorno del presidente y saber qué instituciones están al servicio de los mismos para protegerlos”, ha seguido sobre los casos judiciales que afectan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez. “Nosotros en este caso no lo defiendo, a ningún particular, si al Estado de derecho, que está siendo atropellado diariamente por todos los ministros”.

La presidenta de Madrid se ha referido así a que Félix Bolaños, titular de Justicia en el Gobierno de Sánchez, haya defendido este miércoles a Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, que está siendo investigado por supuestamente filtrar un email de la causa de González Amador.

“El Supremo acreditará que persiguió el delito. La verdad se abrirá paso”, ha sostenido Bolaños.

Todo gira alrededor de la polémica sobre los correos del caso del novio de Ayuso, que arrancó en marzo. Entonces, el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, filtró a varios medios de comunicación un correo de la causa con la intención de que pareciera que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador.

Al poco, se conoció un segundo correo, cuya filtración está judicializada, que demostraba que había ocurrido justo lo contrario: el abogado del empresario era quien había ofrecido un pacto y reconocido la comisión de dos delitos de fraude fiscal. Que esa comunicación se haya conocido ha llevado al encausamiento por supuesta revelación de secretos del fiscal general García Ortiz. Y eso, a su vez, a que MAR declarara como testigo el 8 de enero ante el Supremo: así lo solicitó la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz.

Una dictadura

“¿En qué están convirtiendo España?”, se ha preguntado Díaz Ayuso este miércoles, para responderse a sí misma inmediatamente. “Una dictadura no entra de un día para el siguiente, va poco a poco, carcomiendo las instituciones, los contrapesos, de manera de que no nos demos cuenta, de que nos vayamos acostumbrando (...)” ha argumentado. “Cuando nos queramos dar cuenta, un buen día, que todos aquellos que han cometido graves delitos, ya sea por el procés en Cataluña, los ERE en Andalucía, o en el País Vasco con temas relacionados con el terrorismo, están en la calle, los jueces van a ser perseguidos; los periodistas que lo hayan denunciado serán puestos fuera de la carrera periodística, y así suma y sigue”, ha añadido. Y ha rematado: “Un buen día no habrá institución a la que recurrir ni medio de comunicación al que pedir amparo para denunciarlo”.

No es la primera vez que Díaz Ayuso opina que España se dirige hacia una dictadura. Pero su choque con Sánchez va a más y más. Primero, por el proyecto gubernamental de recordar con una placa que la sede del Gobierno regional fue escenario de torturas durante el franquismo, contra lo que Madrid recurrirá ante el Constitucional, como adelantó EL PAÍS. Segundo, por la iniciativa del PSOE para limitar la acción popular, que Ayuso critica con la máxima dureza. Y, sobre todo, por los casos que afectan a su pareja y al fiscal general del Estado.

El martes, tras conocer la imputación formal de García Ortiz, la presidenta de Madrid dijo lo siguiente: “Se confirma la operación de Estado que ha urdido el presidente del Gobierno y su entorno contra mí. Queda claro en el auto que ha habido dinámicas delictivas, según dice expresamente, esto es, la utilización de la Fiscalía para dinamitar el Estado de derecho, vulnerar los derechos de un ciudadano [por González Amador] y poner en peligro el Estado de derecho de todos los españoles. El presidente debería dimitir, porque es un peligro para España”.

Quizás por eso, este miércoles, ante la hipótesis de que una moción de censura que una a PP, Vox y Junts sea la única vía de desalojar a Sánchez del poder, Ayuso no ha mostrado una oposición frontal a pactar con los independentistas catalanes.

“Con respecto a las coincidencias que pueda tener en votaciones el PP con Junts, desconozco si para echar al peor gobierno de la democracia en un momento dado coincidirán en las votaciones”, ha descrito. “Lo que hay que preguntarse es si hay negociaciones. Yo lo desconozco. No me corresponde a mí valorarlo”.