La Fiscalía respalda investigar al novio de Ayuso por corrupción en los negocios

La Fiscalía de Madrid apoya la apertura de una línea de investigación centrada en un delito de corrupción en los negocios cometido presuntamente por Alberto González Amador, novio de la popular Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El ministerio público se opone así al intento de la pareja de la política de cerrar las nuevas pesquisas impulsadas por la jueza instructora para dilucidar si usó supuestamente una sociedad pantalla para facturar al Grupo Quirón —una pieza separada de la causa que cerca a González Amador por la comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental—.

La defensa de González ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que dé carpetazo a estas nuevas pesquisas sobre su relación con Quirón, abiertas por la magistrada Inmaculada Iglesias, responsable del Juzgado de Instrucción 19 de la capital. Sin embargo, la Fiscalía arremete contra las pretensiones del novio de Ayuso, al que acusa de “desdeñar” los “indicios de delito observados por la instructora a partir de las actuaciones de la inspección tributaria”. “Es muy llamativa la falta de explicación alguna respecto a lo que parece ser el pago de una comisión encubierta de medio millón de euros, conducta que es susceptible de constituir un delito de corrupción en los negocios”, expone el ministerio público.

La posición de la Fiscalía choca con los intentos del Gobierno de la Comunidad de presentar al empresario como la víctima de una cacería política para perjudicar a la dirigente del PP. Una férrea defensa que encabeza la propia Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, que la pasada semana lo describió como un “un hombre honorable, brillante y que nunca se ha declarado culpable”. Frente a ello, el ministerio público lo señala ahora por corrupción en los negocios, tras considerar que ya se han acreditado los dos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental atribuidos a González Amador por eludir el pago de más de 350.000 euros a Hacienda por los beneficios que obtuvo por intermediar en la compraventa de mascarillas durante la pandemia de coronavirus (sobre los que el novio ha tratado de alcanzar un acuerdo para evitar su entrada en prisión).

En un escrito fechado este 8 de enero, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Fiscalía considera que no existen indicios del delito de administración desleal que las acusaciones populares (PSOE y Más Madrid) achacan a González Amador. Pero el ministerio público sí aprecia posibles irregularidades por corrupción en los negocios: “La defensa no ha dado explicación alguna de por qué el investigado pagó medio millón de euros a la esposa de Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, por una empresa que carecía de valor, como detalla el informe de la Agencia Tributaria”.

El fiscal Diego Lucas pone igualmente a Quirón en la diana. “Que Quirón Prevención va a confirmar todo lo que diga González Amador es algo que ya apreció la inspección tributaria. Sus razones tendrá para ello la mercantil. Pero, aunque fuera claro desde el principio que el interés patrimonial de Quirón Prevención no se ha visto menoscabado por el cobro por la esposa de su presidente de lo que parece ser una comisión de medio millón, por ser el investigado —que es notorio quién es— quien la paga, el bien jurídico que evidentemente también está afectado es el orden socioeconómico. Esto es, que los precios en el mercado se formen mediante la limpia confluencia de oferta y demanda, y no mediante el pago de sobornos”, incide el escrito.

“Los indicios de este delito [...] parten de lo constatado de forma objetiva por la inspección tributaria en un procedimiento administrativo”, continúa el ministerio público, que describe cómo González Amador pagó 499.836,92 euros en 2020 a Gloria Carrasco, esposa del presidente de Quirón Prevención, por una empresa (Círculo Belleza S. L.) radicada en León que carecía de inmuebles y trabajadores, y cuyo “activo material” estaba compuesto únicamente por un “ordenador portátil sin valor (amortizado en 2013) y tres aparatos de depilación y remodelación corporal, amortizados en 2011, 2013 y 2019. Es decir, carecía de valor”.

Entre sus argumentos para justificar la apertura de esta nueva línea de investigación, la Fiscalía recuerda las pesquisas contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE). El objeto de esa causa impulsada por el juez Juan Carlos Peinado se ha ampliado en varias ocasiones.