El juez propone juzgar a Ángel María Villar por encabezar una trama para beneficiar a su hijo desde la Federación
La Audiencia Nacional atribuye al expresidente de la RFEF cuatro delitos, entre ellos los de corrupción y administración desleal
El magistrado Francisco de Jorge, instructor de la Audiencia Nacional, ha propuesto sentar en el banquillo de los acusados a Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) entre 1988 y 2017, por cuatro tipo de delitos: corrupción en los negocios, administración desleal, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil. El juez sitúa al exmandatario en la cúspide de una trama para beneficiar económicamente, entre otros, a su propio hijo, Gorka Villar. El sumario calcula que se causó un perjuicio a la entidad de 4,5 millones de euros.
La decisión del juez llega cuando apenas faltan tres semanas para que otro presidente de la RFEF, Luis Rubiales, se siente también en el banquillo de la Audiencia Nacional. En este caso, Rubiales se encuentra acusado de agresión sexual por dar un beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso tras la final del Mundial de 2023 y de, posteriormente, desplegar una campaña de coacciones contra la deportista y su entorno para que salieran en público a restar importancia a la acción del dirigente federativo, que se encontraba cada vez más acorralado.
Con la decisión de procesar a Villar, el magistrado De Jorge da otro impulso al bautizado como caso Soule, que estalló en 2017 y que supuso la entrada en prisión provisional del expresidente de la RFEF. En su resolución de esta semana, fechada este lunes, el juez describe la trama que anidó, al menos, entre 2007 y 2017 en el seno de la Federación. Según el relato del magistrado, el mandatario diseñó una estructura junto a su mano derecha y vicepresidente económico, Juan Padrón, para “aprovecharse” de sus cargos y “beneficiar a personas físicas y jurídicas de su entorno”: “Bien, con la consecución de contratos a su favor en condiciones económicas perjudiciales para la RFEF, bien mediante el pago con cargo a fondos de la Federación de retribuciones que o no se corresponderían con ninguna prestación de servicios o no en las condiciones que se retribuían”.
Entre otras operaciones bajo sospecha, el juez apunta a que Ángel María Villar impuso a algunos rivales —como Corea del Sur, Venezuela, Perú, Chile y Colombia— que debían enfrentarse en partidos amistosos con la Selección masculina absoluta de fútbol. Según los investigadores, esta maniobra respondía a que el presidente de la RFEF lo había convenido antes con su hijo Gorka, quien se iba a ver después beneficiado a través de la empresa Sport Advisers S. L., “mediante la obtención de contratos de las Federaciones que resultaban favorecidas” en esos encuentros. El magistrado escribe al respecto: “Villar habría llevado a cabo esta actuación eludiendo el control y la intervención de todos los órganos competentes de la RFEF y atribuyendo a Gorka Villar tanto la elección de los equipos rivales como la negociación de las condiciones de la celebración de los partidos, a pesar de carecer éste de cualquier relación laboral o contractual o poder de representación de la RFEF”.
En este sentido, el instructor señala que Gorka Villar negociaba unos términos a sabiendas que eran negativos para la Federación y que le suponían un perjuicio económico. Como ejemplo de estas estratagemas, el juez detalla los pormenores del partido que enfrentó el 3 de junio de 2010 a España con Corea del Sur. Por este encuentro, la RFEF “únicamente habría percibido 700.000 euros, en lugar de un millón de euros euros previamente convenido, por ceder determinados derechos audiovisuales a la KFA, entre otras cuestiones”. A cambio, Gorka Villar firmó un contrato de asesoramiento legal con la federación coreana que le permitió “obtener 36.000 euros entre enero de 2010 y enero de 2011”.
El juez remacha que, igualmente, Villar beneficiaba a otras personas de “su confianza” con el abono de cientos de miles de euros por servicios no prestados o mediante la simulación de la jubilación de su propia secretaría con el fin de evitar que perdiera unos derechos económicos establecidos en una normativa interna de la entidad. Además de a Villar, el magistrado propone juzgar por todo ello a su exvicepresidente Juan Padrón, a su hijo Gorka Villar y a otras cinco personas.
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