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La asociación progresista de fiscales atribuye al Supremo una “caza de brujas” por la causa contra García Ortiz

La UPF denuncia un “ataque directo” y “sin precedentes” contra el ministerio público por las decisiones del juez tras la denuncia del novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 6 de diciembre en un acto institucional por el Día de la Constitución.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado 6 de diciembre en un acto institucional por el Día de la Constitución.Claudio Álvarez
J. J. Gálvez

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido este lunes un duro comunicado para denunciar el “ataque directo” contra la “institución del Ministerio Fiscal” que ha perpetrado, según su opinión, el juez Ángel Hurtado al citar a declarar como imputado el próximo 29 de enero al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a dos de sus subordinados el 30 de enero y el 5 de febrero. La asociación —a la que pertenece García Ortiz y de la cual fue presidente— insiste en que la causa del magistrado instructor del Tribunal Supremo contra el máximo representante del ministerio público constituye una “auténtica caza de brujas”, que se sostiene sobre una sumario carente de indicios y que ignora los “sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento”.

“La UPF manifiesta su absoluta disconformidad y perplejidad por esta imputación, que supone criminalizar el funcionamiento normal de la institución del Ministerio Fiscal”, remacha la nota del colectivo, que en diciembre ya calificó como “claramente inquisitivo” el trabajo del juez. A primera hora de la mañana de este lunes, Hurtado ha fijado la fecha para interrogar formalmente como imputado a García Ortiz, encausado por la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, novio de la popular Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, el magistrado ha señalado que tomará declaración como investigados a Pilar Rodríguez (30 de enero), fiscal jefe provincial de Madrid, que ya estaba imputada; y a Diego Villafañe (5 de febrero), teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, a quien pone por primera vez en la diana.

“La investigación del teniente fiscal de la secretaria técnica y la citación a declarar formalmente en condición de investigados del fiscal General y la fiscal jefa provincial de Madrid, lejos de argumentar indicios incriminatorios algunos, está describiendo el funcionamiento normal y ordinario de toda la institución”, prosigue el comunicado de la UPF, en referencia a la exposición que Hurtado hace en su resolución de este lunes. En su escrito, el magistrado describe el intercambio de mensajes que se produjo entre los miembros de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de marzo, después de que El Mundo publicara una información tergiversada que afirmaba que el ministerio público había ofrecido un pacto a González Amador para que reconociera dos delitos fiscales para evitarle la entrada en prisión —pese a que había sido realmente al revés, ya que el pacto había partido del abogado del novio de Ayuso—.

La Fiscalía General del Estado defiende que esas comunicaciones demuestran que se pusieron a trabajar para desmontar el bulo mediante una nota de prensa que se publicó el 14 de marzo. Sin embargo, antes de la divulgación de esa nota, se filtró a la prensa un correo del letrado de González Amador (fechado el 2 de febrero de 2024) que desmontaba la mentira —que, precisamente, estaba difundiendo el PP de Madrid y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez—. La cúpula del ministerio público niega que ellos filtraran ese email, pero el magistrado Hurtado considera que existen indicios suficientes de que salió de ahí.

“La actuación de todos los fiscales que intervinieron en el asunto fue exclusivamente técnico-jurídica y estuvo destinada a informar a la opinión pública en relación a la fabricación de un bulo que, además de faltar a la verdad, atacaba a la independencia y profesionalidad de determinados fiscales y por ende de la Fiscalía como institución”, subraya el comunicado de la UPF de este lunes: “Todo ello nos lleva a considerar que estamos ante un ataque sin precedentes a la institución del Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho [...] Se está atacando al funcionamiento propio de la carrera. La sociedad española debe saber que la autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la justicia democrática, está en verdadero peligro”.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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