Imputados los siete responsables de Metro implicados en el ‘caso amianto’

La magistrada los llama a declarar por supuestamente ocultar a los trabajadores el riesgo que corrían al manipular piezas con este material

Trabajos para quitar el amianto de un vagón del suburbano, en una imagen de archivo. METRO DE MADRID
Trabajos para quitar el amianto de un vagón del suburbano, en una imagen de archivo. METRO DE MADRID

Nuevo avance en el caso amianto. La juez de Instrucción número 23 de Madrid, María Isabel Garaizabal, ha citado como imputados a los siete responsables del área de Salud y Prevención de Riesgos de Metro tras la denuncia de la Fiscalía por delitos contra los derechos de los trabajadores, homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. En un auto fechado el pasado 11 de septiembre, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada los llama a declarar los próximos 3 y 12 diciembre en la causa abierta por ocultar a los trabajadores el riesgo que corrían al manipular piezas con este material, según el Ministerio Público. De hecho, cuatro operarios tienen reconocida la asbestosis (enfermedad laboral asociada a la exposición al amianto); dos de ellos han fallecido.

Esta decisión supone un paso más en la investigación y se enmarca dentro de toda una batería de iniciativas de la magistrada. Además de imputar a los siete responsables de la empresa pública denunciados, también ha citado a varios testigos, entre los que se encuentran compañeros de los fallecidos. Paralelamente, la juez exige a Metro que le envíe una relación de todos los trabajadores que hayan ejercido las mismas funciones que los dos fallecidos: los nombres de los empleados (incluidos los que ya se han jubilado) que hayan podido estar expuestos al riesgo de inhalación de amianto; y una lista de operarios recientemente muertos por afecciones pulmonares.

Pero no queda ahí el impulso a la causa. Garaizabal, que acepta la personación de CC OO, le pide al Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo que elabore un informe sobre la incidencia del amianto en la salud de los empleados de Metro y sobre si la empresa ha adoptado las medidas de seguridad necesarias. A su vez, solicita al médico forense adscrito a los juzgados que analice las lesiones de los trabajadores enfermos y de los fallecidos, y que valore si la empresa vigila actualmente de forma "adecuada" la salud de sus asalariados.

La Fiscalía presentó el pasado junio una denuncia contra los siete responsables de Metro por ocultar a los trabajadores que estaban manipulando piezas con amianto, por no entregarles los equipos de protección para "manipularlas con seguridad" y por exponerlos, por tanto, a "gravísimas enfermedades". "Crearon una situación de riesgo careciendo de toda política preventiva", recalcaba el Ministerio Público. El amianto contiene fibras que, al ser manipulado o al degradarse, se liberan al ambiente por lo que pueden introdocirse en los pulmones. Cuando estas fibras se respiran durante largo tiempo o si se está expuesto a altos niveles de ellas durante cortos periodos, pueden producir cáncer. La dolencia puede aparecer incluso décadas después de la exposición. En España está prohibido trabajar con este material desde 2002.

Esta denuncia se produjo después de que la Asamblea regional formase una comisión de investigación sobre el tema la pasada legislatura y que concluyó que Metro sabía, al menos, desde 1991 la existencia de amianto en su red. También que conocía los riesgos que el tóxico material acarrea para la salud de los trabajadores, pero que se lo ocultó a los empleados durante más de dos décadas. Un dictamen que apoyó PSOE, Podemos y Ciudadanos y que despreció el PP. De hecho, el entonces líder de los populares y presidente autonómico, Ángel Garrido —ahora en Cs y nuevo consejero de Transportes—, dijo que las afirmaciones de estas comisiones, respaldadas por su actual formación, "habitualmente están previamente escritas". "Creo honestamente que desde el Gobierno de la Comunidad y desde la Consejería de Transportes se ha trabajado en la buena dirección", se defendía entonces Garrido. La pasada semana, tras desvelarse la activación de la causa judicial, prometió "máxima colaboración".

Por su parte, CC OO celebra los avances y avisa: "Seguiremos peleando y exigiendo que Metro reconozca el ocultamiento y las negligencias a las que ha sometido a muchos de sus trabajadores durante tantos años de su vida laboral".

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Sobre la firma

J. J. Gálvez

Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

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