La parálisis política en Cataluña perpetúa la precariedad de sanitarios y docentes

Hay vida más allá del procés. La gente sigue enfermando —y sanando—, los niños van a la escuela y las tiendas siguen abiertas. La inercia del día a día no ha cesado, pero la parálisis política de los últimos tiempos sí ha pasado factura al sector público. En sanidad y educación, los trabajadores coinciden en apuntar el retraso de proyectos pendientes y la lentitud en la recuperación de condiciones laborales, que perpetúan la precariedad heredada de la crisis. Las sucesivas prórrogas presupuestarias han puesto en jaque también algunas medidas prometidas por el Govern, como la construcción de nuevas escuelas y centros de salud.

Cataluña ha concatenado varios escenarios políticos que han dificultado la gestión normal de las administraciones. Desde que Carles Puigdemont asumió la presidencia de la Generalitat, el procés capitalizó buena parte de los esfuerzos del Govern. Si bien se empezaron a desplegar nuevas medidas en sanidad —como el plan de choque de las listas de espera— y educación —el decreto de la escuela inclusiva—, los sucesos derivados de la consulta del 1 de octubre y la posterior intervención de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, volvieron a poner en punto muerto todas las políticas públicas. Las nuevas elecciones, los intentos fallidos de investidura y la inestabilidad del actual gobierno poco o nada mejoraron las cosas.

“Todo está empantanado. Todo lo que ha ocurrido ha afectado gravemente a las políticas educativas”, zanja Manel Pulido, responsable de la Federación de Educación de CC OO. En este campo se han quedado parados numerosos proyectos. “El Pacto Nacional de las Universidades está parado. La negociación de las condiciones laborales de los profesores universitarios, también. El decreto de la Escuela Inclusiva se ha presentado pero no hay recursos para desplegarlo al 100%. El pacto para combatir la segregación escolar se empezó en enero de 2017 y todavía no ha salido. Solo las oposiciones han salido adelante”, enumera Pulido. El propio Departamento de Enseñanza admite algunas de estas cuestiones, aunque las vincula, sobre todo, a los efectos del 155 y a la falta de nuevos presupuestos —el Govern está elaborando los de 2019, que tendrán que ser aprobados por mayoría parlamentaria—. “El pacto contra la segregación escolar se congeló. Se comenzaron a reunir con el anterior Govern pero luego se paró. Si hay falta de liderazgo político, estas cosas pueden estar desprotegidas”, apunta un portavoz.

El Departamento achaca al 155 los retrasos en muchas obras y la renovación de los conciertos educativos a las escuelas que segregan por sexo. Pero la falta de presupuestos otro año más —este curso están prorrogados—, avisa un portavoz, complicaría más el escenario actual: “Sin presupuestos no se podrá mejorar la situación laboral del profesorado ni la ratio de veladores. Tampoco se podrán construir nuevos centros”.

En sanidad la situación no está mucho mejor. El exconsejero Toni Comín —huido a Bélgica desde el pasado otoño— diseñó muchos planes que, sobre el papel, daban una vuelta de tuerca a todo el sistema sanitario. Sin embargo, dos años y medio después de entrar al Govern, las condiciones laborales de los profesionales no han mejorado, la implantación de estos planes es desigual y el hartazgo de los sanitarios ha tocado techo. “El Plan Nacional de Urgencias tuvo una reunión de evaluación y no se han vuelto a reunir. Antes del 155 ya estaba todo parado, como la construcción de centros de atención primaria. Sin presupuestos, no hay nada”, apunta un portavoz de Metges de Catalunya.

Si bien Comín sacó adelante el plan de choque de las listas de espera —con un año de retraso según lo previsto porque no lograron aprobar nuevos presupuestos en 2016— y redujo las demoras, el dinero adicional se ha acabado y las colas vuelven a subir. El exconsejero sí desplegó, no obstante, una norma que se mantiene, que es la ley de sanidad universal, una medida que el Gobierno de Pedro Sánchez también ha asumido a nivel estatal.

Nada más se ha sabido de la oferta de Comín para comprar el Hospital General de Catalunya. Tampoco se han dado nuevos pasos en la expulsión de la red pública de entidades con afán de lucro —Comín no renovó el convenio con una de ellas—. La Agencia Catalana del Medicamento, la estructura de Estado que faltaba para convertir el Departamento en un ministerio, según Comín, también se ha difuminado en el tiempo.

La nueva consejera de Salud, Alba Vergès, se ha limitado a seguir desplegando la herencia de su antecesor. Pero los profesionales no ven las mejoras que auguraban esos planes iniciados por Comín. El que iba a dar la vuelta a la atención primaria (Enapisc) está en marcha, pero se ha ganado las críticas incluso de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria. “Desde hace 18 meses, los profesionales no perciben ningún cambio tangible derivado del Enapisc, viven con resignación su día a día, y miran con desconfianza un plan que el profesional comienza a olvidar, por incompleto y por inacción, haciendo más grande la distancia entre la asignación real de recursos y el discurso político”, apunta su junta de gobierno en un comunicado donde reclama 300 médicos más en el territorio, un 50% más de plazas de médicos residentes (MIR), más tiempo de atención a los pacientes y cobertura de las sustituciones, entre otras medidas.