La escuela pública y la privada se alían para denunciar el concierto de colegios de élite

En el barrio de Pedralbes, uno de los más adinerados de Barcelona, los alumnos del St. Paul's School, un colegio trilingüe, reciben clase en unas instalaciones de lujo: 10.000 metros cuadrados de terreno, de ellos 2.000 de zona ajardinada, tres pistas polideportivas y dos gimnasios cubiertos. Se trata de un centro concertado, sostenido con fondos públicos, y sin embargo las familias (algunas famosas) pagan 850 euros al mes como “precio de escolarización”, según denuncia hoy jueves en un informe la Confederación Estatal de Padres de la Enseñanza Pública (CEAPA). Cada curso, la escuela, que tiene que impartir enseñanza gratuita, recibe 1,6 millones de euros de la Generalitat de Catalunya para el mantenimiento de las instalaciones y los salarios de los profesores y del personal no docente.

“Estamos dentro de la normativa de conciertos. La escolarización básica está cubierta por el concierto. Las cuotas son voluntarias”, argumenta Patricia Carranza, la directora del centro. La responsable del Sant Paul's explica que la escuela dispone de muchos proyectos y programas de atención a la diversidad y que los padres reclaman servicios adicionales y saben que “estos proyectos los tienen que cubrir”. En un correo electrónico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la jefa de admisiones del colegio explica que“el precio de la escolarización es de 850 euros al mes”, una cuota que incluye “media pensión, excursiones, materiales, libros, actividades complementarias dentro del horario escolar (ajedrez, guitarra, natación…), mutua escolar o seguro de accidentes”, entre otros. E indica que la matrícula son otros 2.800 euros. Al Consorcio de Educación de Barcelona le consta que el St. Paul School cobra a las familias 75 euros por “actividades complementarias” (extraescolares) y 175 euros de comedor.

En el Estudio de precios de colegios concertados, elaborado por una consultora y financiado por el Círculo de Calidad Educativa (CICAE), una asociación que agrupa a 57 colegios privados, se analizan 147 colegios de seis comunidades autónomas que cobran una cuota media de 160 euros al mes. La muestra es pequeña, pero abre un debate muy polémico con pruebas por escrito de los precios. “Nosotros defendemos la cuota cero y tenemos constancia de que algunos centros están pidiendo a las familias 800 euros al mes”, se lamenta Camilo Jené, vocal por Madrid en CEAPA. "Cualquier entidad que recibe fondos públicos se somete a controles exhaustivos y estos colegios no", se sorprende Jené.

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La ley educativa de 2006 (LOE) establece que “en ningún caso podrán los centros públicos o concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas”. También fija la imposibilidad de “imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios” que requieran aportación económica. Sí se pueden cobrar los servicios complementarios (como autobús o comedor) o las actividades extraescolares "con carácter voluntario", añade la norma. Es decir, que no se puede discriminar al niño que no abone la aportación.

Muchos concertados cobran pequeñas cantidades por multitud de conceptos que suman una cantidad razonable: servicio de enfermería, orientación psicológica, seguro escolar, atención a la capellanía, o, incluso, el proyecto pedagógico del centro. En algunos de los colegios, señala el informe, la jornada lectiva (la que es gratuita) no empieza hasta las diez de la mañana, lo que fuerza a las familias a pagar el servicio de madrugadores. Un estudio de la OCU de 2017 calculaba que los hogares gastan de media al año 841 euros en enseñanza si el niño está matriculado en un colegio público, 1.856 en un concertado y 4.086 en un privado. En el curso 2017-2018, en España hubo 8,1 millones de alumnos desde infantil a bachillerato. De ellos, el 67,3% estuvo matriculado en la pública; el 25,9 % en la concertada y el 6,9% en la privada.

“La escuela concertada tradicional tiene una clara función social y hemos convivido con ella durante años sin problemas”, explica Elena Cid, directora general de la asociación de colegios privados CICAE.  En su opinión, constituye un problema la llamada "nueva concertada", que engloba a los colegios construidos en los últimos 15 años, muchas veces sobre suelo público cedido. “Es un modelo mercantilizado que supone una competencia desleal para la privada por la doble financiación por la vía el copago que exigen a las familias. Muchos colegios tienen una alta rentabilidad a costa de las arcas del Estado”, denuncia Cid. La patronal de esta nueva concertada, Confederación de Centros Educativos (CONCEE), ha declinado hacer declaraciones a este periódico.

Por su parte, José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, una red que representa al 60% de la privada concertada (2.008 centros) con 1,2 millones de alumnos en toda España, asegura que el 82% de sus colegios cobran "aportaciones voluntarias" de entre 10 y 50 euros, nunca obligatorias. “Explicamos a las familias que esas cantidades son necesarias porque el módulo del concierto que aporta la Administración no cubre el coste real de los colegios”. Aparte, los padres pagan las cuotas por comedor y actividades extraescolares. Alvira denuncia que en el curso 2015-2016, la pública recibió 4.568 euros por alumno, mientras que en el caso de la concertada la aportación de la Administración fue de 2.917 euros por estudiante. “Hemos pedido al Ministerio de Educación que estudie el coste real del puesto escolar para evitar el déficit crónico que sufrimos. Entendemos que no se puede equiparar de un año para otro, pero hay que establecer un calendario”, apuntó.

Carles Martínez, director general de políticas educativas de la Generalitat de Cataluña, cree que hay un problema: “Somos conscientes de que se están produciendo irregularidades porque el concierto educativo es el instrumento jurídico que tiene que garantizar la gratuidad de la escolarización y es incompatible que haya estas cuotas”. El Departamento de Enseñanza, comandado por ERC, ha explicado a EL PAÍS su intención de revisar todos los conciertos educativos y apostar por una “financiación equitativa”, de forma que el volumen del concierto público dependa del entorno socioeconómico del centro. El consejero de Enseñanza, Josep Bargalló, ya había anunciado su intención de no renovar el acuerdo con las escuelas que segregan por sexo. 

Aunque no ha querido entrar en casos particulares, Martínez asume que hay “bastante opacidad” con los conciertos y hay “centros que no se los merecen”. De hecho, el ahora alto cargo del Departamento de Enseñanza era el portavoz del sindicato Ustec —mayoritario en la escuela pública— cuando la central sindical denunció en 2002 a varios colegios concertados —entre ellos el Sant Paul’s y otros vinculados al Opus Dei— por cobrar elevadas cuotas camufladas en varios conceptos. Entonces, la denuncia fue archivada.

La batalla en otras comunidades

El estudio de los precios de la concertada no es el único frente de denuncia a las cuotas. A María Luisa Hermida, abogada de León, muchas familias la animan a que cree una plataforma de denuncia de cuotas en la concertada. De momento, ella solo les asesora. Esta madre saltó a los medios cuando denunció ante la inspección educativa de Castilla y León los 60 euros mensuales que había estado abonando por su hija en un colegio religioso. Hermida calcula que unas 350 familias de toda España  han contactado con ella. Les aconseja que reclamen el dinero de las cuotas a los colegios por escrito y, si no lo consiguen, acudan a la inspección educativa. "Siempre hay silencio administrativo. Luego queda la vía judicial”.

Otra madre, María, que pide total anonimato, empezó pagando 60 euros de cuota por cada uno de sus hijos en un colegio de curas de la provincia de Barcelona. Cada año, cuenta, el precio sube 10 euros y de pronto se ha plantado en los 300 euros al mes por los dos niños. Un dineral para ella que se define "de clase trabajadora". "Si me dijesen dónde va el dinero que pago sería otra cosa, pero no lo sé", se desespera. Durante unos meses, pagó una cantidad menor, pero en el colegio le advirtieron de que si todas las familias actuaran igual tendrían que cerrar. "He vuelto a pagar los 300, me da miedo que a la pequeña no la dejen ir de colonias". No descarta acudir a los tribunales cuando ambos terminen de estudiar allí.

Desde la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE y Compromís, animan a las familias a denunciar si se sienten agraviadas y estudian “decenas de casos” cada año. "Al final, la inspección educativa no actúa porque los reclamantes se echan para atrás por miedo a las repercusiones en sus hijos. Sin testimonios, no hay penalizaciones", señalan fuentes de la consejería.

Por el contrario, en Aragón, con un Gobierno socialista y de la Chunta respaldado por Podemos, hay familias que sí han querido denunciar y se han tomado medidas. “El pasado curso hubo cuatro comisiones de conciliación con cuatro colegios distintos. Cobraban horas extraescolares que no debían serlo y en todos los casos se acabó con esa práctica”, explica una portavoz de la Consejería de Educación. Una orden aragonesa de 2017, además, obliga a los concertados a hacer una declaración jurada de que no van a cobrar ni un euro más por conceptos no previstos. Y los concertados tienen que hacer público el precio de su comedor y transporte en la web de la consejería que consultan los padres para elegir colegio. “El comedor de la pública cuesta 86 euros y en algunos concertados casi se dobla”, compara esta fuente.

El pasado curso en la Comunidad de Madrid, la región junto a Murcia donde más ha subido la concertada desde 2000, la inspección educativa abrió expediente a 167 colegios en los que se detectaron “irregularidades” en las cuotas: no se informaba de que eran voluntarias, ofertaban actividades de las que no habían informado a Educación, o no detallaban los precios. Pero no ha habido penalizaciones. Hace un mes se dio carpetazo al asunto porque “los centros se ajustan a la normativa vigente”, aseguró el consejero Rafael van Grieken (PP). Finalmente, el PP se unió a todos los grupos y el pasado 18 de octubre votó a favor de establecer mecanismos para hacer más transparente y accesible la información sobre la voluntariedad de las cuotas. Lo que Podemos, que impulsó la medida, califica como "el impuesto revolucionario".