El Gobierno blindará la concertada contra empresas sin experiencia en educación

Hosteleros. Cerveceros. Constructores. En los últimos quince años, la mezcla de obras, suelo público, plazas educativas financiadas y clientela garantizada atrajo a la enseñanza concertada a empresarios sin experiencia en el sector. Aunque solo una minoría de los más de 500 centros concertados de la región son o han sido gestionados por compañías vinculadas a empresarios sin especialización, el Ejecutivo tiene la voluntad de “racionalizar” las concesiones y de dotar de “transparencia” y “garantías” al sistema de cara al futuro. Una muestra de que la huella que han dejado algunos empresarios es indeleble.

“En nuestro caso fue un disparate”, cuenta Ángel Guirao, concejal de Vecinos por Torrelodones, donde el PP concedió la gestión de un colegio al polémico Arturo Fernández, especializado en hostelería. “Minaron el concurso de la adquisición del terreno, ofreciendo cuatro veces más el precio de salida. Todos los demás se retiraron. Ganaron y no pagaron. No cumplieron”, asegura. “Se dedicaban a lo que sabían, que es poner comidas. Para poner comidas necesitaban un público que viniera a comer: los niños. Para que hubiera niños hacían falta profesores: se les pagaba. Y para que todo cuadrara lo que no pagaban era el canon”, sigue. “Ahora es un colegio modélico. No hay nada como conocer tu negocio", dice tras el cambio de gestores.

Desde el inicio de la legislatura, en 2015, la Comunidad de Madrid no ha firmado ningún nuevo concierto, según fuentes de la consejería de educación. Sin embargo, sí se han creado cientos de nuevas plazas en colegios ya concertados para atender al crecimiento de la población escolar (hasta un máximo de 15.680).

El Ejecutivo de Ángel Garrido también se ha lanzado a confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de poner en peligro el modelo educativo de la región. Y ha soliviantado a la oposición al anunciar una iniciativa inédita en España: la inversión de ocho millones en 3.000 becas de bachillerato en concertada.

“Escolarizar a este alumnado en centros públicos tiene un coste cercano a los dos millones de euros. ¡Menudo negocio!”, criticó el jueves Juan José Moreno, diputado del PSOE, mientras se frotaba las manos irónicamente durante el pleno de la Asamblea. “Que pretendan defender a las familias que llevan a sus hijos a la educación concertada no deja de ser un chiste”, se quejó Eduardo Rubiño, de Podemos. “Todos conocemos lo que ustedes hicieron con la adjudicación de centros concertados en la trama Púnica”, acusó. “Hasta hace dos días, Granados y Marjaliza estaban adjudicando colegios a cambio de 900.000 euros en mordidas”.

El decreto que prepara el Gobierno constituye todo un anuncio de su política educativa. Si el decreto entra en vigor, regulando a nivel autonómico un sector que hasta ahora se ha regido por órdenes e instrucciones, el PP estará listo para profundizar en su apuesta por la enseñanza concertada, según fuentes del partido.