El Gobierno valenciano eleva su choque con el TSJ por educación e irá al Supremo por los conciertos

El choque entre el Gobierno valenciano y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, en concreto con la Sala Cuarta de lo Contencioso-administrativo, respecto a la política educativa se ha elevado este jueves. Los magistrados, que ya han paralizado la aplicación del decreto de plurilingüismo de la Generalitat, han hecho los mismo con la denegación de los conciertos a dos centros privados en la etapa de Bachillerato. La Generalitat ha anunciado que, como hizo en el primer caso, recurrirá la suspensión cautelar ante el Tribunal Supremo. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, se ha declarado, "estupefacta" por las decisiones de la sala.

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La líder del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, ha pedido a los centros escolares que pidan por escrito las instrucciones que reciban relacionadas con la aplicación del decreto de plurilingüismo.

"Alguien tiene que decirles a los directores qué responsabilidades asumen si no siguen las órdenes y las decisiones de los tribunales", ha afirmado Bonig, que ha trazado un paralelismo con la situación a la que se enfrentan los funcionarios catalanes con motivo de la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre.

La presidenta del PP de la Comunidad Valenciana ha comparecido en compañía del portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, que ha afirmado que su partido hará "frente a cualquier aventura de ingeniería social" que pretenda "imponer un modelo sectario".

Las críticas han sido respondidas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig: "El PP ha cogido la Educación como un elemento permanente de confrontación", ha declarado el dirigente socialista, que ha defendido la política que está aplicando el consejero de Educación, Vicent Marzà, de Compromís.

Puig se ha referido en concreto a la suspensión cautelar de la retirada de los conciertos en Bachillerato —una etapa educativa no obligatoria que no se concierta en casi ninguna autonomía española— a los centros La Purísima de Valencia y Domus de Godella. El presidente de la Generalitat ha afirmado que en la anterior etapa de la Generalitat se concertaron bachilleratos pese a existir plazas disponibles en centros públicos, que a su vez sufrieron una merma de unidades. "Esa es la cuestión: ¿por qué se intentó privatizar al máximo la educación en la comunidad valenciana".

"Nosotros estamos en un proceso de reversión en el sentido de que aquello que no es obligatorio y que tenemos plazas suficiente, que no tenga que ser prestado por otros agentes", ha agregado Puig.

"Tutela de privilegios"

La vicepresidenta Oltra ha manifestado su contrariedad por la nueva suspensión cautelar dictada por el TSJ. "Estoy estupefacta con algunos autos que se dictan, que se acatan, pero ante los que se puede opinar. No hay daño irreparable, en absoluto", ha afirmado. Oltra ha mantenido que se está realizando por parte de los jueces "una tutela de privilegios, no de derechos". Y ha recordado que el Supremo ha corregido en otras ocasiones al Tribunal Superior valenciano en el ámbito de la educación, por ejemplo al enmendar la decisión del órgano judicial autonómico de declarar legales las ayudas al transporte aprobadas por el PP.

Ciudadanos ha pedido la convocatoria de la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas para que Marzà explique la paralización del plurilingüismo, y ha abogado por un pacto autonómico educativo.

Y el centro La Purísima de Valencia ha pedido a Educación que amplíe el plazo de matrícula para su bachillerato "mientras se tramita y resuelve" el fondo del recurso contencioso-administrativo.