Pinto intenta acelerar el cierre del vertedero del sur

El depósito controlado de Pinto es un enorme vertedero al aire libre que recibe al año unas 700.000 toneladas de basuras —buena parte de ellas, residuos urbanos sin tratar— procedentes de 71 municipios de la Comunidad de Madrid que suman 1,9 millones de habitantes. Los responsables de la mancomunidad insisten en que, aunque puedan ser “un vecino incómodo”, están sometidos a controles ambientales permanentes que nunca han señalado contaminación en los alrededores de la planta. Sin embargo, el informe hecho por el Seprona a raíz de un presunto vertido detectado el pasado mes de febrero, apunta al escape de lixiviados. El texto, firmado el 2 de mayo, señala, de hecho, la existencia en “varias zonas” de “correntías de lixiviados” procedentes de las instalaciones.

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Carlos Revenga, de la Mancomunidad del Sur, asegura que se trata en realidad de “aguas sucias” procedentes de las fuertes lluvias caídas en los últimos meses, mezcladas con la basura, y que no hay contaminación alguna por lixiviados, según sus análisis. Los responsables de la Confederación Hidrográfica del Tajo que visitaron el pasado jueves las instalaciones no pudieron tomar muestras porque el terreno, situado en un extremo que está dentro del término municipal de Getafe, ya estaba seco, añade Revenga. El Consistorio de Getafe no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre el suceso.

En todo caso, Ecologistas en Acción insiste en la gravedad de lo ocurrido, que se suma a una enorme proliferación de plásticos en los alrededores, los cuales ya han sido limpiados tras sus denuncias. La ONG pide el cierre del vertedero, que está dentro del Parque Regional del Sureste, un espacio protegido desde 1994.

“Como concejal de Medio Ambiente, me parece sencillamente inadmisible”, añade por su parte el edil de Pinto Raúl Sánchez Arroyo. Fue precisamente un militante de su partido, Ganemos Pinto, quien detectó el vertido en febrero y, después de varias gestiones con la mancomunidad y de ponerlo en conocimiento del Seprona, decidió informar a los grupos ecologistas. Sánchez Arroyo recuerda, asimismo, que el Ayuntamiento de su ciudad ha aprobado varias mociones para pedir el cierre del depósito.

La última, consensuada hace poco más de dos semanas entre Ganemos, PSOE y Ciudadanos, argumenta: “El municipio de Pinto y sus habitantes [50.442] ya han sido suficientemente solidarios durante más de tres décadas al soportar lo que empezó siendo una pequeña escombrera y se ha convertido en un macrovertedero”, dice la última moción del Ayuntamiento contra el vertedero. Entre los perjuicios, destaca “malos olores, proliferación de vertidos ilegales, tráfico incesante de camiones” y recuerda  “la reciente escorrentía de lixiviados que llega hasta caminos y campos de labor”. Por todo ello, la moción rechaza cualquier ampliación del vertedero y pide que la Estrategia de Residuos 2017-2021, cuyo texto se encuentra en fase de alegaciones, establezca “una fecha, lo más cercana posible, para el cierre definitivo del vertedero de Pinto”.

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente dice que eso es competencia exclusiva de la mancomunidad. Pero lo cierto es que este organismo ya cuenta con permiso del Gobierno regional para una próxima ampliación cuando se termine la fase actual, en unos terrenos que ya están listos y expropiados con dinero de la propia Comunidad. Por esto, opina Revenga, no tiene técnicamente ningún sentido adelantar el cierre definitivo, previsto, asegura, cuando se culmine esa última ampliación, dentro de unos cuatro años o cuatro y medio.

El concejal Sánchez Arroyo no está de acuerdo. Entre otras cosas, porque, según sus cálculos, entre el final de la actual fase y el desarrollo y cierre de la siguiente pueden pasar unos siete años, “con lo que se llegaría a cuatro décadas de vertedero”.

El problema es que si no es en Pinto, el depósito tendrá que estar en otra parte, con la consecuente polémica asegurada. Así lo demuestra la pelea de Loeches para no recibir la nueva instalación de la Mancomunidad del Este tras el inminente cierre del vertedero de Alcalá de Henares. Aunque Sánchez Arroyo asegura que “hay alternativas a las grandes instalaciones que se deberían explorar”.