El escándalo fiscal debilita a Mas en vísperas de su visita a Rajoy

Tras 11 meses de jugar al gato y al ratón, Mariano Rajoy y Artur Mas se reunirán este miércoles para abordar el conflicto soberanista. La cita, solicitada al final formalmente por el presidente catalán, llega en un momento muy delicado para Convergència Democràtica después de que su fundador, Jordi Pujol, reconociera el viernes un fraude fiscal millonario durante 34 años. Convergència es consciente de que la revelación ha debilitado enormemente la posición de Mas con vistas a la entrevista en La Moncloa y ayer redobló su presión sobre Jordi Pujol para que, en su calidad de presidente honorario, se distancie del partido que fundó.

La cúpula nacionalista mostró su voluntad de desmarcarse de su patriaca con el fin de no perjudicar el proceso soberanista. En un discurso en la Escuela de Verano de CDC, Josep Rull, secretario de organización, expresó su deseo de refundar el partido y actualizar sus valores y principios fundacionales. “Es triste, pero Cataluña está por encima de toda persona por relevante que haya sido”, dijo reiterando que el 80% de los catalanes quieren votar el 9 de noviembre y que el objetivo de CDC continúa siendo el Estado propio. El nacionalista, que fue nombrado el viernes número dos del partido en sustitución de Oriol Pujol, que ha concluido su carrera política por su implicación en el fraude de las ITV, no aclaró si Jordi Pujol debería abandonar su cargo. Pero Marta Pascal, presidenta de la Junventud Nacionalista, avisó: “Reivindicamos su legado pero exigimos explicaciones y que se replantee el futuro en el partido”.

Josep Rull, número dos del partido, apuesta por el escándalo por la refundación de CDC

A las puertas de la cita en La Moncloa, Convergència acaba de vivir una semana horribilis que empezó con la renuncia de Josep Antoni Duran Lleida como secretario general de la federación nacionalista y que se cerró con el escándalo de evasión fiscal de la familia Pujol. La militancia de CDC, en palabras de Rull, está sumida en la tristeza y la decepción. Tras perder la hegemonía política en las elecciones europeas en favor de Esquerra Republicana, los nacionalistas temen que este nuevo episodio beneficie a su socio con un nuevo trasvase de votos. De hecho, ERC ha pasado de puntillas sobre el asunto y no ha querido dar una imagen de voracidad sobre CDC. Solo el diputado y alcaldable por Barcelona, Alfred Bosch, subrayó que el caso demostraba que la independencia es necesaria para instaurar nuevas formas de hacer política.

Josep Vendrell, diputado ecosocialista, pide que se le retire la pensión vitalicia

La mayoría de partidos de la oposición no se va a conformar con el comunicado confuso que emitió Pujol el viernes, en el que dejó abiertos numerosos interrogantes. No les basta ese acto de contrición al PSC, que hoy abordará en la reunión de su ejecutiva el papel que asumirá en el caso, ni mucho menos al PP. Alicia Sánchez-Camacho reclamó que el Parlament cree una comisión de investigación para que el expresidente catalán dé cuentas de su colosal fraude y engaño. “Él mismo dijo que está dispuesto a dar explicaciones ante la justicia y Hacienda, por lo tanto es exigible que las dé también a todos los catalanes en sede parlamentaria”, señaló la popular. Queda una duda. El reglamento del Parlament establece que solo se puede proponer una comisión de investigación al año y todos los grupos firmaron una hace dos semanas una sobre la quiebra de la aerolínea Spanair. Pero más allá de si ese órgano es o no viable, lo cierto es que son varios los partidos los que han reclamado a Pujol que comparezca en el Parlament y que renuncie a sus privilegios como expresidente.

PP e Iniciativa exigen que Pujol dé explicaciones

La ley 6/2003 de la Generalitat establece que los expresidentes, una vez cumplidos los 65 años, tienen derecho a percibir el 60% del salario con el que se remunera el cargo. No solo eso: el erario público sufraga una oficina con varias a personas a su cargo. Matias Alonso, diputado de Ciutadans, pidió a Pujol que renuncie a esos privilegios. Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) compartió la misma posición y reclamó que se le retire el trato de “muy honorable”. El diputado ecosocialista Josep Vendrell reclamó que se le deje de abonar la pensión vitalicia y la oficina que dispone en el Paseo de Gràcia con personal incluido. “Solo se le tendría que dejar la seguridad personal”, señalaron fuentes de ICV que hoy también tratarán también el asunto.