Boi Ruiz admite el “colapso financiero” de la sanidad catalana

La deuda de la Generalitat con las farmacias y el sector sanitario concertado supera ya los 900 millones de euros. Y la situación va camino de empeorar por la prórroga presupuestaria y por los recortes que el Gobierno tendrá que hacer para cumplir con el nuevo límite de déficit, fijado por ahora en el 0,7% del PIB. Todo esto llevó ayer al consejero de Salud, Boi Ruiz, a admitir que el sistema sanitario catalán ha cruzado ya las líneas rojas y que se halla en situación de “colapso financiero”.

Preguntado por si los nuevos recortes que tendrá que aplicar el Gobierno catalán provocarán el colapso de la sanidad pública en esta comunidad autónoma, Ruiz aseguró en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gobierno que “lo que está colapsado es la situación financiera de la sanidad catalana, no la atención sanitaria”.

La Generalitat entiende que los nuevos recortes que tendrá que aplicar si quiere reducir el déficit desde el actual 1,96% hasta el 0,7% del PIB, serán en servicios básicos, entre ellos la sanidad. Ruiz aseguró que “es absolutamente imposible plantearse una política sanitaria como la que tenemos en estos momentos con un objetivo de déficit del 0,7%”. De aprobarse las cuentas catalanas con este objetivo de déficit, la Generalitat tendría que recortar otros 4.400 millones de euros.

Ruiz admitió en hasta tres ocasiones durante la rueda de prensa que la sanidad catalana está en situación de “colapso financiero” destacando, eso sí, que ello no influye en la atención sanitaria que reciben los catalanes y que continuará siendo así. “Creemos que este colapso financiero no tendrá consecuencias sobre la atención de los ciudadanos”. Ruiz no concretó cuándo se podrán pagar las deudas a las farmacias y a los centros concertados.

Precisamente, la sostenibilidad del sistema sanitario será uno de los asuntos que se abordará en la cumbre económica y social de partidos que se celebrará el sábado. El Gobierno ha enviado finalmente los documentos de trabajo a los participantes. Se trata de informes elaborados por los tres consejos asesores de Artur Mas: el económico, el social y el de políticas sanitarias. Los expertos del Consejo Asesor para la Reactivación Económica (Carec) vuelven a insistir en la necesidad del copago sanitario. Los expertos llaman a “introducir nuevas vías de ingresos que incluyan la coparticipación de los usuarios en la financiación del gasto sanitario y social”. El asunto se debatirá en la reunión del sábado.

Mientras, los 3.100 propietarios de farmacias de Cataluña votaron ayer las medidas que tomarán a partir de ahora para protestar contra los impagos de la Generalitat, y que según el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, Jordi de Dalmases, podría provocar el desabastecimiento de fármacos.

Los boticarios podían escoger entre cinco opciones como cierres patronales, reclamar los intereses devengados por los 302,7 millones de euros que les adeuda el Gobierno catalán y denunciar por la vía judicial el concierto económico, que en los dos últimos años han pasado a cobrar con 120 días de retraso, 85 más de los que marca el contrato con el Departamento de Salud.

Los cuatro colegios farmacéuticos dan a conocer el resultado de la votación este mediodía. El tercer impago de la Generalitat ha estrangulado aún más la delicada economía de las boticas catalanas. Catorce oficinas han cerrado en los últimos siete meses y 267 tienen una situación financiera “comprometida”, la mitad de ellas, revelan desde el colegio barcelonés, presenta algún tipo de concurso de acreedores.

El Gobierno catalán sigue insistiendo en que los impagos a farmacias y servicios concertados obedecen a la “asfixia financiera” a la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy somete a la Generalitat. Por esta razón, Artur Mas quiere que la cumbre de partidos del sábado sea un clamor a favor de ampliar el límite de déficit de la Generalitat para el año que viene.

Sin embargo, los partidos de la oposición piden que se alcancen acuerdos concretos, algo que no será fácil a la vista de algunas de las propuestas que les han enviado los asesores de Artur Mas.

Por ejemplo, el Consejo Asesor de Políticas Sociales, llama a reordenar las ayudas sociales y a “estudiar la viabilidad de disponer de una renta mínima garantizada de ciudadanía que dé cobertura a las necesidades básicas de las personas que se ven excluidas de las actuales prestaciones y ayudas”. Los expertos dicen que “en la medida de la posible debería haber un retorno social en beneficio de la comunidad” por parte de los receptores de estas ayudas. Todos los partidos de la oposición ya adelantaron ayer que no ven utilidad alguna a la reunión del sábado porque el Gobierno no ha presentado aún sus Presupuestos para 2013.