La enfermedad de la juez Mercedes Alaya retrasa el caso de los ERE

El caso de los ERE, que investiga la corrupción en la Consejería de Empleo andaluza durante una década y que afecta a 60 imputados, está empantanado desde el pasado verano. Los 23.000 folios de esta compleja causa están a la espera de que la instructora, Mercedes Alaya, supere una enfermedad y así recupere el impulso. La juez está de baja desde el pasado 12 de septiembre porque padece neuralgia del trigémino, un extraño trastorno que provoca intensos dolores.

Alaya renovó ayer su baja laboral durante otro mes más, por lo que no regresará al trabajo antes del 17 de enero y superará así los cuatro meses alejada del juzgado. El problema es que, además del caso de los ERE, la enfermedad ha dejado estancadas otras investigaciones derivadas del caso Mercasevilla [que originó el primero] y otras como la que examina la gestión del expresidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera.

Las quejas por el prolongado retraso no provienen solo desde los abogados del caso, cuyos clientes imputados se ven señalados pero sin respuestas que aclaren ciertas acusaciones, sino también desde la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público subrayó ayer el retraso de la investigación por delito societario en la empresa pública Mercasevilla: la cúpula directiva fue imputada el 13 de mayo de 2010. Treinta meses después, los tres acusados aún no han sido llamados a declarar.

Anticorrupción exige un calendario de comparecencias para “velar por el respeto de los derechos fundamentales y libertades”. “A la mayor brevedad que sea posible, teniendo en cuenta la carga de trabajo del juzgado”, puntualizan los fiscales, antes de insistir: “El fin es dar el debido impulso a las actuaciones”.

El juez sustituto de Alaya, Iván Escalera, ha dejado en libertad a los principales imputados del caso y ha resuelto recursos durante los últimos meses, pero la investigación ha perdido fuelle. Eso sí, hace un mes el instructor decretó el secreto de las actuaciones tras solicitarlo la Guardia Civil, y recientemente este ha sido prolongado. El motivo es “la gravedad” de los delitos de blanqueo y asociación ilícita que se investigan para poder identificar a los “verdaderos beneficiarios” de los fondos públicos desviados.

“La causa está muerta de facto. No hay nadie que pueda desarrollar las líneas estratégicas. Indudablemente, la enfermedad está teniendo efectos de fondo. La juez se ha puesto enferma en un momento en el que iban a pasar muchas cosas. El sustituto no toma decisiones de fondo”, opina uno de los letrados. La complejidad de la causa, con diversas ramificaciones y en el ojo del huracán político andaluz, utilizada como arma por el PP contra la Junta durante los últimos dos años, ya pasó factura a Alaya durante las comparecencias la pasada primavera. La juez se encontró indispuesta en las maratonianas comparecencias que acabaron de madrugada.

La actividad no cesó en verano en torno al caso, dado que el Parlamento andaluz puso en marcha la comisión de investigación parlamentaria, que ha dado frutos: declaraciones esclarecedoras que han sido enviadas al juzgado por sus posibles implicaciones. Entre ellas, la del ex interventor general, que levantó un gran revuelo con sus acusaciones contra varios exconsejeros por inacción ante las irregularidades detectadas ya en 2005. Pero, a pesar del jugo procesal, Alaya no ha vuelto a pisar el juzgado.

Desde luego, ponerse al día en esta causa es una tarea titánica que de momento no ha trascendido si el juez Escalera ha emprendido. El magistrado ha resuelto decenas de recursos pendientes que suponían un retraso considerable con las lógicas protestas de los abogados, pero que no suponen un gran avance en la investigación. “La causa está al día burocráticamente”, resume un letrado. Solo los fiscales y Alaya conocen la causa desde sus orígenes, ya que la Guardia Civil se incorporó hace un año y medio, después de que la juez apartara a la policía de la instrucción por una supuesta carencia de medios.

Otros letrados son más críticos: “Es un atentado contra el derecho de defensa de los imputados. Sintiendo la dolencia, no se justifica que se prorrogue esta situación interina. El secreto de las actuaciones es una cobertura formal al parón de la instrucción”, censura uno de ellos. Lo cierto es que los cíclicos rumores sobre el regreso de Alaya a su juzgado no son más que eso, rumores.