La juez suspende la venta del Betis

La juez Mercedes Alaya paralizó ayer la reciente venta del Betis por parte del máximo accionista, Manuel Ruiz de Lopera. La decisión supone un terremoto para el club porque acaba con 18 años de gestión de Lopera, acusado de apropiación indebida y un delito societario continuado. La magistrada impuso una fianza de 25 millones de euros por posteriores indemnizaciones, que Lopera debe abonar en los próximos cinco días, además de suspenderle en su cargo como consejero delegado y dejar en el aire el 51% de las acciones del club que posee a través de su empresa Farusa. Si Lopera no paga tan alta suma, se procederá al embargo de sus bienes.

El máximo accionista ejerció durante años "un uso ilegítimo y abusivo del club por la interposición de su entramado societario", según la juez. "En virtud de un plan preconcebido (...) Lopera decidió gestionar privadamente los recursos de la actividad deportiva del club, privando al resto de los accionistas del conocimiento de dicha gestión", censura la magistrada en un auto. Los peritos cifraron en 12,4 millones el perjuicio económico al club entre 1993 y 1999 que generó el enriquecimiento ilícito de Lopera. Ayer, tras la petición de las tres asociaciones béticas personadas y pese a la oposición de la fiscalía, la juez Alaya dictó unas medidas cautelares que apartan a Lopera de la gestión del club.

La venta del Betis la semana pasada ha quedado anulada y por ello la juez alerta al Consejo Superior de Deportes, que debía autorizar dicha venta al empresario Luis Oliver, hasta que exista sentencia firme en el procedimiento. El máximo accionista ya no dispone de sus acciones a través de su empresa Farusa, ni tiene ningún poder en el club como consejero delegado. Asimismo, desde ayer quedaron inhabilitados los cargos de los seis familiares y personas de confianza de Lopera imputadas en la causa, de los que también se informa al Registro Mercantil. Por último, la juez ordenó a la Guardia Civil que le pida al club el libro original de socios donde están fijadas "todas las transmisiones de acciones" del Betis.

En su auto, la juez contradice la opinión de la fiscal, que se había alineado con la defensa de Lopera al pedir una caución a las acusaciones: "La adopción de medidas cautelares sin prestación alguna de fianza, pues de lo contrario podríamos llegar al absurdo (...) de que sólo se protegería a las víctimas que tuvieran importantes recursos económicos".

En su auto, la magistrada deja la puerta abierta al nombramiento de un administrador judicial para las acciones de Lopera. La próxima fecha clave será el 20 de agosto, cuando se celebre la próxima Junta General de Accionistas que deberá establecer las nuevas alianzas para gobernar el club en este nuevo escenario tras el proceso judicial.

Para la juez, que censura tanto a la fiscalía como a Lopera y su defensa, la venta del Betis fue una artimaña. "Una nueva maniobra" del dirigente para "eludir y hacer ineficaz la previsible actuación judicial tras su declaración como imputado".

El alborozo de las asociaciones opositoras a Lopera fue unánime. "Es el final de una etapa y el principio de una nueva era de esperanza, un momento ilusionante. Los béticos siempre han dado la talla en situaciones comprometidas", resumía Miguel Cuéllar, de la Liga de Juristas Béticos. Víctor Castro, de la plataforma Por Nuestro Betis, destacó la "contundencia" del auto. "Una victoria jurídica muy importante por su razonamiento milimétrico", opinó. Tras las acusaciones, el abogado de Lopera recurrirá el auto ante la Audiencia Provincial.La juez Mercedes Alaya censuró ayer la gestión de Lopera desde sus inicios, y recordó cómo este adquirió acciones del Betis "sin haber hecho desembolso alguno por ellas". La compra de 20.662 acciones estaba cifrada en 206 millones de las antiguas pesetas. Lopera está imputado por apropiación indebida por "sucesivos apoderamientos a lo largo y ancho de su extenso mandato al frente del Real Betis", subraya el auto. Además, la juez cree que el Betis pagó los 2,9 millones de euros de responsabilidad civil que debió pagar Lopera en su condena por dos delitos contra la Hacienda Pública, así como las costas del juicio (13.649 euros).

Si los peritos cifraron el perjuicio causado al Betis entre 1993 y 1999 en 12,4 millones, ahora la juez espera que el nuevo informe pericial de la segunda etapa (2000-2008) "revele continuados apoderamientos". La extensa declaración de Lopera esta semana "pone de manifiesto una vez más la absoluta confusión de patrimonios entre el Real Betis y las sociedades de Lopera". En este intercambio de papeles, la juez destaca cómo Lopera diseñó los contratos de prestación de servicios "e igualmente la manera de incumplirlos, o no cumplirlos en tiempo y forma".

En su declaración, Lopera afirmó que conoció en la notaría a las sociedades rusas que constituían el 96% de Encadesa. "La conclusión es evidente, se trata de una constitución simulada, pues Encadesa es al 100% Tegasa". A continuación, la juez destaca cómo el Betis pagaba a la empresa de Lopera Frigimueble 1.200 euros mensuales por un almacén de ropa deportiva. "Y esta instructora se pregunta ¿No habrá sitio en las dependencias del nuevo estadio para almacenar dicha ropa? (...) Es quizás otro ejemplo curioso de contratos que indiciariamente carecen de lógica económica", subraya la magistrada.

En su resolución, la juez pide "calma y respeto" para los técnicos que elaboran ahora el segundo informe pericial, y recuerda cómo el procedimiento "estaba en punto muerto por la denegación de la Junta de Andalucía de fondos públicos para esta pericia".

Lopera, según el auto, invirtió dinero del Betis en activos financieros, letras del tesoro y bonos del Estado. Las cifras que el Betis dejó de ingresar fueron: "86 millones [de pesetas] en la primera temporada, y luego seguirían 536 millones, 385 millones, 1.047 millones, 1.335 millones y 3.054 millones en la última temporada". La juez justifica la contundencia de sus medidas en que si la situación se mantiene, "los perjuicios para el Betis y el resto de socios podrían ser irreparables".