Cataluña retrasa de nuevo el pago de conciertos sanitarios, educativos y sociales
Hacienda transferirá el martes a Cataluña 560 millones para abonar facturas
La tesorería de la Generalitat vuelve a estar colapsada. El Ejecutivo de Artur Mas ha reconocido este viernes que no ha podido hacer frente totalmente, igual que le ocurrió en julio, a los pagos de los servicios concertados que mantiene con hospitales, colegios y entidades sociales. Los problemas de liquidez le han comportado no poder abonar unos 387 millones de euros. El Departamento de Economía de la Generalitat ya avisó hace días de que sólo podría cumplir con sus compromisos de gasto corriente si el Gobierno de Mariano Rajoy le adelantaba a tiempo 560 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Cataluña fue la primera comunidad en acogerse a él por una suma de 5.023 millones de euros.
El Ministerio de Hacienda ha informado de que transferirá los 560 millones el próximo martes y achacó el retraso a que se firmó ayer por la mañana la operación de crédito entre la Generalitat y el Instituto de Crédito Oficial. El importe impagado, no concretado por la Generalitat, no afecta ni a los profesores de las escuelas concertadas, que ya han cobrado la nómina con normalidad, igual que los de la escuela pública, ni a los de los hospitales. La patronal sanitaria ha garantizado que sus empleados percibieran su mensualidad gracias al uso de pólizas de crédito.
La deuda se desglosa de la siguiente forma: 345 millones corresponden al sector sanitario; 35 millones al de Bienestar Social —solo ha podido asumir la mitad de sus pagos— y 7 millones al de Educación. Esta última cantidad corresponde al gasto corriente de los colegios. A estos atrasos, se unió ayer un colectivo nuevo. El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cataluña, Jordi de Dalmases, ha denunciado que la Generalitat les adeuda 99 millones por las recetas dispensadas en julio. El sector ya contaba con cobrar con dos meses de retraso pero no con tres, que es lo que les sucederá ahora. Según Dalmases, un 10% de las farmacias están en una situación financiera límite porque, además, han tenido que financiar con sus recursos la implantación del sistema informático del euro por receta.
Fuentes del ejecutivo catalán han mostrado este viernes su irritación por la lentitud con la que el Gobierno está activando el FLA, máxime cuando el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, había reiterado que la tesorería autonómica solo estaba en condiciones de afrontar las nóminas de los funcionarios pero no los conciertos. La Generalitat, que alertó en agosto de “problemas mayúsculos” si no se activaba el FLA de forma inminente, ya recibió a principios de septiembre otro crédito puente de Hacienda, de 400 millones, para afrontar sus vencimientos de deuda. “No es un regalo”, dijo exasperado Mas-Colell, que argumenta que Cataluña no sufriría estos problemas de liquidez si dispusiera de una agencia tributaria con capacidad de recaudar y gestionar todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Esa reivindicación era el eje del pacto fiscal rechazado por el Gobierno de Mariano Rajoy y el motivo fundamental en el que se sustenta la consulta soberanista que propugna Artur Mas.
La situación es crítica porque la Generalitat aún no ha saldado la deuda del mes de julio que solo en las entidades sociales ascienden a 70 millones de euros. El consejero de Bienestar Social, Josep Lluis Cleries, ya avisó el 7 de septiembre en una reunión con la mesa del Tercer Sector que no podía ponerse al día hasta que el Gobierno no transfiriera el rescate del FLA. La presidenta de la Mesa del Tercer Sector, Àngels Guiteras, ha recordado que ya había pedido a la Generalitat que le avisara de posibles impagos para que las entidades pudieran, al menos, buscar otras alternativas de financiación. “Ya acordamos fraccionar en tres los pagos de conciertos y subvenciones y ahora nos hemos encontrado que el tercero, que vencía hoy, no ha sido ingresado”, ha lamentado. Mientras tanto un reguero de despidos que afecta al sector, que sufre por igual los impagos de la administración y la pérdida de otras subvenciones, como las de las cajas de ahorros.
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