Derechos fundamentales y delito de sedición
La regulación propuesta permitirá introducir un perfil más específico de la conducta penalmente relevante, con lo que se ganará en seguridad jurídica
La regulación propuesta permitirá introducir un perfil más específico de la conducta penalmente relevante, con lo que se ganará en seguridad jurídica

El Gobierno debe calibrar las consecuencias políticas de una decisión respecto al expresidente andaluz que, con independencia de cuál sea, rebasa el terreno de lo estrictamente individual para situarse en el centro del debate público

Las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE sobre un exconsejero de la Generalitat permiten vislumbrar el desenlace final de la partida que los independentistas están jugando con el Supremo

La inoperancia práctica de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat exige reconducir la situación y que ERC asuma una actitud pragmática que le permita separar los deseos de la realidad y tomarse en serio sus responsabilidades

La nefasta campaña desarrollada por Macarena Olona ha prestado un servicio impagable a la causa popular

El ordenamiento vigente ofrece una protección total en términos jurídicos al monarca que le exime de responsabilidad, pero queda contrapuesto al escrutinio ciudadano, que exige la correspondiente rendición de cuentas

La llegada de Núñez Feijóo a la presidencia del PP puede marcar un punto de inflexión en asuntos de tanta urgencia como la necesaria renovación del gobierno del poder judicial, demandada por Europa y tan necesaria para el sistema democrático

La justicia europea proporciona un valioso balón de oxígeno al ‘expresident’ e impide que el Tribunal Supremo pueda juzgarlo en España

Más allá de irresponsables declaraciones políticas que instan al Gobierno español a repatriar al ‘expresident’, será la justicia de la Unión la que determine las cuestiones que atañen a su situación procesal

Flaco favor hacen a la norma suprema quienes incurren en la falacia de auspiciar su defensa y exigir su respeto cuando, en realidad, lo que se está llevando a cabo es justamente lo contrario: incumplir sus mandatos

La resolución del Supremo contra las medidas de Baleares evidencia que no tenemos instrumentos jurídicos adecuados para una situación como la actual

Habría sido más idóneo tejer consensos y prorrogar la situación en lugar de abrir una fase de dudas jurídicas ante la perplejidad de los ciudadanos

La excepcionalidad de la pandemia no justifica saltarse las exigencias de un Estado de derecho

La ley avala las iniciativas de censura presentadas, pero debería reformarse para evitar casos de este tipo

La inviolabilidad del Rey y el orden de sucesión al trono requieren un cambio constitucional que ahora es misión imposible. Pero se pueden regular el estatuto jurídico y los controles a la familia real
Aunque la vacuna obligatoria se ajusta a la ley, la información y la transparencia son mejores recursos

La extraordinaria gravedad de la situación requiere una respuesta jurídica a la altura de las circunstancias y eso, en términos constitucionales, exigiría declarar nuevamente el estado de alarma

El enmascaramiento de la excepcionalidad, al amparo de la covid-19, erosiona el Estado de derecho