La agenda política de Cataluña

El pobre balance que arroja la actividad desarrollada por la mesa de diálogo entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno sitúa a esta instancia en un ámbito de acusada irrelevancia que no se corresponde con las expectativas que acompañaron su creación. Forjada en los albores de la actual legislatura, la mesa fue una concesión de Pedro Sánchez a Esquerra Republicana a cambio de su abstención en la sesión de investidura. Esta medida permitió al entonces candidato socialista a principios de 2020 alcanzar la mayoría simple de votos en el Congreso de los Diputados en la segunda votación de investidura y así, acceder a la presidencia del Gobierno (tras el dilatado período de interinidad institucional vivido en España durante la mayor parte de 2019).

Enmarcada en su contexto de referencia, resulta necesario recordar que ya desde el momento mismo de su anuncio la mesa de diálogo desató una airada polémica, cosechando el rechazo frontal procedente de fuerzas políticas de signo ideológico opuesto. En el espectro conservador, el Partido Popular y Ciudadanos interpretaron su existencia como un exceso intolerable, mera expresión de una interesada cesión de Sánchez al independentismo que ponía en jaque la integridad de España y el ordenamiento constitucional. Por su parte, los partidos catalanes defensores de la secesión, la CUP y Junts —a la sazón, socio de Esquerra en la Generalitat— pusieron de manifiesto su clara insuficiencia, entendiéndola como prueba de una actitud claudicante de Esquerra, una fisura en la reivindicación monolítica del bloque secesionista: autodeterminación y amnistía.

Entre ambas aproximaciones extremas, sin embargo, el establecimiento de la mesa de diálogo también permitía realizar una lectura más mesurada y ajustada a su efectiva configuración. En función de tal perspectiva, cobra una nueva dimensión, se afirma como una potencial ventana de oportunidad para empezar a desentrañar el complejo laberinto catalán y, con ello, actuar como palanca que permitiera explorar potenciales vías de salida del estancamiento político existente. Así enfocado el tema y para corroborar su pertinencia es necesario traer a colación las premisas sobre las que se asienta la mesa, así como las reglas que rigen su funcionamiento. En primer lugar, se parte del reconocimiento de la existencia de un conflicto político en Cataluña. Tal afirmación supuso un indudable salto cualitativo con respecto a la situación “negacionista” precedente en la que, tras la consulta ilegal celebrada el 1-O de 2017 y la fallida declaración unilateral de independencia, la única respuesta del Estado fue la activación de la vía judicial. Asimismo, la mesa nacía como expresión de una voluntad de diálogo intergubernamental (no entre partidos) a dos bandas, llamada a discurrir a través del cauce de la lealtad institucional y con un margen de actuación limitado por el respeto de “los instrumentos y principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”. Ciertamente, no cabe ignorar que el uso de esta perífrasis es una concesión al independentismo, que trasluce una evidente voluntad de esquivar la referencia directa a la Constitución española. Pero, aun así, el silencio resulta clamoroso, puesto que los principios mencionados no son sino manifestación directa y consecuencia necesaria de lo dispuesto por aquella. Apuntalando las premisas señaladas, si bien se afirma expresamente que la materialización en acuerdos de las medidas adoptadas por la mesa requerirá la correspondiente validación democrática a través de “una consulta ciudadana en Cataluña”, tal eventualidad queda vinculada a “los mecanismos previstos y a los que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Nuevamente, el efecto que se desprende de la alocución empleada resulta elocuente, puesto que permite esquivar un planteamiento de ruptura del ordenamiento constitucional mediante la adopción de una aproximación posibilista. En una suerte de reconocimiento implícito del marco estatutario, se prevé que la mesa actuará de forma coordinada con la comisión bilateral Generalitat-Estado, esto es, con una instancia bilateral de naturaleza cooperativa que el Estatuto catalán define como “marco general y permanente de relación entre los gobiernos”.

Establecidos los márgenes rectores de la actuación de la mesa, la realidad ha puesto de manifiesto su inoperancia práctica. Y es que la ausencia de implicación efectiva por parte de los actores llamados a dialogar ha condenado al fracaso a este instrumento, despojándolo del sentido que justifica su existencia. Es cierto que las circunstancias adversas que han acompañado su andadura han actuado como importantes factores de desincentivación de cara al despliegue de actividad sustantiva. Inmediatamente a continuación de su creación irrumpió la pandemia y la gestión de la crisis de salud pública acaparó, monopolizándola, toda la atención de los poderes públicos. Con la recuperación de una cierta normalidad, tuvo lugar una reunión en septiembre de 2021 que, a pesar de constatar la distancia astronómica entre las posiciones defendidas por ambas partes, puso de manifiesto el interés recíproco por mantener abierta la vía de un diálogo en punto muerto. Más recientemente, el escándalo Pegasus y la confirmación de que distintos líderes independentistas, incluido el presidente Pere Aragonès, habían sido víctimas de un espionaje cuyo origen no ha sido todavía aclarado, ha generado una situación de alta tensión entre los gobiernos que, tras anunciar la Generalitat la suspensión de los encuentros previstos, ha devuelto a la mesa a su habitual limbo.

Con la mesa aparcada sine die, la compleja situación económica y social en la que se encuentra inmersa Cataluña exige reconducir la situación. Más concretamente, realizar un esfuerzo por reordenar prioridades, concentrando la gestión política en asuntos que inciden directamente en el bienestar de la ciudadanía. Un ejemplo palmario en este sentido viene de la mano del incumplimiento por parte del Estado de las inversiones en Cataluña que, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Hacienda, se sitúa en un 36% de lo previsto. Reivindicar activamente que tal obligación estatal se cumpla debería ocupar un lugar destacado en la agenda de la Generalitat, extrayendo el máximo partido a las posibilidades que ofrecen tanto la mesa de diálogo, en tanto que foro político al más alto nivel, como la comisión bilateral, en su condición de instancia de colaboración intergubernamental. Y lo mismo cabe decir en relación con la necesidad de actualizar el obsoleto sistema de financiación autonómica, lo que permitiría superar los desajustes y deficiencias estructurales que penalizan a distintas comunidades autónomas, entre ellas de forma destacada a Cataluña. Una tarea de impulso en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera que, sin el concurso catalán, resulta de hecho misión imposible.

Aunque renunciar a las aspiraciones de autodeterminación y amnistía por parte de las fuerzas independentistas hoy por hoy resulte inaceptable, ello no debería impedir a quien está al frente del Ejecutivo catalán, muy en particular a Esquerra Republicana, asumir una actitud pragmática que le permita separar los deseos de la realidad y tomarse en serio sus responsabilidades. Adoptar una actitud proactiva ante el Gobierno central, tanto en la mesa como en otros foros de colaboración y diálogo, situando en primer término los graves problemas estructurales que afectan la gestión de la comunidad (inversiones y financiación) y exigiendo compromisos y respuestas concretas, permitiría avanzar en la senda de una cierta normalización. La actitud inflexible adoptada por Junts funciona claramente como una pesada losa en el terreno institucional que, asimismo, proyecta sus efectos frente al electorado independentista, especialmente sensible a sus reivindicaciones emblemáticas. Ahora bien, sin ignorar la complejidad de las dinámicas internas del escenario independentista, hay que insistir en la idea de que trabajar activamente para lograr del Estado medidas que permitan mejorar la calidad de vida en Cataluña debe ocupar el primer lugar en la agenda de la Generalitat. Transmitir tal orden de prioridades a la ciudadanía, también.