Proteger la vía política

No son exactamente desinteresados los esfuerzos que diversas fuerzas políticas despliegan estos días para torpedear la mesa de diálogo acordada por los gobiernos español y catalán. Operan de formas distintas, pero aspiran al mismo fin desestabilizador con cálculo partidista. La derecha sobreactúa de manera alarmista para prevenir las incontables concesiones a la voracidad independentista que el presidente Pedro Sánchez hará, según ellos, mientras el unilateralismo de Junts (y la CUP) promueve día sí día también su propio discurso negacionista de las posibilidades de esa mesa de diálogo con idénticos fines propagandísticos. La entereza del president de la Generalitat, Pere Aragonès, expresada con claridad en el discurso de la Diada celebrada este sábado, es ahora mismo un capital político que merece ser reforzado para impedir que los emisarios (y emisarias) del expresident Carles Puigdemont en Barcelona, como la presidenta del Parlament catalán, boicoteen por cálculo de vuelo corto una mesa que es en sí misma prometedora, incluso sin fecha fijada ni orden del día. La deslealtad institucional del comportamiento de la presidenta Laura Borràs va para nota.

La relevancia práctica de la mesa de diálogo reside en lo que sea capaz de acordar, por supuesto, pero su centralidad política reside en su misma existencia como instrumento capaz de mejorar el funcionamiento del Estado, en sentido general, y no únicamente acotado a los rifirrafes entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Más allá de los presumibles contactos privados entre Sánchez y Aragonès (como los que el presidente del Gobierno mantiene con otros presidentes autonómicos) es indispensable la identificación pública de un espacio en el que se discuten las líneas maestras de una actuación conjunta cuya finalidad es inobjetable: restablecer la cordura y el pragmatismo político entre dos poderes cuyas aspiraciones políticas difieren.

La desdramatización de las respectivas posiciones es la música de fondo que necesita cualquier mesa negociadora. ¿Es aberrante que ERC persista en su reclamación de un referéndum sobre la independencia para 2030? No debería serlo, en la medida que la sustancia de su proyecto político es lograr la creación de un nuevo Estado para Cataluña. Ese referéndum es una aspiración legítima de esta formación política. Deja de serlo cuando la presidenta del Parlament, de Junts, apela de nuevo a un mecanismo antidemocrático como es la decisión unilateral de separar a Cataluña de España. Aunque sea un mensaje para consumo interno y busque satisfacer las emociones de su clientela electoral, en la práctica boicotea la estrategia política del Govern. El boicoteo de la mesa de diálogo es solo un instrumento más de la erosión que busca Junts sobre Esquerra: por eso resulta indispensable fortalecer la negociación política y dejar sin terreno de juego el discurso abolicionista de los contactos entre gobiernos. La presencia de Pedro Sánchez y Pere Aragonès en esa mesa de diálogo —no prescrita por el acuerdo del pasado 26 de febrero— podría trasladar a la opinión pública la voluntad política de ambos y el peso que atribuyen a esa herramienta.

Algunas voces han planteado otra sugerencia: quizá cabría reservar algunos minutos de esa primera reunión, sea jueves o viernes, a analizar la decisión sobre la inversión en el aeropuerto barcelonés de El Prat, una inversión estratégica que Aena ha dejado en suspenso ante la división en las instituciones catalanas implicadas por su posible impacto ambiental en una zona protegida. No hay unanimidad en Cataluña ni a favor del sí ni a favor del no. El chantaje de las redes y su frivolidad caliente tienden a generar imágenes distorsionadas de la opinión pública en una especie de metonimia de la realidad. De hecho, fue un tuit del mismo Pere Aragonès el que desencadenó el desacuerdo sobre la ampliación del aeropuerto. El debate está vivo y ha de seguir vivo porque habrá de afrontarse en el futuro inmediato ante cualquier inversión en infraestructuras de esta envergadura.