¿Impulsar la mesa de diálogo?

Meses después de sus complejos inicios, la mesa de diálogo entre los gobiernos de Cataluña y España presenta un porvenir incierto. La pandemia, la problemática energética, las tensiones bélicas aliadas con la conflictividad política y la coyuntura electoral predisponen al escepticismo sobre su viabilidad y sus resultados. ¿Es momento de congelarla y esperar tiempos mejores?

A nuestro entender, sería un grave error aparcar una vez más la cuestión y dejar pasar la oportunidad abierta. La falta de respuesta política al conflicto catalán evidenciaría la fragilidad de nuestro sistema institucional y lastraría —con un pósito de desánimo y desafección— el desarrollo de Cataluña y, por ende, de España durante décadas.

Para desbloquear la situación resulta clave que se produzcan avances tangibles en la mesa de diálogo. Avances que comprometan a ambos gobiernos y predispongan a los interlocutores a una negociación exitosa. Uno de los elementos que podría contribuir a ello sería definir una agenda de temas que ensanchen la base y el significado del debate. Permítasenos, avanzar algunas sugerencias al respecto.

La discusión sobre las infraestructuras se ha abordado hasta ahora de forma prioritaria desde el prisma de las inversiones estatales en Cataluña cuya programación y ejecución resultan ciertamente muy mejorables. Sin embargo, también en el ámbito de la gestión podrían producirse avances cruciales y tangibles. ¿No debería llevarse a la mesa de diálogo la cuestión imperiosa del traspaso definitivo y pleno a la Generalitat de la gestión del sistema de Rodalies ferroviarias? ¿No podría explorarse también la gestión por parte de la Administración catalana de los servicios ferroviarios regionales? ¿No deberían surgir del diálogo compromisos más claros y precisos acerca del Corredor Mediterráneo?

También debería plantearse la gobernanza metropolitana de Barcelona. El Estatuto de 2006 y las leyes de organización territorial de 2010 diseñaron una solución que fue votada por amplia mayoría en Cataluña y recibió el respaldo de las Cortes Generales. Permitía crear —en el marco de la reorganización de la Administración catalana— una unidad político-administrativa o veguería que abarcaría la totalidad de la región metropolitana. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto canceló estos avances, al indicar que no cabía sustituir las provincias por las veguerías sin el concurso del legislador estatal. ¿No sería la mesa de diálogo el lugar oportuno para retomar esta cuestión cuyo bloqueo perjudica gravemente el progreso y el bienestar de la ciudadanía de este ámbito geográfico? ¿Qué otra ocasión más adecuada podrá encontrarse para dar salida al contencioso secular sobre la organización territorial de los poderes públicos en Cataluña?

El compromiso del Estado en la protección y promoción de la lengua catalana puede ser otro tema clave para obtener avances concretos y significativos. El actual presidente del Senado ha visitado recientemente el Institut d’Estudis Catalans, en una encomiable iniciativa que denota la voluntad de afirmar —desde las altas instancias del Estado— el compromiso de reconocer la diversidad lingüística de España. Es un gesto valioso, aunque demasiado excepcional. Por medio de la mesa de diálogo, ¿no podría trazarse un plan para extender y dar contenido operativo a este tipo de iniciativas? ¿No convendría que el Gobierno del Estado planteara un programa compartido de promoción de la lengua catalana dentro y fuera de España? ¿No hay aquí una buena ocasión para evitar la utilización del debate lingüístico con finalidades espurias?

Después de años de esperanzas y frustraciones, la mesa del diálogo puede suponer una oportunidad extraordinaria para restablecer consensos políticos en Cataluña y en España. Para hacerlo, no debe ni puede esquivar las cuestiones institucionales y de financiación. Pero el progreso del diálogo depende también de cumplir con acuerdos ya establecidos —por ejemplo, en becas universitarias— y afrontar a la vez cuestiones de considerable transcendencia para el progreso y la cohesión de nuestras sociedades, como son las infraestructuras, la proyección metropolitana o la protección de la lengua.

A nadie escapa la complejidad de la problemática política que el diálogo debe tratar. Por ello resulta tan importante progresar en todas aquellas cuestiones en las que sea posible alcanzar acuerdos a corto plazo, proyectando mejoras en la vida de una ciudadanía y de un país golpeados por crisis sucesivas. En lugar de abordar el diálogo desde el escepticismo, la inquietud o la enumeración de agravios, valdría la pena intentarlo a partir de progresos previos y tangibles que vayan alimentando la mutua confianza.

La mesa de diálogo puede ser entendida como un debate sobre la distribución de competencias y recursos al modo de un juego de suma cero en el que aquello que consigue una parte es en detrimento de la otra. Pero puede plantearse también como un espacio de concertación para alcanzar compromisos concretos entre los gobiernos del Estado y de la Generalitat sobre cuestiones cruciales para el futuro de la sociedad catalana y de sus relaciones con la sociedad española. Este es, a nuestro entender, el camino más prometedor y que conviene impulsar.