Oportunidad perdida en el Pirineo
Las rivalidades políticas y una insuficiente capacidad negociadora frustran la candidatura aragonesa y catalana a los Juegos de Invierno de 2030
La decisión del Comité Olímpico Español de no presentar ninguna candidatura para los juegos de Invierno de 2030 ha puesto punto y final a más de un año de negociaciones infructuosas. La imposibilidad de articular una candidatura conjunta del Pirineo catalán y del aragonés se ha debido no tanto a las limitaciones técnicas y ambientales -que las había- sino a la incapacidad de trabar un acuerdo político entre la Generalitat de Cataluña y la Diputación General de Aragón.
La base de la candidatura, y el principal elemento que le podía dar viabilidad, era la necesidad de dar un impulso económico y social a los Pirineos en su conjunto, aquejados como tantas zonas de la España vacía de un olvido permanente y de una despoblación galopante. Se trataba de demostrar que era posible organizar unos juegos de invierno sin meter más hormigón en un entorno ya castigado por la presión humana y en un momento marcado por la emergencia climática.
Estos complicados equilibrios técnicos se han visto frustrados por la nula capacidad de acuerdo político. Pese al fragor de los diferentes actores implicados en echarle la culpa al rival, hay que dilucidar bien las responsabilidades. Solo el Comité Olímpico Español podía presentar la candidatura, pero esta no era viable sin un pacto político previo de los territorios afectados. Desde el primer momento Cataluña ha sido poco receptiva a la propuesta de compartir protagonismo con Aragón “en pie de igualdad”, como pidió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el año pasado. La Generalitat solo aceptó que Aragón se sumara como complemento a un proyecto que, en buena parte, ya tenía diseñado con antelación. Pero la Diputación General de Aragón de Javier Lambán tampoco se ha movido un ápice en la recta final de las negociaciones, desmarcándose de un primer acuerdo técnico para el reparto de las pruebas con acusaciones de carácter político contra la Generalitat y el COE. Por parte del Gobierno de España se ha echado en falta un papel más activo para intentar limar asperezas entre dos ejecutivos autonómicos que, si bien estaban de acuerdo en promocionar el Pirineo, han sido incapaces de aparcar su rivalidad política. Sin grandes consensos no son posibles unos juegos olímpicos como se ha demostrado en España, siendo el éxito de Barcelona 92 la gran demostración de ello.
El resultado de la falta de acuerdo y voluntad política es que no habrá juegos en 2030 en el Pirineo. Cada administración implicada deberá hacer balance de sus responsabilidades en el fracaso. Pero lo que no pueden dejar de hacer ahora con el argumento de que no hay juegos olímpicos es seguir sin prestar atención a las necesidades del Pirineo, que son muchas. Sus habitantes no tienen por qué pagar la incapacidad de sus políticos.
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