¿Vislumbrando una salida del laberinto judicial?

La extraordinaria gravedad de la agresión promovida por Putin no sólo contra el pueblo ucranio y la integridad territorial de su Estado (ya maltrecha desde la anexión rusa de Crimea en 2014), sino también contra el orden internacional en su conjunto, ha relegado al terreno de la marginalidad buena parte del devenir político nacional. Y, sin embargo, la atención preeminente que suscita el conflicto bélico no puede excluir la reflexión en clave interna en torno a recientes acontecimientos políticos cuyo potencial transformador suscita un indudable interés. Un lugar protagonista ocupa la caída de Pablo Casado, obligado a abandonar la presidencia del Partido Popular como consecuencia de su enfrentamiento con la presidenta de la Comunidad de Madrid a causa de las comisiones que cobró el hermano de esta por la conclusión de un contrato de mascarillas suscrito en la fase álgida de la pandemia. Es precisamente la renuncia de Casado la que ha abierto la puerta a la inminente entronización de Alberto Núñez Feijóo como dirigente del partido. Se inicia, pues, una nueva etapa para dicha fuerza política y con ella despunta la posibilidad de que se produzca un cambio de tendencia en el actual escenario político, profundamente polarizado entre dos bloques sistemáticamente enfrentados y que se muestran incapaces de ponerse de acuerdo para afrontar cuestiones esenciales.

El acceso de Vox al Gobierno de Castilla y León, propiciado por el pacto alcanzado con los populares y el rechazo a abstenerse manifestado por los socialistas para permitir un Ejecutivo en solitario presidido por Alfonso Fernández Mañueco, pone en evidencia una nueva y preocupante muestra de continuismo que viene a sumarse al nutrido rosario de desencuentros precedentes. Pero junto a este grave episodio emerge un significativo halo de luz de la mano del acuerdo alcanzado en la reciente Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma. Dicha conferencia no sólo ha contado con la presencia de todos los responsables de los ejecutivos autonómicos, lo cual ya es en sí mismo una novedad. Estos también han manifestado su apoyo unánime al Gobierno en la gestión de la postura española ante el conflicto bélico en Ucrania e igualmente han llegado a una postura común de cara a temas capitales como son el precio de la energía, los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea, la recepción del contingente de refugiados que llegarán a España y la necesidad de definir un plan nacional llamado a abordar los efectos derivados de la actual crisis. Sentadas las bases genéricas del acuerdo, queda pendiente ahora determinar sus extremos concretos, lo que no será tarea fácil, como nunca lo es en supuestos en los que concurren intereses territoriales y políticos de signo diverso.

Aun así y manteniendo la debida cautela cabe vislumbrar el inicio de una línea propicia a la recuperación del diálogo que puede conducir a la adopción de acuerdos, lo que permitiría a nuestro sistema político salir del prolongado impasse en el que se encuentra y que está generando efectos negativos que dañan seriamente su calidad democrática. La constatación de la erosión producida en estos últimos años no ha pasado desapercibida allende nuestras fronteras, mereciendo severas críticas desde instancias diversas. Así ha sucedido con ocasión de los dos Informes sobre Estado de derecho elaborados por la Comisión Europea en los años 2019 y 2020, los cuales al referirse a España han insistido en señalar la necesidad inaplazable de renovar el órgano de dirección de los jueces, así como el sistema de elección de sus componentes que provienen de la carrera judicial. A pesar de que los informes afirman que el Estado de derecho como tal no está en riesgo en nuestro país, no dejan de enfatizar la urgencia de llevar a cabo las actuaciones señaladas para neutralizar el evidente riesgo de politización que en la actualidad amenaza la independencia judicial. Mucho más incisivo, por su parte, se muestra el Índice Democrático (Democracy Index), un informe que publica anualmente la prestigiosa revista The Economist. En el correspondiente a 2021, la tendencia descendiente experimentada por la democracia española a partir de 2017 (motivada principalmente por la crisis independentista en Cataluña) vuelve a ponerse en evidencia. La bajada experimentada este año, aunque en términos de puntuación no es especialmente significativa sí que resulta muy preocupante, ya que viene a situar a España en el grupo de países con una democracia “no plena” o de carácter defectuoso. Precisamente, el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial pendiente desde finales de 2018, la polarización, el populismo, los casos de corrupción y el secesionismo catalán son los elementos determinantes que motivan el descenso de nuestro país a la segunda división del ranking democrático.

Atendiendo al diagnóstico expuesto, hay que insistir en que la renovación del órgano de gobierno de los jueces ocupa el primer lugar en el orden de cuestiones prioritarias. Máxime teniendo en cuenta que tras la última reforma aprobada (Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo) dicho órgano cuando se encuentra en funciones, esto es, una vez concluido el mandato de sus vocales, queda privado, entre otras muchas, de la competencia para proponer el nombramiento de las más altas instancias jurisdiccionales (el presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias provinciales, de los tribunales superiores de justicia y la Audiencia Nacional, los presidentes de sala y los magistrados del Tribunal Supremo), así como de dos magistrados del Tribunal Constitucional.

La aplicación de esta normativa está generando un efecto de bloqueo creciente en el desempeño de una parte significativa de las tareas encomendadas a los órganos judiciales afectados, al no poder renovarse las plazas que están quedando vacantes y que no dejan de aumentar. Especialmente grave es la situación en el ámbito de la justicia castrense, ya que ante la imposibilidad de nombrar a un nuevo presidente de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, vacante después de que su titular pasara a la reserva, el Consejo General del Poder Judicial acordó en octubre de 2021 asumir con carácter extraordinario sus competencias. Para completar este sombrío panorama, tampoco cabe perder de vista que se acerca la fecha en la que tanto el Gobierno como el Consejo General del Poder Judicial deberán nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional cuyos mandatos finalizan el próximo mes de julio. Teniendo presente que la renovación del máximo intérprete de la Constitución se debe producir por tercios (esto es, en tandas de cuatro magistrados en cada ocasión) no resulta aceptable desde una óptica jurídica que el Ejecutivo lleve a cabo la designación de los dos jueces que le corresponden sin que el Consejo pueda hacer lo propio (nombrar a otros dos) en el supuesto de que siguiera en funciones. De concurrir tal circunstancia, la situación alcanzaría una gravedad extrema en términos de legitimidad sistémica, puesto que a la ausencia de renovación en la cúpula del poder judicial se sumaría la prórroga sobrevenida en el seno del Tribunal Constitucional.

Urge salir del complejo laberinto en el que nos encontramos, evitando el colapso judicial que podría producirse en un futuro no lejano. La llegada a la presidencia del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ofrece una oportunidad para marcar un decisivo punto de inflexión que permita reconducir la situación. El tiempo dirá si el nuevo líder está a la altura del reto institucional pendiente.