Lilian, la última liberada en El Salvador por una muerte neonatal: “Ya estamos todas afuera”

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Cuando Lilian* quedó embarazada por segunda vez, tenía una hija de casi dos años, una familia que la arropaba y un trabajo como profesional de cosmética a domicilio. El 19 de diciembre de 2015, entró a la sala de partos del Hospital Nacional San Juan de Dios, en Santa Ana, en la zona oriental de El Salvador, y tuvieron que sedarla tras un desgarro de útero; una complicación durante el parto que ocasionó la muerte de su bebé. Tres días después del incidente, aturdida aún por los sedantes, fue informada por la policía -que la esperaba dentro del hospital- de que estaba siendo acusada de abandono y desamparo de sus hijas. Días después, recalificaron el delito: la señalaban por un homicidio agravado y pedían 30 años de cárcel, de los cuales cumplió siete. Este miércoles habla por primera vez con la prensa desde que hace tres meses una jueza anulara su sentencia por “la vulneración de las garantías procesales” en su caso. “Estoy disfrutando de volver a criar a mi hija”, dice con una sonrisa tímida. “Está siendo más fácil de lo que imaginaba”.

Pero la libertad es agridulce. Nadie puede reparar esos siete años que le arrebataron y que pasó en la cárcel de mujeres de Ilopango, en el centro del país. “Me sentí muy sola, vi a mi hija solo dos veces: una cuando tenía tres y la siguiente cuando tenía cinco años. No quería que me viera ahí. En la cárcel pasé unos años horribles, tediosos y difíciles”, cuenta aún sin entender por qué la privaron de la libertad. Su hija, de hoy 11 años, le ha dicho que sabe que “cuando sea grande” le contará “por qué la dejó tanto tiempo sola con sus abuelos”. La libertad de esta salvadoreña es el final de un largo proceso de litigio iniciado en 2014 por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Y un paso más hacia la despenalización del aborto en el país más restrictivo del continente en materia de derechos sexuales y reproductivos.

El colectivo, que conoció el primer caso de criminalización de mujeres víctimas de emergencias obstétricas en 2006, lanzó una campaña conocida como “libertad para las 17″, con el fin de excarcelar a las mujeres a las que el Estado y la sociedad tildaba de “mataniños”. Poco después, esta cifra se quedó pequeña y la campaña pasó a llamarse “las 17 y más”. Aunque las historias de cada una son muy diferentes, el perfil de estas mujeres era prácticamente idéntico: jóvenes de recursos limitados, bajos estudios y con una defensa de oficio que no hizo lo suficiente. “Ellas son víctimas de los graves sesgos de género en el país y del ensañamiento de las fiscalías”, dice Angélica Rivas, abogada del colectivo. “Entraron a la cárcel porque nuestro sistema judicial es injusto y perverso contra las mujeres”. Lilian es la última de las 17 y más en ser liberada.

Rivas se pregunta durante la rueda de prensa qué hubiera pasado si nadie hubiera revisado sus casos. Lilian habría pasado otros 13 años en la cárcel. Rosita, otros 37. Y Teodora Vásquez habría salido en 2028. Pero en la última década, 73 mujeres privadas de libertad y con sentencias de entre 25 y 50 años de cárcel han sido liberadas. A la fecha, ya no hay mujeres encarceladas por emergencias obstétricas, pero existen 11 casos que están siendo procesados como delito de aborto. “Ya estamos todas afuera, solo esperamos que las leyes puedan cambiar en El Salvador, para que no vayan más mujeres a la cárcel por delitos que no cometieron”, cuenta por teléfono Vásquez, quien lidera la organización Mujeres Libres y que ayuda a la reintegración en la sociedad de estas víctimas del sistema. “Lamentablemente no solo vivimos la condena de un juez, sino la social que nos queda de por vida. Es una condena perpetua y tenemos que ser parte del cambio”, zanja. Para Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, es importante que se hable del doble estigma de las mujeres encarceladas: “Este es un país extremadamente punitivista en el que estas mujeres que salen de la cárcel sufren el estigma de haber estado privadas de libertad y el de haber sido ‘madres asesinas’, como las llaman. Con ello enfrentan la reconstrucción de su proyecto de vida. Por eso es importante el reconocimiento del Estado de que su criminalización fue un error”.

La magistrada que anuló la sentencia de Lilian reconoció la vulneración de garantía procesal y debido proceso en el caso de Lilian que, según las abogadas que llevaron su caso, estuvo plagado de estereotipos de género. La absolvieron porque tanto ella como su hija recién nacida (y que falleció a las 72 horas) se encontraban en un recinto hospitalario cuando sucedieron los hechos. El fallecimiento fue fruto de una negligencia médica y no de un aborto. Mucho menos un homicidio. Tras años de litigio, Lilian salió de la cárcel el 1 de noviembre de 2023. “Agradezco que nunca me dejaran sola”, dice ahora frente a otras mujeres que fueron también privadas de libertad y que hoy sujetan girasoles enroscados en pañuelos verdes.

La decisión del tribunal sucede un año crucial en materia de derechos sexuales y reproductivos en el país centroamericano. Si bien el aborto está prohibido en cinco países de la región, Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Haití y El Salvador, este último es en el que las tasas de criminalización y persecución son las más altas del continente. En El Salvador, cada vez más mujeres son acosadas por querer tomar decisiones sobre su cuerpo. Abortar, voluntaria o involuntariamente, está tipificado con hasta 12 años de cárcel. Y las condenas llegan hasta los 50 cuando las criminalizan por homicidios agravados, como sucedió con Lilian.

Sin embargo, cada vez son más las sentencias del sistema interamericano de justicia que están echándole el pulso a la penalización absoluta del aborto. En 2023, se llevó a cabo una audiencia histórica en esta materia: el caso de Beatriz vs El Salvador. Es la historia de una mujer con lupus a la que el Estado no dejó abortar a pesar de que el feto era anencefálico, una enfermedad incompatible con la vida, y que ponía en riesgo la vida de la mujer. Las organizaciones feministas esperan una sentencia a finales de 2024 a favor de esta joven que falleció en 2017 con apenas 25 años. Un fallo favorable podría podría agrietar la penalización absoluta y abrir la mano a tres causales: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el embarazo es fruto de una violación o incesto o cuando el feto desarrolla una enfermedad incompatible con la vida. También podría ser la oportunidad del Estado para reparar a la familia de Beatriz, que lleva años esperando.

La pronunciación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) será la primera en materia directa de la penalización absoluta y sentaría unas claras bases en un continente que no tiene garantizado los derechos de las mujeres. Según Herrera, “tienen mucha esperanza en el fallo, para la reparación y la no repetición de estas violaciones a sus derechos”. Aunque augura que El Salvador retrasará o no aceptará las medidas, recuerda que lo que dicte la Corte IDH es de obligado cumplimiento. “No podrán evadir su responsabilidad, la sentencia nos acercará al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”.

Un embarazo presenta complicaciones en el 20% de los casos. Para la ginecóloga salvadoreña Sandra Carolina Mena, obligar a las mujeres a llevar a fetos inviables a término es forzarlos a que “nazcan con angustia” y mueran. Sin embargo, en un país que constitucionalmente otorga vida (y derechos) a los fetos desde la concepción, pelear por salud sexual y reproductiva es una gesta titánica. Mientras continúa el pulso, Lilian dormirá hoy con su hija. “Aún no me he puesto a buscar trabajo, estoy en un momento de pausa, asimilándolo todo y criándola”, cuenta emocionada. “Pero quiero volver a estudiar y volver a trabajar, quiero una vida como la de antes”.