El Salvador libera a una mujer condenada a 30 años por aborto
Teodora Vásquez, que fue sentenciada por homicidio agravado, ha cumplido diez años de cárcel
Teodora Vásquez siempre dijo que había sufrido un aborto espontáneo cuando estaba trabajando como limpiadora en un colegio. Un empleado del centro, que halló al feto en los baños, denunció que había sido intencionado y, todavía con la hemorrágia, se la llevaron detenida. Vásquez, que hoy tiene 34 años, fue condenada a 30 años de prisión por el homicidio agravado de su hija en El Salvador, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier situación. Hoy, tras años de movilización de ONG y activistas de todo el mundo y tras las sucesivas críticas de la ONU, el Gobierno de El Salvador le ha conmutado la pena. Ha cumplido más de una década entre rejas. Una situación en la que —conocidas como "las 17"— aún permanecen más de una treintena de mujeres en el país centroamericano, con una de las legislaciones más restrictivas del mundo.
"Me siento muy contenta de regresar nuevamente con mi familia. Durante 10 años y siete meses estuve separada de ellos", ha dicho Vásquez visiblemente emocionada a la salida del penal de Ilopango, una cárcel de mujeres y uno de los centros penitenciarios más masificados del país. "Estoy ilusionada por seguir luchando por otras compañeras que están presas injustamente. Sé que mi esfuerzo ha valido la pena y estoy muy contenta por estar de nuevo con mi familia", ha declarado mientras se abrazaba a sus familiares y amigos, que se agolpaban para recibirla. Vásquez tiene un hijo que ha cumplido 14 años al que apenas ha podido ver durante sus años en prisión.
La Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia y Seguridad (CSJ) del país centroamericano no ha precisado en qué fecha decidió la excarcelación de Vásquez, cuyo caso ha visibilizado la situación de las mujeres —sobre todo de las más pobres y vulnerables— en El Salvador. De hecho, hace apenas dos meses, un tribunal de San Salvador ratificó la pena de 30 años de prisión que había dictado en 2008. Sin embargo, en el fallo que dispone su liberación, la CSJ determina de manera unánime que “existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación”. La resolución del juzgado de San Salvador que cumplió con la orden de liberar a Vásquez, indicó también que la Corte consideró que "la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte de la criatura que estaba gestando".
El caso de Vásquez, que ha argumentado que sufrió una emergencia obstétrica no atendida y que su juicio, que asistieron activistas y expertos en todo el mundo, estuvo además plagado de irregularidades y ha suscitado una enorme atención internacional. A su última vista asistieron un buen número de ONG y activistas globales que han exigido a El Salvador que revise su legislación sobre el aborto. También la ONU ha reclamado en múltiples ocasiones al Gobierno salvadoreño que modifique la normativa que prevé penas de entre ocho y 50 años de cárcel cuando, como en el caso de Vásquez, se considera homicidio agravado. O al menos que, mientras se abre el debate de la reforma, aplique una moratoria a las penas, como pidió hace unos días la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, que ha alertado de que genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado.
Con esa presión internacional de fondo y algunos casos similares al de Vásquez, han hecho que el gobernante Frente Farabundo Martí abra el debate sobre la legislación. En octubre de 2016, propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos de violación, riesgo de muerte de la mujer o inviabilidad fetal. Mientras, la oposición ha pedido incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.
"Continuaremos luchando por la revisión de las 30 mujeres encarceladas por las mismas causas”, ha afirmado Morena Herrera, histórica del movimiento feminista americano y una de las líderes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que ha acompañado a Vásquez desde hace años. "La conmutación de la pena de Teodora es importante porque le permite regresar a su familia; sin embargo, no es suficiente porque no reconoce su inocencia. Es por ello que se realizarán acciones judiciales para demostrar que no cometió ningún delito y se le concedan medidas de reparación para su reinserción en la sociedad”, avisa.
Como El Salvador, otros países como Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta prohíben el aborto en todos los casos. Un veto total que, según distintos estudios, no solo no reduce el número de interrupciones del embarazo sino que las mueve a la clandestinidad y las hace más inseguras; un enorme riesgo de salud pública que provoca cada año miles de muertes.
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