Telefónica considera que "el rechazo social" frena el despliegue del UMTS

Telefónica Móviles, el principal operador celular de España, considera que las trabas administrativas y el rechazo social a la instalación de nuevas antenas siguen siendo un serio obstáculo al rápido despliegue de la tecnología UMTS (acceso rápido a Internet para la telefonía móvil).

"El despliegue de las redes UMTS va más lento de lo previsto debido al rechazo social existente y la dispersión normativa entre las autoridades locales. El año pasado, los planes de despliegue (de antenas) sólo se pudieron cumplir en un 28%", ha asegurado Javier Aguilera, consejero delegado de Telefónica Móviles de España, en unas jornadas de telecomunicaciones en Santander.

Telefónica Móviles y su rival, la división española de Vodafone, han lanzado sus primeros servicios de UMTS en mayo, pero su número de clientes aún es insignificante.

Según fuentes de la industria, en España tendrían que instalarse en los próximos cuatro años entre 15.000 y 20.000 antenas adicionales para la telefonía móvil de tercera generación. "En la actualidad sólo hay unas 3.400 antenas aptas para UMTS, lo que no ofrece una cobertura suficiente y no garantiza un funcionamiento correcto de la tecnología UMTS", ha asegurado Jordi Casamitjana, vicepresidente de la filial española de Nortel.

La razón para este retraso, apuntan fuentes de las operadoras, es el "caos normativo, ya que coexisten entre 500 y 600 ordenanzas de las distintas administraciones - especialmente en Castilla y León, Asturias, Galicia, Andalucía, y Valencia, que impiden una instalación rápida de nuevas antenas.

Aguilera ha denunciado ante el foro en Santander que el plazo medio desde que se solicita una licencia hasta que se pone en marcha la infraestructura es de 18 meses, mientras que en muchos países comunitarios este período se reduce a cuatro y en la mayoría no supera los diez.

Este bloqueo puede tener repercusiones sobre los planes de inversión de los operadores y sobre el conjunto de la economía. Por este motivo, el Gobierno socialista anunció recientemente que quiere mediar entre los operadores y las administraciones locales para facilitar el despliegue de las nuevas antenas, un anuncio que fue acogido favorablemente por las compañías de telefonía móvil, aunque todavía no se han alcanzado resultados concretos en esta materia.