Cerrado el pacto para la implantación del UMTS

El Ministerio de Industria ha cerrado los acuerdos con los operadores (Telefónica Móviles España, Vodafone, Amena y Xfera) para la implantación de la telefonía móvil de tercera generación (UMTS), una tecnología que permitirá la transmisión de imágenes en directo y el acceso rápido a Internet, según indicaron fuentes de la negociación.

El pacto no varía mucho respecto al anunciado el pasado 4 de marzo por el anterior ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, que no se llegó a plasmar en una orden ministerial por el cambio de Gobierno tras las elecciones generales.

Así, las compañías se comprometen a invertir alrededor de 6.000 millones de euros en 10 años en el despliegue de red, que pueden alcanzar los 10.000 millones si se tiene en cuenta el desarrollo de los servicios.

No obstante, se flexibilizan y amplían los plazos para el despliegue de la red, con el fin de adecuarlos a la disponibilidad de permisos para la instalación de antenas. En el acuerdo anterior, las compañías estaban obligadas a dar cobertura al 45% de la población en el primer año y a elevarla al 70% en el siguiente.

Y es que el acuerdo reconoce por primera vez las dificultades que encuentran las compañías para el despliegue de su red por la polémica sobre los presuntos efectos nocivos para la salud, no probados por ningún estudio científico. Y es que el UMTS precisa del despliegue de al menos 15.000 nuevas antenas.

El acuerdo también libera a las compañías de los llamados compromisos colaterales -los que no tienen que ver directamente con el servicio- que constaban en sus ofertas cuando ganaron las licencias en marzo de 2000, como las ofertas que presentaron cuando ganaron los concursos, como la creación de 36.300 puestos de trabajo directos en 10 años, la creación de centros de I+D, o la constitución de fondos de capital riesgo.

En realidad, no se trata de un único pacto, sino de cuatro acuerdos, uno por cada compañía, ya que Ciencia y Tecnología primero, y ahora el actual Ministerio de Industria, pactan condiciones diferentes con cada una de las operadoras. Se trata de dotar de seguridad jurídica a las operadoras, ya que al cambiar las condiciones de la concesión de las licencias podrían enfrentarse a reclamaciones de los consorcios perdedores.