El servicio de UMTS cubrirá todo el país en cinco años

El Ministerio de Industria anunció ayer oficialmente que había cerrado los acuerdos con los operadores (Telefónica Móviles España, Vodafone, Amena y Xfera) para la modificación de las licencias de la telefonía móvil de tercera generación (UMTS), una tecnología que permitirá la transmisión de imágenes en directo y el acceso rápido a Internet.

La novedad más importante respecto a las condiciones originales es el aumento de los plazos es el aumento de los plazos para el despliegue de la red. Telefónica Móviles y Vodafone dispondrán de cobertura en todo el país (95% de la población) dentro de cinco años. Amena tendrá finalizado su despliegue un año después, en 2010, y a Xfera, que aún no ha salido al mercado, no se le fija ningún plazo.

El nivel de inversión se mantiene en líneas generales respecto a la última revisión realizada por el antiguo Ministerio de Ciencia y Tecnología en la anterior legislatura: el importe total alcanzará una cifra de 6.270 millones en el quinto año desde el lanzamiento de los servicios y de 11.200 millones en el décimo año.

No obstante, los compromisos garantizados por los operadores se reducen a 5.060 millones que quedarán cubiertos por avales flotantes por importe conjunto de 890 millones de euros.

Creación de empleo

El acuerdo también libera a las compañías de los llamados compromisos colaterales -los que no tienen que ver directamente con el servicio- que constaban en sus ofertas cuando ganaron las licencias en marzo de 2000, como la creación de empleo, la inversión en I+D, o la constitución de fondos de capital riesgo.

El Ministerio de Industria entiende que dichos compromisos eran incompatibles con las directivas comunitarias y con la vigente Ley General de Telecomunicaciones.No obstante, las operadoras estiman que crearán 16.000 puestos de trabajo en el plazo de cinco años y las aportaciones al desarrollo de la industria nacional mediante la realización de proyectos relacionados con las licencias UMTS, se situarán en dicho periodo en una cifra que superará los 450 millones.

El departamento que dirige José Montilla justifica la modificación y flexibilización de las condiciones originales en el retraso de la tecnología, la inexistencia de terminales comercializables a gran escala y las dificultades que ponen muchos ayuntamientos para la instalación de antenas.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, explicó que la revisión de las licencias se ha hecho desde un punto de vista "realista y constructivo" y supone unas mayores obligaciones que las sometidas al Consejo de Estado a principios de año por el Ejecutivo del PP.