Las nuevas tecnológicas como Instagram, Amazon o Uber determinan no solo la forma en que los ciudadanos trabajan, se mueven, consumen y se relacionan, sino el imaginario de lo que es lo urbano
Un juzgado de lo social, en línea con el Tribunal Supremo, interpreta que la empresa de reparto sostuvo una relación “de naturaleza laboral” con los ‘riders’ entre 2015 y 2018
La entrada en vigor de la ley rider, promovida para dignificar el trabajo de los ‘riders’, no ha logrado terminar con la precariedad del sector, tras ser burlada por Glovo y Uber Eats
El ejecutivo anuncia un refuerzo del servicio, que la empresa multisancionada viene prestando gratuitamente, para las campañas de frio y las olas de calor
El Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona abrió una investigación a raíz de una denuncia de la Fiscalía por mantener a los repartidores como falsos autónomos
Un juzgado de Barcelona abrió diligencias por el caso en julio, después de que el ministerio público le señalase por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores
La Comisión Europea sospecha que la empresa española y su accionista mayoritario “participan en un cartel”
Oscar Pierre es acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores, castigado con penas de prisión de seis meses a seis años. El ministerio público, que considera “indiscutible” que los ‘riders’ son empleados por cuenta ajena, pide que se tome declaración a Pierre en calidad de investigado
La pesquisas empezaron a partir de un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo que detalla cientos de casos de repartidores por cuenta propia que, bajo su criterio, deberían ser asalariados
Stuart se retira, Just Eat pondrá menos esfuerzos en el sur de Europa y la dueña de Glovo duda de que se pueda ser viable con la actual regulación
La compañía acumula 253 millones en sanciones y cuotas no abonadas a la Seguridad Social. La Fiscalía de Barcelona investiga su modelo laboral
La ministra de Trabajo quiere que los directivos de la empresa de reparto sean juzgados por el abuso de los falsos autónomos, pero los jueces admiten esta vía solo como último recurso
España tiene pocas ‘startups’ en este selecto club, pero las que son miembro destacan por su enfoque tecnológico y un modelo de negocio muy disruptivo
Dos investigaciones de universidades uruguayas detallan la precariedad que predomina en el sector y cuestionan la supuesta autonomía de los trabajadores de plataformas digitales
La pesquisas empezaron a partir de un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo que detalla cientos de casos de repartidores por cuenta propia que, bajo su criterio, deberían ser asalariados
El ministerio de Yolanda Díaz dice que el empeño de la empresa de reparto en emplear a falsos autónomos puede ser “constitutivo de un delito contra los derechos de los trabajadores” que vulnera el Código Penal
Una publicación en X vuelve a abrir el debate sobre las condiciones laborales de los ‘riders’
Los Veintisiete sacan adelante la nueva directiva contra todo pronóstico antes de acabar la legislatura europea
La sentencia contra la empresa de reparto se refiere a la actividad durante el periodo de 2016 a 2019, antes de la Ley Rider
La agencia estatal resuelve con una sanción la investigación iniciada en 2020, que expone que la multinacional violó la privacidad de los trabajadores al transferir fuera de España información sobre la geolocalización de los riders, sus valoraciones y tiempos de entrega, entre otros
La Comunidad y la empresa renuevan su acuerdo hasta diciembre de 2024 y lo profundizan al añadir la entrega de comidas preparadas en comedores sociales
Élite Taxi, la asociación de taxistas mayoritaria en Barcelona, acusa a la plataforma de esquivar la ‘ley Rider’
La UE está en una posición única para garantizar que la revolución tecnológica proteja los derechos laborales y que los algoritmos no creen nuevas formas de explotación o discriminación
Los nuevos modelos de negocio no pueden sustanciar su ventaja competitiva en una erosión de los derechos de sus trabajadores o en el incumplimiento de las regulaciones vigentes
Tras la reforma del Código Penal, los responsables de empresas que imponen condiciones ilegales pueden ser castigados con prisión de seis meses a seis años
La salida de Getir de España muestra la crisis de un modelo de negocio que se ha expandido de forma agresiva sin lograr la rentabilidad
La periodista publica un ensayo sobre cómo hemos importado la ideología de Silicon Valley y cómo las plataformas precarizan el trabajo y entran en conflicto con la legislación
Glovo acumula más de 200 millones de euros en sanciones y sigue operando con autónomos, al igual que Uber Eats. Just Eat sí funciona con trabajadores contratados
La empresa, sancionada con más de 200 millones por vulnerar los derechos de los trabajadores, ofrece códigos para dar el servicio gratis a través de su aplicación
La escuela de negocios de la universidad estadounidense lanza un caso sobre la apuesta renovable de la compañía bajo la presidencia de Galán
La intención inicial de la plataforma de reparto a domicilio era prescindir de 250 empleados
El organismo acredita que la empresa de reparto empleaba la figura del falso autónomo perseguida por la ‘ley rider’
El anuncio de la compañía de prescindir de 250 trabajadores, junto con los recortes en grandes empresas tecnológicas, muestran el impacto de no tener una red de protección con los comités de empresa
La empresa, sancionada con más de 200 millones de euros por vulnerar los derechos de los trabajadores, ofrece su plataforma y sufragar el coste del servicio
La compañía acumula 205 millones en sanciones por parte de la Inspección de Trabajo. Los recortes de personal de la empresa de reparto afectarán a los departamentos de apoyo comercial, contratación y datos
Inspección sanciona a la empresa de reparto con 38,1 millones de euros y exige otros 19 millones en cuotas de la Seguridad Social. También castiga la utilización de trabajadores sin permiso de trabajo
Los restaurantes que hacen comida a domicilio en locales de más 200 metros cuadrados deberán destinar espacio a los repartidores y obtener un permiso especial
La empresa turca se dedica al reparto de productos de supermercado. El acuerdo valora a la compañía absorbida en unos 1.200 millones de euros.
PSOE y Unidas Podemos quieren que las autoridades tengan que dar explicaciones hasta cinco años después de abandonar el cargo público
Una de las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos al Código Penal contempla penas de prisión de hasta seis años por recurrir ilícitamente a la “contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo” de manera reiterada