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La exjefa legal de Glovo señala a Óscar Pierre como responsable de las decisiones laborales de la empresa

La ejecutiva declara en la instrucción por posibles delitos penales contra el consejero delegado de la plataforma de reparto

Dani Cordero

La exresponsable legal de Glovo, Marita R., ha declarado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona ante la denuncia presentada por la Fiscalía ante los posibles delitos penales que la plataforma de reparto y su consejero delegado, Óscar Pierre, habría cometido contra los derechos de sus trabajadores. La antigua ejecutiva ha señalado que ella no asumía las responsabilidades del tema laboral y ha dicho que la decisión se tomaba en función del asesoramiento que ofrecía una empresa externa, Oleart Abogados, pero con la decisión final del que es el consejero delegado, Óscar Pierre. La posición de la ejecutiva dista de una declaración de la exdirectora de recursos humanos de la compañía, Laila S., que en mayo declaró ante el mismo juez y evitó señalar a Pierre y, en cambio, defendió que las decisiones llegaban de la dirección legal de la empresa.

El fondo del asunto, sin embargo, es el mismo: según la explicación de Marita R., Glovo no regularizó a sus empleados pese a las actas de Inspección de Trabajo y a una sentencia de 2021 porque en ese mismo año se apagó la plataforma de asignación de trabajo que había funcionado hasta ese momento y se había puesto en marcha otra nueva con otro modelo laboral que, según la opinión de la compañía, ya cumpliría la legalidad. La Inspección de Trabajo pone en duda esa versión. Una de las acusaciones particulares ha solicitado al juez la posibilidad de que el caso salte a la Audiencia Nacional por una cuestión jurisdiccional, decisión que debería tomar el juez.

La compañía fundada por Óscar Pierre, hoy bajo el paraguas de la alemana Delivery Hero, ha afrontado numerosas denuncias y juicios por su modelo laboral, basado hasta hace muy poco tiempo en una red de falsos autónomos que ejercían como repartidores que también ha sido denunciada por Inspección de Trabajo en diferentes actuaciones y ciudades.

Diferentes sentencias judiciales han fallado en contra de la compañía. En junio pasado, por ejemplo, el Juzgado de lo Social número 11 de Barcelona condenó a la compañía a regularizar la situación de 3.572 personas que trabajaron para Glovo entre 2016 y 2018 bajo esa concurrida fórmula de falsos autónomos. No era la primera, pero si la mayor causa contra la compañía por su modelo laboral. Las pesquisas que lleva ahora a cabo Glovo suponen la subida de un escalón al presentar una denuncia penal la propia Fiscalía, a falta de que se esclarezcan los hechos.

Tras millones de euros en sanciones administrativas, Glovo puso fin en julio pasado al modelo laboral que le vio nacer y explosionar a bajo coste. Diez años después de echar a andar, hizo contrato a 14.000 de sus repartidores y emprendió el camino de las subcontratatas, ante el enfado de los sindicatos, para laboralizar al resto de su plantilla. Glovo aseguraba que ofreció un acuerdo laboral a las 20.000 personas que constaban en alguna de las actas abiertas por la Inspección del Trabajo durante su camino de desregulación laboral.

Respaldada la empresa en su décimo aniversario por el presidente de la Generalitat Salvador Illa y dirigentes sindicales, poco después Glovo logró el auxilio de la justicia ante una denuncia de su competidor Just Eat que venía a denunciar que el ahorro logrado con su modelo laboral le había dado ventaja competitiva para crecer geográficamente y en empresas clientas. El juez, en este caso del área de lo mercantil, desoyó la demanda y además, en una peculiar sentencia valorativa, cargó contra el “controvertido y obsoleto” modelo de regulación laboral ante el “innovador” sistema de falsos autónomos.

El modelo de falsos autónomos se ha convertido en un problema reiterado para la administración laboral desde la aparición de las plataformas de reparto. Hace apenas cinco días la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, amenazó a Uber Eats con llevarla a los tribunales por la vía penal si no ponía fin al modelo de falsos autónomos que mantiene pese a la ley rider que obliga a regularizar a los repartidores.

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Sobre la firma

Dani Cordero
Es integrante de la redacción de EL PAÍS en Barcelona, donde ha desempeñado diferentes roles durante más de diez años. Licenciado en Periodismo por la Universidad Ramon Llull, ha cursado el programa de desarrollo directivo del IESE y ha pasado por las redacciones de 'Ara', 'Público', 'El Mundo' y 'Expansión'. 
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