Un laudo arbitral retrasa las primeras elecciones sindicales de Glovo

Las primeras elecciones sindicales en Glovo (propiedad de Delivery Hero), que estaban previstas para el pasado 8 de agosto en Pamplona, se han visto obligadas a retrasarse. Un laudo arbitral ha suspendido el proceso, al estimar la impugnación presentada por UGT, que discrepó sobre la interpretación de censo. CC OO ha anunciado que recurrirá esta resolución porque “el censo electoral no puede disminuir el número de trabajadores y trabajadoras reales que están de alta en la empresa tras los procesos de laboralización a los que ha sido obligada”.

El laudo, con fecha del pasado 5 de agosto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, anula el censo electoral al entender que se incluyeron a más de 50 trabajadores que no estaban dadas de alta en el momento del preaviso obligatorio de celebración de elecciones. Así, ordena “la retroacción de las actuaciones al momento de exposición del censo que deberá ser rectificado”. CC OO lamenta que este fallo, emitido por un árbitro del departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, se pusiera en conocimiento de la mesa electoral el pasado jueves, es decir, un día antes de que se celebraran los comicios para elegir a sus primeros cargos sindicales.

Inicialmente estaban llamados a votar 286 riders para elegir a 13 representantes de los trabajadores, pero esta dimensión de la plantilla ha sido el punto que ha generado el conflicto sindical. Como consecuencia de la corrección del censo, la representación en la empresa en Pamplona también disminuirá a nueve representantes en el comité de empresa, informa el sindicato. “La discrepancia sobre el número de personas electoras ha llevado a una retroacción del proceso, una disminución en la representación en la empresa en Pamplona”, denuncia la organización sindical en un comunicado difundido este lunes.

UGT presentó el pasado 4 de julio, ante el Registro Público del Gobierno de Navarra, un escrito de impugnación del preaviso electoral emitido por CC OO el 3 de abril. Previamente, el sindicato denunciante también reclamó la elaboración del censo ante la mesa electoral para exigir la elaboración de uno nuevo. En concreto, según recoge el laudo, 32 personas que figuraban en el censo con antigüedad anterior al preaviso se encontraban de baja en dicha fecha; y otros 27 trabajadores también incluidos no consta dados de alta en el mismo periodo. “Si bien de esos 27 trabajadores, hay seis que figuran con antigüedades posteriores al preaviso, de modo que estos seis sí podrían integrar el censo electoral con independencia de que no se consideren a efectos de determinación de número de miembros del comité en momento ulterior”, explica.

Por otro lado, el árbitro ha rechazado la alegación de UGT acerca de 46 trabajadores figuran dados de alta en otras comunidades autónomas. A su juicio, no hay pruebas que demuestren este extremo. En cualquier caso, “sigue tratándose de un número muy elevado de personas que no figuran de alta y no se ha acreditado ni intentado acreditar ninguna otra cosa por los interesados, con clara posibilidad de afectación al resultado de un proceso electoral, y también de cara a otros actos posteriores a los censos como la determinación del número de miembros del comité de empresa”, concluye el laudo, que será recurrido por CC OO ante los juzgados de lo Social de Pamplona.

En pleno cambio de modelo laboral

La empresa de reparto a domicilio lleva tiempo en el ojo del huracán por tener implantado durante años un modelo de falsos autónomos por el que ha sido objeto de inspecciones laborales y le han impuesto millones de euros en sanciones y cotizaciones atrasadas. De hecho, el cofundador de la plataforma y el consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre, declaró a finales del año pasado ante un juzgado de Barcelona, que le investiga por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por continuar con este sistema de empleo, pese a que la conocida como ley rider, que obliga a contratar como empleados por cuenta ajena a sus repartidores, entrara en vigor en agosto 2021. Un año antes, en concreto en septiembre de 2020, el Tribunal Supremo dictó una importante sentencia que marcó un punto de inflexión en el sistema laboral de los falsos autónomos y ya obligó a dar la condición de asalariados a sus repartidores.

La empresa anunció la regularización, exigida tanto judicial como legalmente, el 2 de diciembre de 2024. Durante su participación en el foro económico CREO 2025, organizado por CincoDías y Prisa Media, celebrado a finales de mayo, Pierre aseguró que la transformación de la condición laboral de sus repartidores de autónomos a asalariados se completará “este año”. Según confirmaron fuentes de la compañía a primeros de julio, ya se habían contratado de forma directa 14.000 repartidores, repartidos por todo el territorio nacional.

Con este telón de fondo, se puso en marcha el proceso para designar a los primeros representantes de los trabajadores, los de Pamplona, que abre la puerta a negociar un convenio laboral, así como la mejora de derechos laborales. Tras el laudo arbitral, sindicatos, mesa electoral y la empresa se reúnen para intentar cerrar el calendario esta semana. CC OO indica que el objetivo es fijar la votación a inicios de septiembre. Sin embargo, denuncia que en los primeros encuentros Glovo “ha afirmado su intención de seguir interfiriendo en el derecho de la libertad sindical”. “Para ello, seguirá incumpliendo la legislación laboral y los reglamentos de elecciones sindicales sin facilitar el censo electoral actualizado, lo que atenta contra el derecho de libre presentación y votación de las personas trabajadoras que realmente trabajan en Glovo en Pamplona”, añade.