La Fiscalía reconoce que defender a niños, niñas y adolescentes frente a los depredadores de las redes es un objetivo “casi imposible”
Un análisis de los feminicidios por los días en que se perpetran subraya que el riesgo aumenta considerablemente en vacaciones y fines de semana
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La reflexión que hace la Fiscalía en su memoria anual respecto a los peligros de las redes sociales para los menores es demoledora: “Defenderlos frente a los depredadores de todo tipo que circulan por las redes es un objetivo casi imposible”. El ministerio público ha dedicado este año un capítulo específico a los menores y las redes sociales, debido, explica, al interés y la preocupación social que ha despertado. En él se abordan, entre otros, temas de violencia y ciberacoso que atañen a niños, niñas y adolescentes. Si fuera del mundo virtual los niños y adolescentes son consideradas personas especialmente vulnerables por la falta de madurez, el anonimato y la manipulación de la realidad de las redes los deja desnudos e indefensos.
De ahí que la Fiscalía tilde de “desolador” el escenario que se plantea con respecto a los menores. “Eso exige una intervención coordinada de todos los operadores intervinientes, a fin de garantizar una adecuada prevención y protección frente a la violencia digital, intervención en la que, sin duda, debe ser incluida la industria tecnológica”.
El organismo considera, además, “a todas luces insuficientes” las campañas divulgativas, los cursos de formación y concienciación que se imparten en los colegios e institutos por distintos profesionales (Policía, INCIBE, Fiscalía…), no solo dirigidos a los adolescentes sino también a los padres, profesores y educadores. Son fundamentales, pero no están llegando. El camino, asegura, no pasa por limitar el acceso a las redes sociales (la nueva ley de protección de menores eleva de 14 a 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta). Ni es viable, ni evitaría los riesgos. Desde el organismo se apela a la sociedad en general que, desde su punto de vista, no está siendo capaz de “trasmitir adecuadamente a los menores y jóvenes valores tan importantes como el respeto, la tolerancia, la empatía y dignidad personal”. Esa ausencia se reflejaría en sus comportamientos y en la forma en la que se relacionan, no solo virtualmente.
Tras una investigación iniciada en la Sección de Menores de Madrid, por presuntos delitos de agresión sexual y descubrimiento y revelación de secretos, se puso de manifiesto, según recoge la memoria, la existencia de comunidades virtuales desde las que se estarían incitando a los menores a autolesionarse y a adoptar hábitos alimenticios nocivos. Es otro de los riesgos sobre los que se alerta y que afectan a personas que no se han desarrollado todavía, ni físicamente ni emocionalmente.
¿Qué hacer? La Fiscalía considera necesaria “una actuación integral a gran escala”. Esto es: implementar políticas educativas, sociales y económicas de ámbito nacional en coordinación con las comunidades autónomas atendiendo al sistema de transferencias. El objetivo: potenciar en los menores y en los jóvenes los valores esenciales, dotarles de herramientas de gestión para su adecuado desarrollo personal y social. También pide una política criminal activa que defienda la privacidad y los datos personales de todos los ciudadanos y en especial de los menores.
Víctimas pero también verdugos
El uso de las redes, considera la fiscalía, facilita que los menores se conviertan además de en víctimas, también en verdugos. La sensación de “distancia y seguridad” que les aportan las redes les puede generar un sentimiento de “falso empoderamiento” [desinhibición online] que, según recoge la memoria, “se traduce en muchos casos en un aumento de la brecha empática con la víctima y un agravamiento de la violencia que se ejerce contra la misma”. Es cuando las redes y los canales de mensajería instantánea pueden convertirse en espacios propicios para la comisión de delitos contra la libertad, la integridad moral, delitos de odio, violencia psíquica, acoso, etc.
Un análisis estadístico de los datos de las secciones de menores revela que los delitos “ciber” han experimentado un incremento generalizado, especialmente los delitos de acoso (el ciberacoso y el ciberbullyng son las modalidades más graves). Cita la memoria de la Fiscalía como “ejemplo claro” de ataque a través de las redes el uso de cuentas de Facebook para diseñar campañas de acoso contra ciertos colectivos, como los menores extranjeros no acompañados, “manipulando una realidad para fomentar la idea de que el grupo que deciden degradar, humillar y cosificar es el responsable de los incidentes negativos de un barrio”. Se exteriorizan así “amenazas” y un “absoluto desprecio hacia ellos”, generando “una situación de odio, discriminación e indefensión hacia sus integrantes, especialmente si son menores de edad”.
Según la Fiscalía, no se trata solo de un traslado de la violencia del espacio físico al digital. “Nos sitúa ante un fenómeno más complejo y grave. Como ejemplo nos referiremos al llamado happy slapping, como se conoce la modalidad de ciberacoso consistente en la cada vez más frecuente grabación, por medio de teléfonos móviles de agresiones o vejaciones, para luego difundirlas a través de las redes sociales con el fin de dar publicidad a sus fechorías y también de avergonzar a la víctima ante quien visualiza las imágenes”.
Feminicidios: análisis no solo por meses sino por días festivos y laborables
La Memoria de la Fiscalía ha incluido, por primera vez, no solamente el análisis de feminicidios por meses, sino también por días, distinguiendo entre festivos y laborables. En 2023 se contabilizaron 59 feminicidios, un 16,66% más que en 2022 (50) y un 13,4% más que en 2021 (52). Del total de feminicidios registrados desde 2006 (1.073), el porcentaje más alto se alcanzó en el mes de julio (9,88 %), seguido por junio y diciembre (9,23 %), enero y agosto (8,76 %), septiembre (8,48 %), mayo (8,20 %), febrero (8 %), octubre (7,64 %) marzo (7,55 %), abril (7,18 %) y noviembre (6,90 %). En los meses de julio, junio y diciembre la incidencia de feminicidios ha sido más alta, seguidos por agosto, enero y septiembre, coincidiendo por tanto las tasas más altas con periodos vacacionales.
En su análisis, la memoria de la Fiscalía desglosa los días festivos (autonómicos o nacionales), fines de semana o diarios y laborables entre 2021 y 2023 y los compara con los mismos en los meses donde se cuentan más feminicidios (enero, junio, julio, agosto, septiembre, y diciembre). El resultado es que, en 2021, el porcentaje de feminicidios en días laborales de esos meses con respecto a los laborables al resto del año es del 67,7%; en 2022 el 58,6% y en 2023 el 56,7%. Concluye, por lo tanto, la memoria de la Fiscalía que: “Teniendo en cuenta que la mayoría de los feminicidios que se cometieron en días laborales fueron ejecutados precisamente en esos meses, podríamos concluir que en los periodos en los que la relación social y familiar extensa se produce con mayor intensidad (vacaciones, fines de semana o días festivos) se cometen más feminicidios”.
15 de las 59 mujeres asesinadas en 2023 habían denunciado previamente al presunto agresor (el 25,4%), un descenso del 18,6% respecto a 2022. En cuanto a los «agresores persistentes» del total de 59 presuntos feminicidas, 7 tenían antecedentes de violencia de género con otras parejas (el 11,86 %). El 39,9 % de los feminicidios se cometieron en núcleos urbanos de hasta 50.000 habitantes y en concreto el 28,8% en municipios de hasta 20.000. De las mujeres asesinadas que habían denunciado previamente, el 21,8% provenían de núcleos urbanos más pequeños (de hasta 50.000 habitantes) frente al 30,5. Según la Fiscalía eso tiene que ver por “la mayor dificultad de estas mujeres a la hora de identificar y reconocer la violencia, a denunciarla por esa razón y por el miedo al estigma, y la mayor dificultad en el acceso a los recursos específicos de violencia de género”.
Por último, en el caso de violencia de género ejercida por menores, en 2023 se han registrado 807 causas, lo que refleja un incremento del 11% respecto a las 727 causas registradas en 2022. Es la cifra más alta de los últimos cuatro años. Esta tipología penal, recoge la memoria, “resulta muy preocupante porque pone de manifiesto que no están calando en nuestros jóvenes los grandes esfuerzos que se están realizando en la formación en igualdad, predominando una deficitaria educación en valores que el entorno educativo del menor no ha sabido paliar”
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