Tres de cada cuatro menores han sufrido violencia sexual en el ámbito digital

El 72% de los menores ya cuenta a los 12 años con un teléfono móvil, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra preocupa a los expertos tras conocer que tres de cada cuatro niños y adolescentes, lo equivalente al 75,4%, se han visto envueltos en una situación de violencia sexual mediante dispositivos electrónicos. Los chantajes con la difusión de fotografías íntimas y el reenvío de contenido sexual personal sin consentimiento son las situaciones que más les afectan. Pero solo uno de cada cinco ha denunciado las amenazas y extorsiones con la propagación de mensajes, fotos o vídeos privados y con la creación de imágenes comprometidas con inteligencia artificial. Así lo ha concluido el estudio Violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito digital, presentado este lunes y llevado a cabo entre febrero y mayo por la Fundación Mutua Madrileña con la colaboración del Equipo Mujer Menor de la Guardia Civil, tras encuestar a 1.000 padres, con hijos de 8 a 17 años, y a 2.000 jóvenes de entre 16 y 22.

La jefa del Departamento de Investigación Criminal y Coordinación de la Unidad Técnica de Policía Judicial, María Dolores Gimeno, ha calificado la situación de “extrema gravedad”. La primera adolescencia es la edad a la que suelen darse estas agresiones de violencia sexual digital, concretamente entre los 13 y los 15 años. “Es una etapa de vulnerabilidad en la que no disponen de herramientas y resiliencia para prevenir y afrontar los hechos”, ha asegurado el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin.

El fuerte impacto emocional de los padres por el hecho de que sus hijos hayan recibido fotos sexuales no solicitadas casi dobla al manifestado por los hijos. La conmoción también es mayor para ellos cuando, por ejemplo, una persona adulta contacta con los niños con fines sexuales. Los jóvenes no normalizan la situación, pero les cuesta más ser conscientes de la envergadura de los hechos. La preocupación de los padres puede verse agravada por no haber detectado ningún síntoma de alerta para frenar el problema, según ha apuntado Cooklin.

El 29,5% de los menores de edad que ha sufrido algún tipo de violencia sexual digital necesitó tratamiento psicológico para superar la experiencia vivida. La razón más mencionada por los jóvenes para no denunciar es la percepción de que no es algo tan grave, seguida de que no servirá de nada y del desconocimiento de que la situación puede ser objeto de acusación.

Esta realidad ha propiciado la elaboración de un anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales, cuyo borrador incluye un protocolo específico para detectar los usos problemáticos de la tecnología dentro de las revisiones periódicas que realizan los pediatras; una orden de alejamiento virtual de redes sociales, foros, plataformas de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual para quienes cometan estos delitos digitales y nuevas penas para quienes creen o difundan imágenes de alguien o voces falsas con herramientas de inteligencia artificial, “simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias” sin el consentimiento de la persona afectada.

Las circunstancias más habituales, con las que se encuentran cuatro de cada 10 menores de edad, tienen que ver con la recepción de contenido sexual en imágenes o comentarios, mensajes insistentes que buscan una relación y el acceso involuntario a material erótico, no solicitado. En la mayoría de los casos, las personas del entorno de confianza de los chicos son las principales señaladas como las causantes de estas situaciones. Entre ellas se encuentran sus parejas y exparejas, amigos, familiares y compañeros de estudios. El 57,6% tiene una edad similar a la de su víctima y no ha alcanzado los 18 años. La mayor parte de los agresores son varones que actúan solos o en grupo.

Otros problemas con menor incidencia, pero que tienen un mayor impacto en la vida y la salud emocional de los afectados, son las que tienen que ver con la violación del derecho a la intimidad, cuando los jóvenes son presionados para enviar vídeos sexuales. Los perfiles falsos en Internet que se hacen pasar por ellos y las fotografías creadas con inteligencia artificial para mostrarles sin ropa también les afectan. La Guardia Civil de Valencia ha investigado en febrero a cinco menores de edad por la modificación y posterior difusión de imágenes conseguidas en las redes sociales de alumnas de varios centros docentes a las que exponían con falsos desnudos.

Sin embargo, los delitos presentan diferencias según el género de la víctima. Ellas están más expuestas a la recepción de fotos, mensajes o comentarios sexuales no deseados o a la insistencia del agresor para tener una relación física. En ellos, las burlas o los insultos por sus contenidos publicados en la red son más frecuentes. Los chantajes con la difusión de contenido privado o el espionaje y control por sus parejas u otras personas les afectan por igual.

Preocupa que casi uno de cada tres afectados no le ha contado su situación a nadie y tres de cada cuatro no se la han trasladado a sus padres. Pero los que sí compartieron con sus progenitores el problema se han sentido apoyados, en su gran mayoría. La vergüenza, la falta de confianza o el temor a una reprimenda suponen el principal motivo para no decirlo.

La educación digital comienza en el hogar, y por ello, Gimeno considera imprescindible la sensibilización respecto a este asunto: “A cualquier dato o imagen que se comparte en la web se le pierde el control, aunque se borre del dispositivo posteriormente”. También ha advertido de que si una persona reenvía un contenido sexual, se convierte en culpable.

Ha aconsejado a los padres “establecer un núcleo de confianza con los hijos para conocer las aplicaciones que utilizan y el uso que le dan al dispositivo móvil”. Además, ha incidido en la importancia de establecer controles parentales que permiten a Apple y Google activar límites de tiempo frente a la pantalla del móvil, bloquear aplicaciones y restringir el acceso a contenido para adultos.

Gimeno es consciente de que los progenitores no son nativos digitales. Por ello, ha insistido en que los profesores, que son referentes para los más pequeños, deben fomentar hábitos tecnológicos saludables. Considera que los menores tienen que poder acceder a materias sobre privacidad y seguridad online. “Empiezan a chatear con un desconocido, piensan que es una persona de su edad y tiene 60 años y antecedentes de agresión sexual. Su inocencia les lleva a creerles”, ha advertido. Incluso, estima oportuno que los padres y madres tengan la posibilidad de acudir a diversos talleres sobre los riesgos de la tecnología.