La “ley del latido” de DeSantis, que prohíbe el aborto a las seis semanas, entra en vigor en Florida

Abortar después de la sexta semana de embarazo es ilegal en Florida a partir de este miércoles, con la entrada en vigor de un fallo del pasado 1 de abril del Tribunal Supremo conservador de ese Estado, que tumba la norma anterior, que permitía la interrupción del embarazo hasta las primeras 15 semanas de gestación. Se incluyen excepciones si está en riesgo la vida de la madre y para los casos de violación, incesto o tráfico de personas.

La entrada en vigor de la Ley del Latido, así llamada porque fija el plazo en torno al momento en el que se detectan las constantes vitales del feto, equivale prácticamente a una prohibición total: la mayor parte de los expertos coincide en que muchas mujeres no pueden saber que están embarazadas a esas alturas. Se trata de la última consecuencia de la sentencia con la que el Tribunal Supremo estadounidense tumbó en junio de 2022 el precedente de Roe contra Wade (1973), y con ella, la protección federal del derecho al aborto. Aquel fallo dejó tras de sí un mutante y caótico mapa al trasladar a los Estados la potestad para regular sobre el tema.

La nueva ley ―promovida y firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis, ya de vuelta a sus labores tras su aventura fallida como candidato a la designación republicana para la Casa Blanca― tendrá efectos que trascienden las fronteras de Florida, que se había convertido en receptor de pacientes de otras partes del Sur del país. Desde este miércoles, queda sellado un gigantesco desierto para la libertad sexual y reproductiva de las mujeres, que incluye los Estados de Texas, Luisiana, Misisipí, Oklahoma, Alabama, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Misuri, Indiana y Virginia Occidental, donde el derecho está completamente prohibido salvo en muy contados casos, así como Georgia y Carolina del Sur, lugares en los que no está permitido a partir de la sexta semana.

De modo que ahora una paciente de, pongamos, Cayo Hueso, en el extremo meridional de Florida, tendrá que conducir durante 14 horas (y casi 1.500 kilómetros) para llegar a una clínica de Charlotte, en la frontera de Carolina del Sur con la del Norte, Estado en el que la interrupción del embarazo está permitida hasta la decimosegunda semana, aunque con una gravosa condición: la ley obliga a las pacientes a que pasen de 72 horas entre la primera y la segunda consultas, una espera que se encuentra entre las más amplias del país y que persigue, según sus defensores, que estas tengan tiempo para reflexionar, pese a que el 92%, según un estudio del Instituto Guttmacher, no cambia de idea.

“Esa obligación complica mucho las opciones para las mujeres de Florida, sobre todo, las que se encuentran en una situación más desfavorable, y especialmente, para la población latina”, explicó este martes en una conversación telefónica Michelle Quesada, vicepresidenta de comunicaciones de Planned Parenthood del Sur, Este y Norte de Florida, con ocho clínicas en esa parte del Estado (el tercero más poblado de la Unión, un territorio en el que Planned Parenthood es el mayor proveedor de abortos). “No solo les obliga a viajar a un lugar muy lejano, sino que también les exige un gran desembolso: tienen que pasar fuera al menos cinco días fuera de casa, con sus noches de hotel y dietas correspondientes, y pedir permiso en el trabajo”, recuerda Quesada. “Hay que tener en cuenta que muchas de las mujeres que abortan ya tienen hijos, y buscar con quién dejarlos es un problema añadido”.

Esos obstáculos, confirma Quesada, que explica que el último mes sus médicos han estado trabajando a pleno rendimiento para dar servicio a las pacientes antes de la llegada de este miércoles, las empuja a otra opción aún un poco más al norte: Virginia, Estado en el que un triunfo demócrata en las elecciones del pasado mes de noviembre alejó la aspiración del Partido Republicano de cambiar la regulación sobre el aborto y bajar de las 15 semanas actuales a seis.

Votación en noviembre

La entrada en vigor de la Ley del Latido supone un triunfo tanto para el gobernador DeSantis como para las organizaciones antiabortistas de un Estado que se ha convertido en sólidamente republicano en los últimos años. Aunque esa victoria podría tener los meses contados. El mismo día en el que el Supremo estatal dio luz verde a la entrada en vigor de la norma, sus magistrados aprobaron el texto que se someterá a votación en el próximo mes de noviembre, cuando además de elegir al inquilino a la Casa Blanca, los habitantes de Florida decidirán si incorporan una enmienda a su Constitución estatal que blinde el derecho al aborto.

El texto, resumido, dice así: “Ninguna ley prohibirá, penalizará, retrasará o restringirá el aborto antes de la viabilidad o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente, según lo determine el médico de esta. Esta enmienda no cambia la autoridad constitucional del Legislativo para exigir la notificación a un padre o tutor antes de que una menor se someta a un aborto”.

Las organizaciones antiabortistas consideran que el texto es engañoso y que abre la puerta a que se puedan interrumpir embarazos hasta poco antes del nacimiento. “Es sumamente radical”, opina la radióloga Grazie Christie, que habla en nombre de la fundación Susan B. Anthony, una de las más activas de Estados Unidos en contra del aborto. “El concepto de la viabilidad es muy inconcreto. Lo hacen a propósito”, considera, antes de admitir en una entrevista telefónica celebrada esta semana que hay consenso médico en que se puede fijar a la altura de las semanas 21 o 22, plazo que rigió en Florida hasta 2022. “La enmienda dice que hasta la viabilidad se puede hacer por cualquier motivo, y a partir de entonces, por razones de salud, pero ahí entra, lo hemos visto en otros Estados, la salud psicológica: es decir, ‘tengo mucha ansiedad, no puedo dormir, me muero de la preocupación’. Es un crimen”.

Lo cierto es que la gran mayoría de los abortos se practica en las primeras 15 semanas. Según Planned Parenthood y otras organizaciones, las interrupciones del último trimestre obedecen en la mayor parte de los casos a motivos de salud física.

A Christie también le preocupa que una enmienda constitucional “queda en cemento”, “porque no es fácil de cambiar”. “Si no les gusta la Ley del Latido, basta conque ganen la mayoría en el Congreso de Tallahassee y aprueben una nueva norma. Si tocamos la Constitución, es una cosa muy distinta”, argumenta. Para forzar la votación de noviembre, las asociaciones que promueven el referéndum, entre las que se encuentra Planned Parenthood, tuvieron que reunir 222,898 firmas. Para que salga adelante, la iniciativa debe recibir un apoyo de más del 60% del electorado. A estas alturas, las encuestas les son favorables. En noviembre, también se preguntará a los votantes sobre el tema en Nueva York y Maryland. Otros 12 Estados se encuentran en el proceso de reunir firmas para que la decisión se incluya en la papeleta.

El recurso a los argumentos de los abortos tardíos y a los peligros para los menores, compartidos por DeSantis, recuerda a la estrategia seguida por otras campañas para evitar que saliera adelante una enmienda como la que se votará en Florida. Sucedió en Míchigan en 2022, o en Ohio, el año pasado. En ambos Estados, y en los otros cinco en los que se ha permitido a los votantes decidir sobre la libertad reproductiva de las mujeres, la cosa no funcionó, y el resultado siempre fue el mismo: el blindaje de la protección del aborto. El tema que promete ser uno de los más candentes de la campaña electoral que enfrentará, si nada se tuerce, a Donald Trump contra Joe Biden.

En la candidatura demócrata, el tema, en el que confían para movilizar a sus bases y a los indecisos, ha recaído en manos de la vicepresidenta, Kamala Harris, que este miércoles viajará a Jacksonville para un evento que “se enfocará en la influencia de la libertad reproductiva en las elecciones”. Además de los derechos de esas mujeres, hay 30 votos electorales en juego. Un (improbable) triunfo demócrata en Florida ayudaría enormemente a las aspiraciones de Biden de continuar en la Casa Blanca.