EE UU, un año después de la sentencia del Supremo que derogó la protección federal del aborto: mapa de un país fracturado

Cuando el 24 de junio de 2022 el Tribunal Supremo derogó el derecho federal al aborto en Estados Unidos en una votación de seis contra tres, lo que hizo en realidad fue devolver el poder para legislar a cada uno de los 50 Estados del país. Aquella sentencia histórica, que tumbó, este sábado hará un año, el precedente de medio siglo de otro fallo del mismo alto tribunal, el histórico Roe contra Wade (1973), ha dejado tras de sí un mutante mapa de retales para los derechos de salud reproductiva de las mujeres. Esa cartografía es también el fiel reflejo de una sociedad polarizada.

Al menos 25 Estados, casi todos gobernados por el Partido Republicano, han decidido desde entonces prohibir o restringir severamente el derecho al aborto, mientras que en otros lugares del país, lugares de querencia demócrata como Colorado o California, su protección ha quedado reforzada en este tiempo. Entre tanto, la legalidad de la mifepristona, popular fármaco que concursa en alrededor de la mitad de las interrupciones del embarazo que se practican en Estados Unidos, está en entredicho tras el dictamen de un juez federal de Texas.

En la América postRoe, más de 25 millones de mujeres de entre 15 y 44 años, en torno a dos de cada cinco, viven en Estados en los que las condiciones para abortar se han endurecido, según AP, en los 12 meses desde que el Supremo, el más conservador en ocho décadas, dictó la sentencia Dobbs contra Women’s Health Clinic, caso que también ha quedado fijado en los manuales de historia legal estadounidense. Más de 5,5 millones residen en lugares cuyos políticos han tomado decisiones en esa misma dirección restrictiva, pero que están en suspenso, impugnadas en los tribunales por asociaciones como Planned Parenthood (PP), que opera en torno a la mitad de las clínicas del país. La organización está tras la denuncia que paralizó la entrada en vigor de una ley de Utah, que estaba lista a la espera de la sentencia del Supremo. El de Utah es solo uno del medio centenar de casos abiertos en los tribunales tras la caída de Roe.

En la otra mitad del país, el aborto sigue siendo legal durante hasta, al menos, las primeras 24 semanas de embarazo. En 20 estados, de Kansas a Minnesota, esas protecciones, súbitamente puestas en duda después de medio siglo, se han consolidado por ley o incorporado como enmienda a sus constituciones tras una votación en las urnas.

Geográficamente, la sentencia ha configurado un mapa en el que vastas regiones del Sur y del Medio Oeste se han convertido en un “desierto para los derechos de las mujeres”, en la definición de Isabel Guarneri, del Guttmacher Institute, entidad no partidista de referencia en la relación entre salud reproductiva y políticas públicas.

Ese desierto está cerca de cerrar su silueta hasta abarcar casi todo el Sureste de Estados Unidos, si entran en vigor sendas leyes impugnadas en Florida y las dos Carolinas, que bajarían los límites para abortar. En la del Sur, hay una ley con un plazo de seis semanas; está bloqueada por un juez y a la espera de su revisión por un Supremo estatal conservador. En la del Norte, está previsto que entre en vigor el 1 de julio una norma que prohíbe las interrupciones del embarazo a partir de las 12 semanas.

Como consecuencia de ese mapa cambiante, han quedado oasis, como Illinois o Kansas, donde un referéndum blindó en agosto la libertad de decidir de las mujeres, rodeados de estados en los que no es posible abortar. Una de las consecuencias más inmediatas de la sentencia Dobbs fue que generó un auténtico éxodo de pacientes empujadas a viajar a centenares o miles de kilómetros para poder interrumpir sus embarazos, convirtiendo el aborto en un derecho también determinado por razones geográficas y económicas.

Políticamente, se ha demostrado un asunto más complejo que el que las organizaciones contrarias a su protección habían anticipado desde hacía 40 años, tiempo durante el que pelearon y presionaron política y judicialmente para lograr que el Supremo, con tres jueces nombrados durante la Administración de Donald Trump con la misión expresa de tumbar Roe, adoptara una decisión proclive a su lucha.

En las elecciones legislativas del pasado noviembre quedó demostrado el empuje político del aborto. La salud reproductiva de las mujeres fue un argumento electoral decisivo para frenar la “marea roja” (rojo es el color del conservadurismo en Estados Unidos) que anticipaban los republicanos y que nunca llegó. En su campaña para renovar en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden subrayó las amenazas a la salud reproductiva como uno de los motivos para pedir el voto. Los candidatos a la designación republicana para las elecciones de 2024, una abultada lista sin cerrar que encabeza con holgura el expresidente Trump, están demostrando en los primeros compases de la campaña que han aprendido la lección y han evitado por lo general pronunciarse explícitamente sobre un tema tremendamente divisivo.

A las aspiraciones del gran rival de Trump, el gobernador de Florida Ron DeSantis, le está pasando factura que firmara en abril una de las leyes más restrictivas del país, que fijaba en seis semanas el plazo para abortar y contempla hasta la decimoquinta las salvedades de la violación o el incesto (la norma carga el peso de la prueba sobre la denunciante, que está obligada a aportar un informe médico y un atestado policial). En el otro lado del espectro político, otra gobernadora, Gretchen Whitmer, se confirmó como una estrella ascendente del universo demócrata después de lograr en las legislativas de noviembre que el tema hiciera que Míchigan, su Estado, volviera a completar por primera vez desde 1984 lo que aquí se conoce como una trifecta, y se da cuando el puesto del gobernador y la mayoría de las dos cámaras legislativas son del mismo partido.

Cuando cayó Roe, las encuestas hablaban de dos terceras partes del país en contra de endurecer las condiciones para interrumpir un embarazo. Un sondeo encargado por la cadena de noticias NBC News fijó esta semana en un 61% el porcentaje de estadounidenses que desaprueban la decisión que tomó el Supremo hace un año. Según un agregado de sondeos publicado este viernes por The New York Times, por primera vez la mayoría considera el aborto “moralmente aceptable”. También, que las nuevas leyes sobre el aborto que han entrado en vigor en este año son “demasiado estrictas”.

La demoscopia sigue sin torcer el brazo a los miembros del ala más dura del Partido Republicano. Tal vez el mejor ejemplo de cómo el derecho a decidir de las mujeres lleva medio siglo convertido en uno de los asuntos que más enfrenta a las dos américas lo ofrezca uno de los más extremos: el congresista por Alabama Tommy Tuberville. Lleva bloqueados los ascensos de aproximadamente 200 militares de alto rango en regiones clave para la defensa de Estados Unidos debido a la política permisiva con el aborto del Pentágono, que permite a sus miembros cogerse unos días de permiso para abortar y garantiza el reembolso de los gastos del viaje para aquellas que necesitan desplazarse. Ambas facilidades son una quimera para la mayoría de las empleadas poco cualificadas. En Estados como Texas, a esos impedimentos económicos se suma el castigo penal: una persona que acceda a un aborto se enfrenta, tras la ley aprobada en septiembre de 2021, a penas de hasta cinco años de cárcel.

La cascada de normas prohibicionistas como la de Texas ha bajado el número de abortos: según el cálculo mensual que hace la encuesta #WeCount, que recopila datos de clínicas por todo el país, en abril de 2023 se practicaron en Estados Unidos 25.650 interrupciones del embarazo menos que en el mismo mes del año anterior, cuando aún estaba Roe en pie.

El siguiente objetivo del movimiento antiabortista estadounidense tiene la vista puesta en la prohibición de la mifepristona, el medicamento más popular para abortar en su combinación con otra pastilla: el misoprostol. El primero interrumpe la gestación; el segundo, vacía el útero.

En enero, un cambio en las reglas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA son sus siglas en inglés) permitió la venta de esas pastillas en las farmacias minoristas. Matthew Kacsmaryk, juez federal nombrado por Trump, paralizó en abril provisionalmente la administración de la primera. En la práctica: esa decisión nunca llegó a entrar en efecto. Los mismos nueve jueces del Supremo que en junio pasado derogaron Roe corrigieron la opinión de un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans, cuyos magistrados fijaron restricciones para la administración de la mifepristona mientras revisaban la sentencia del ultraconservador Kacsmaryk.

Aquel dictamen del Supremo de Washington supuso un raro alivio para el movimiento en favor del aborto en Estados Unidos, aunque no haya ahuyentado la posibilidad de que esas píldoras acaben prohibidas en todo el país. El fallo que tumbó ahora hace un año Roe contra Wade también ha tenido consecuencias sobre el alto tribunal. La filtración, en mayo de 2022, del borrador de este sumió a la institución en una crisis sin precedentes que aún, con el filtrador sin identificar, está lejos de haberse cerrado.

La sentencia sobre el aborto también ha contribuido a minar la credibilidad de los estadounidenses en su más alta instancia judicial, nunca tan puesta en cuestión, también por la sombra de corrupción que se cierne sobre algunos de sus miembros, que son elegidos de por vida. Según la encuestadora Gallup, cerca del 60% de los estadounidenses desaprueba su criterio, por considerarlo partidista y demasiado conservador. Se trata de un máximo histórico.

En aquel texto legal, uno de los de mayor influencia de las últimas décadas en la sociedad estadounidense, se decía que el precedente de Roe “estuvo atrozmente errado desde el principio”, porque el aborto no es un derecho contemplado por la Constitución. En una de las opiniones concurrentes, el juez Clarence Thomas escribió: “Deberíamos reconsiderar todos los precedentes”. Y con ello, se refería a los casos que, basándose en la decimocuarta enmienda, que protege, entre otros derechos, el de la intimidad, Obergefell contra Hodges (2015), que legalizó el matrimonio homosexual, Lawrence contra Texas (2003), que acabó con la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo (2003) y Griswold contra Connecticut (1965), que permitió a las parejas casadas el uso de anticonceptivos.

De momento, ese temor de los activistas progresistas de que continué la senda emprendida hace un año por el tribunal no se ha materializado. A cambio, en lugares dominados por el Partido Republicano han avanzado en la aprobación de leyes que limitan los derechos de las personas trans en al menos 19 estados. En muchos casos, esa nueva cruzada (a principios de 2021 no existía ninguna ley al respecto, pero ya promete convertirse en uno de los campos de batalla de las elecciones presidenciales del próximo año) se plantea como complementaria a la de la restricción de los derechos de las mujeres a decidir que ha dominado la vida estadounidense en este año.