El Supremo de Estados Unidos mantiene de momento el acceso a la píldora abortiva mifepristona

El Tribunal Supremo dio este viernes un respiro al movimiento en favor del aborto en Estados Unidos. Los mismos nueve jueces que en junio pasado derogaron la protección federal de ese derecho con una sentencia que tumbó el precedente de medio siglo sentado por el fallo Roe contra Wade (1973) quitaron a última hora de la tarde la razón a un tribunal de apelaciones de Nueva Orleans. Sus magistrados habían fijado restricciones para la administración de la mifepristona mientras revisaban la decisión de un juez federal ultraconservador de Texas que prohibió hace un par de semanas el popular medicamento. La mifepristona concursa en alrededor de la mitad de las interrupciones de embarazos que se registran en el país, y el alto tribunal ha decidido garantizar su pleno acceso mientras continúa la batalla legal.

La decisión del Supremo, que atendía a una reclamación del Departamento de Justicia y de los laboratorios Danco, fabricantes con sede en Nueva York de Mifeprex, su comercialización más popular, se saldó con siete votos a favor y dos en contra. Eso implica que todo sigue como estaba: al menos hasta que se decida sobre el fondo del asunto, la mifepristona es legal hasta las primeras 10 semanas del embarazo, y no, como pretendía el tribunal intermedio, solo hasta la séptima. También podrá obtenerse sin una visita previa al médico y a vuelta de correo.

El dictamen, de cuatro páginas, llegó algo más de cinco horas antes del límite de la medianoche que los magistrados se habían dado el miércoles pasado. Era el segundo aplazamiento, y cupo interpretarlo como un síntoma de la división que sobre este asunto reina en el seno del Supremo, que, tras los tres nombramientos que alcanzó a hacer el expresidente Donald Trump durante su única legislatura, tiene una supermayoría, inédita en ocho décadas, de seis jueces conservadores frente a tres progresistas.

Los dos magistrados que disintieron en esta ocasión son Clarence Thomas, que estos días vive acosado por la turbia sombra de la corrupción y prefirió no exponer sus motivos, y Samuel Alito. La opinión de este se lleva casi todo el espacio del documento y en su argumentación hace propios algunas de las razones de los demandantes en Texas.

La decisión pone fin a dos semanas de incertidumbre, líos judiciales e inseguridad jurídica. Todo empezó el 7 de abril, cuando un juez de Texas llamado Matthew Kacsmaryk, magistrado federal conservador también designado por Trump, ordenó en la ciudad de Amarillo prohibir con efectos para todo el país la mifepristona, al dar la la razón a un grupo antiabortista de reciente creación, Alianza por una Medicina Hipocrática, en su denuncia a la agencia del medicamento estadounidense (FDA son sus siglas en inglés).

Ese grupo considera que la FDA aprobó sin las suficientes garantías médicas hace 23 años el uso del fármaco, que suele combinarse con otra píldora, el misoprostol. La primera detiene la producción de progesterona e interrumpe el embarazo, mientras que la segunda sirve para evacuar el útero de la paciente. En estas dos décadas, un centenar de estudios científicos han concluido que esos fármacos son seguros, y que no tienen contraindicaciones más graves que otros medicamentos de uso extendido. Según la FDA, 5,2 millones de mujeres los han usado en este tiempo.

Medidas cautelares

El mismo día del fallo de Texas, se hizo pública en la otra punta del país la decisión contradictoria de un juez del estado de Washington, que ordenaba que se mantuviera el acceso a la mifepristona en los 17 estados cuyos fiscales generales demócratas, temiéndose lo peor, habían presentado una demanda preventiva. La coincidencia de ambas resoluciones sembró una considerable confusión entre médicos, pacientes, empresas farmacéuticas y activistas a favor y en contra del aborto.

En su sentencia, que al ser de un juez federal tiene efecto en todo Estados Unidos ―también en los estados que protegen el derecho al aborto―, Kacsmaryk daba un plazo de siete días hasta su entrada en vigor. Ese plazo lo aprovechó el Departamento de Justicia, que recurrió el fallo, y así el asunto aterrizó ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que tiene sede en Nueva Orleans y potestad sobre Texas, Luisiana y Misisipi. Sus magistrados plantearon tres restricciones mientras estudiaban el caso. Y el Departamento de Justicia y la farmacéutica impugnaron la semana pasada esas medidas cautelares ante el Supremo.

La primera de esas cortapisas era una cuestión de tiempo. Cuando la FDA aprobó su uso en 2000 se fijó en siete semanas el plazo para la administración de la píldora abortiva. En 2016, basándose en evidencias científicas, decidieron ampliarlo hasta las 10 semanas.

Las otras dos buscaban revertir la decisión con la que la Administración de Joe Biden convirtió en 2021 en permanentes medidas temporales adoptadas durante la pandemia, tiempo en el que las visitas innecesarias al médico quedaron en suspenso. Tras ese cambio, era posible recibir la mifepristona por correo y sin tener que verse con un facultativo. Lo contrario suponía en la práctica un obstáculo para muchas mujeres en un país en el que es común que en los trabajos, sobre todo los peor pagados, no concedan permiso por motivos médicos, o que si se conceden sea a costa del sueldo.

No es solo eso. Tras la decisión que tumbó Roe contra Wade, el Supremo devolvió la potestad para legislar sobre el tema a los estados (con la idea de, como escribió Alito, redactor de la sentencia, “regresarla al pueblo y a sus representantes electos”). Al menos 18 lo han prohibido o restringido severamente. Y en algunos, lo han convertido en un delito que acarrea penas de cárcel, de modo que obligar a las pacientes a una visita al médico puede acabar siendo una prueba incriminatoria en un juicio penal.

Este penúltimo episodio de las guerras del aborto demuestra que los sectores más conservadores, que llevan décadas peleando en los juzgados, influyendo en los nombramientos del Supremo y manejando sus hilos en los pasillos del Capitolio para lograr sus objetivos, no quedaron del todo satisfechos con el triunfo que supuso tumbar Roe contra Wade. La demanda de Texas es un buen ejemplo de que su cruzada regresiva no ha terminado, y que ahora se centra en los medicamentos abortivos.

Para lograr sus objetivos, esta vez recurrieron conscientemente a Kacsmaryk, juez que proviene del activismo conservador cristiano. Su elección para el Distrito Norte de Texas se topó en 2019 con la oposición de importantes asociaciones en defensa de los derechos civiles, y de senadores republicanos como Susan Collins (Maine). Durante su confirmación en el Congreso, Collins puso objeciones a su historial, que, dijo, demuestra “un prejuicio alarmante contra los colectivos LGTBI, así como desprecio por los precedentes del Supremo”. En su jurisdicción, Kacsmaryk se ocupa del 95% de los casos, y los demandantes buscaban claramente un perfil favorable a sus aspiraciones. Esa práctica en inglés se conoce como court shopping, algo así como ir de compras en busca del juez que más conviene.

La pequeña trampa desde dentro del sistema puede en este caso tener una enorme trascendencia jurídica. Si prevaleciera la sentencia del juez de Texas, abriría la puerta a impugnar, por la vía del precedente, la aprobación de otros medicamentos por parte de la FDA, lo que contribuiría a la inseguridad de los pacientes. Cabe inscribir además la jugada en los intentos del movimiento conservador estadounidense de minar el funcionamiento de las agencias federales, ya sea la del medicamento, como en este caso, el FBI o la EPA, que vela por la protección del medioambiente.

Tal vez por eso, el presidente Joe Biden expresó poco después de que saltara la noticia su respaldo a la FDA. “Mi Administración”, dijo en un comunicado, “continuará defendiendo su autoridad independiente y experta para revisar, aprobar y regular una amplia gama de fármacos recetados”.

Alexis McGill Johnson, presidenta y directora de Planned Parenthood Federation of America, que gestiona la mayor red de clínicas abortivas del país, declaró por su parte: “Sentimos alivio porque el acceso a la mifepristona siga protegido mientras continúa este caso, que carece de fundamento. Podemos tomarnos un respiro, pero sin perder la vigilancia. Los políticos antiaborto y sus aliados no se detendrán hasta prohibir el aborto en todo el país. El aborto con medicamentos sigue estando bajo amenaza”.

Este viernes, su organización ganó una batalla, pero la guerra continúa en un tribunal de Nueva Orleans. Y no cabe descartar que en próximas escaramuzas el caso acabe de nuevo en el Supremo.