Colorado: lecciones de un Estado refugio para blindar el aborto en EE UU

La alarma que sacó a la activista Aurea Bolaños Perea del letargo fue la entrada en vigor en septiembre de 2021 de la Ley del Latido de Texas. Espejo de muchas normas que vendrían después, prohibió los abortos a partir de las seis semanas de gestación, cuando la mayoría de las mujeres no pueden saber aún que están embarazadas.

Todavía faltaban nueve meses para que el Supremo estadounidense tumbara al final de ese curso judicial la protección de un derecho que había convertido en federal otro fallo del mismo tribunal, Roe contra Wade (1973). La proximidad con Texas (y la frontera compartida con Oklahoma, que pronto siguió el mismo camino) llevó a Bolaños Perea, junto a otros activistas y abogados de Colorado, a preguntarse qué garantías de salvaguarda de la libertad reproductiva existían en el ordenamiento estatal. “La respuesta fue: ninguna”, explicó ella recientemente en unas modernas oficinas del centro de Denver.

La organización para la que trabaja, Color Latina ―que nació como una respuesta a la epidemia del Sida y acaba de cumplir 25 años en defensa de los “derechos reproductivos” de la comunidad hispana (un 22,5% de la población de Colorado, con mayoría de mexicanos, según el último censo)― empezó entonces a colaborar con otras en el diseño de una norma que pudiera llegar antes de que el Supremo dictase una sentencia cuya orientación, cuando se dio a conocer hace poco más de un año, no cogió a nadie por sorpresa. Y mucho menos tras la filtración en mayo de 2022 de uno de sus borradores. Fruto de aquellos esfuerzos, el Capitolio de Denver aprobó la Ley de Equidad en la Salud Reproductiva, que reconocía como derechos fundamentales el acceso a los anticonceptivos y al aborto, que está, como en otros seis Estados del país, permitido hasta el final del embarazo.

El trabajo no terminó ahí, y durante la última legislatura, que acabó el pasado mayo, el Parlamento de mayoría demócrata de Colorado sacó adelante un paquete normativo que va más allá y que lo convierte en uno de los lugares más progresistas del país, junto a California, el vecino Nuevo México o Massachussets. Mientras todo eso sucedía, al menos 21 Estados han prohibido o restringido severamente el aborto desde que el Supremo les devolvió la potestad de regular sobre el tema.

El paquete de Colorado lo integran tres leyes. La primera blinda a quienes practiquen o colaboren en un aborto o den tratamientos de transición de género ante la persecución legal prevista en jurisdicciones como Oklahoma, Mississippi o Texas, donde se contemplan penas de hasta cadena perpetua para los infractores. También exhime a la policía de Colorado de colaborar en esas investigaciones criminales. La segunda ley obliga a los seguros laborales a cubrir la atención reproductiva (con la excepción de los empleados públicos). Y la tercera, promovida por Color Latina y por otra organización llamada New Era Colorado, prohíbe, explica Bolaños Perea, que las clínicas antiaborto “fake” se anuncien o que ofrezcan píldoras para revertir la interrupción de un embarazo (promesa que, según el Congreso Estadounidense de Obstretas y Ginecólogos, “carece de base científica”).

“Nos pusimos en marcha”, aclara la activista mexicana, “cuando vimos tras la caída de Roe que empezaban a inundar las carreteras, las radios y diarios de carteles y anuncios en español. También compran términos de búsqueda para que cuando pongas ‘aborto’, ‘joven’ y ‘Colorado’ te salga en primer lugar uno de esos pseudocentros. La comunidad latina es una de las más afectadas por esas triquiñuelas”. Durante el debate parlamentario, se escucharon testimonios de “doctores y activistas” que hablaban de mujeres a las que en uno de esos lugares, en los que les hacen creer que tienen una cita con un médico y les ofrecen a las pacientes charlas para persuadirlas, ropa gratis o fiestas de bienvenida para el bebé (baby showers), les mostraban ecografías de otros fetos, en estados más avanzados de gestación.

En la promoción de la norma que protege a médicos y enfermeras de la persecución criminal se empeñó Planned Parenthood, que gestiona en torno a la mitad de las clínicas abortivas del país. Concretamente, su filial de las Montañas Rocosas (PPRM), que opera en Colorado, Nuevo México, Nevada y Wyoming, un Estado de mayoría republicana donde no tienen centros.

Adrienne Mansanares, su directora ejecutiva, explica en una videoconferencia que han observado un aumento de pacientes (de un 33% en Colorado), en un flujo de “mujeres convertidas súbitamente en inmigrantes vagando por las carreteras de su propio país”, “que no para de crecer desde la aprobación de la ley de Texas”. Para hacerle frente han aumentado el personal y los días y horas de atención. También han reforzado desde el fallo del Supremo las redes de apoyo a las pacientes llegadas de otros Estados: el mapa de Colorado es un rectángulo perfecto rodeado por tres de sus lados de bastiones antiabortistas. “Algunas nunca se han montado en un avión antes de venir. Otras no disponen de una tarjeta de crédito para registrarse en el hotel. Y la mayoría tiene familias y se tienen que traer a sus hijos. Les damos vales para comida o dinero para gasolina” cuenta Mansanares.

La ley de Colorado no protege a las pacientes de lo que les pueda pasar cuando regresen a casa. Por eso, al centro de PPRM del Este de Denver, llegó un día una mujer de Texas que condujo durante 17 horas y decidió dejar su teléfono móvil en casa, para evitar ser rastreada. “Es incomprensible que algo así suceda. A veces me pregunto si realmente vivimos en Estados Unidos en 2023″, explicó en una de las salas de reuniones de la clínica Jack Teter, director regional de Asuntos de Gobierno de PPRM.

Teter, que participó activamente en el proceso legislativo, calcula que el viaje promedio de las pacientes de fuera de Colorado es de 1.075 kilómetros. “De ahí que fuera tan importante crear un oasis de libertad, con las leyes más avanzadas del país, mientras a nuestro alrededor crecía la ola regresiva. No solo había que garantizar que el aborto sería legal, sino accesible para todo el mundo”. Mansanares advierte que la promulgación de esas leyes fue fruto de “un trabajo de años de pedagogía”, y de inversión en promover en las elecciones a candidatos proclives a la libertad reproductiva.

Resumen de los Evangelios

Cuando salieron adelante, el líder republicano en la Cámara, Mike Lynch, expresó su temor de que estas normas convirtieran Colorado en un destino para “las menores vulnerables, indigentes y asustadas de todo el país”. “Le niegan a una nueva madre la opción de considerar opciones alternativas que no sean interrumpir su embarazo”.

A las puertas de la clínica, un edificio de ladrillo sin atributos en un suburbio cualquiera, tres hombres y una mujer estaban apostados en la mañana en la que lo visitó EL PAÍS para interceptar a quienes accedían al parking. Uno de ellos, Mike (no quiso decir su apellido) explicó que tiene la costumbre de pasar el día allí porque “dentro matan bebés de martes a sábado”. Bill Merritt, pastor retirado, también confirmó su frecuente presencia en ese trozo de calle para repartir unas bolsitas de plástico con dos libros de bolsillo, un resumen de los Evangelios y un compendio de salmos y proverbios del Nuevo Testamento, folletos y un folio con varios teléfonos de esos centros cuya publicidad quedó prohibida por ley. Merritt recordó también que Colorado “no siempre fue así”. “Todo esto es fruto de un cambio en un Estado que se ha vuelto cada vez más liberal”, advirtió.

Porque esta historia también tiene una vertiente política, la de una transformación sin precedentes que solo en parte se explica por una demografía cambiante y cada vez más joven. El excongresista republicano Rob Witweg y el periodista Adam Schrager dedicaron su libro The Blueprint (El plano, 2010) a estudiar cómo se produjo ese insólito viraje en solo cuatro años, entre 2004, cuando el Estado era tirando a rojo intenso (el color conservador en Estados Unidos) y 2008, año desde el que el Estado ha votado una y otra vez demócrata (hasta entonces y desde 1964, siempre habían elegido presidentes republicanos, salvo con Bill Clinton, en 1992).

Antes de eso, recuerda Teter, el Estado era famoso por ser sede de la organización Focus on the Family (aún existe, en Colorado Springs) o por haber aprobado en 1992 una enmienda constitucional que acabaría tumbando el Supremo y que prohibía la protección de los colectivos LGTBI. “En la prensa nacional lo bautizaron como el Estado del Odio”, agrega. En 2015, él se convirtió en la primera persona trans en entrar a trabajar en el Capitolio de Denver. “No me podía imaginar entonces que ocho años después ahí se aprobaría una ley que protegería, además del derecho al aborto, los tratamientos de transición de género”, dice. (Cuando se aprobó, Lauren Boebert, congresista en Washington y tal vez la republicana más famosa de Colorado, reaccionó a la segunda parte con una mentira muy extendida entre el ala más radical de su partido: “Es una completa vergüenza que nuestro Estado legalice la mutilación de niños pequeños bajo la apariencia de atención médica”).

Uno de los protagonistas de The Blueprint es Jared Polis, un emprendedor de internet en la veintena que decidió aplicar las leyes del éxito empresarial al empeño de convertir Colorado en un Estado en liberal. Hoy, Polis tiene 48 años y es su gobernador, el primer homosexual en ocupar un puesto de ese nivel en Estados Unidos. El pasado mes de abril firmó con gesto triunfante el paquete con las tres leyes ante un nutrido grupo de políticos demócratas y activistas. Entre ellas, estaba la senadora Julie Gonzales, que celebró el logro con una frase dirigida a mujeres de todo el país: “Os vemos, y en Colorado os cubrimos las espaldas”.