La violencia machista devoró a Alina, Larisa y Elisa: todo falló para protegerlas

El teléfono sonaba dentro de la casa. Alina Florentina y el hermano de su expareja lo escuchaban desde la puerta de un cortijo insalubre rodeado de la nada en la pedanía de Las Alcubillas, muy cerca del desierto de Tabernas, en Almería. Eran más de las diez de la noche del pasado domingo y ella llevaba horas esperando que el padre de sus hijas fuera a llevárselas. Pero Cristian Iona no descolgaba el teléfono, no abría la puerta. Lo hicieron ellos de una patada. Dentro de esa construcción medio ruinosa, Alina encontró a sus niñas. Llevaban muertas más de doce horas, tenían dos y cuatro años. También a su expareja, que agonizaba. Llamaron a Emergencias, que envió a la Guardia Civil y a una ambulancia, pero no fue posible reanimarlo. Cristian había asesinado a sus hijas envenenándolas con un pesticida y se había suicidado.

Cristian también había maltratado y amenazado a Alina, que tiene ahora 24 años, cuando aún estaban juntos; tenía una orden de alejamiento de ella en vigor por malos tratos y amenazas desde hacía dos años; tenía el juicio por esa denuncia el próximo 10 de abril; y tenía también un régimen de visitas con sus hijas aprobado por un juzgado, aunque modificado en varias ocasiones por los progenitores, de lo que no siempre informaban a la justicia. Antes de que el domingo las asesinara —son cuatro los crímenes por violencia vicaria machista en lo que va de año, 54 desde que hay estadística, en 2013—, habían sucedido muchas otras cosas.

No se sabe cuándo Alina llegó a España desde Rumania, pero Antonia Contreras, alcaldesa de Gérgal, en Almería, cuenta que llegó a su pueblo a final de 2019 o principios de 2020, con Cristian Iona y con Larisa, la mayor de las dos. Se instalaron en un cortijo en La Estación de Gérgal, una pedanía, y él comenzó a trabajar en el campo. Ya entonces, cuenta la alcaldesa, era evidente que “era un maltratador, de mala entraña, desde el día uno”. Con esa violencia obvia para quienes estaban alrededor, pasaron dos años.

Alina volvió a quedarse embarazada y nació Elisa, la pequeña. En su vida ya estaban muchas de las circunstancias que los protocolos policiales establecen como indicadores de riesgo cuando existe violencia machista: estar en un país que no es el tuyo, no tener familia cerca, no contar con una red social, tener hijas pequeñas o estar embarazada. El 24 de mayo de 2022, poco después de nacer Elisa, cuenta Contreras que Cristian “la agredió y tuvo que intervenir la Guardia Civil”. Fue la primera denuncia, pero en el pueblo sabían que no era la primera agresión.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) llevó a las tres a un centro de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género en Almería. Dos días después, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería dictó medidas cautelares a la espera del juicio: otorgó a la madre la custodia de las niñas, mantuvo la patria potestad para ella y el padre aunque sin régimen de visitas ni comunicación con las niñas, estableció el pago de una pensión de 150 euros mensuales para la manutención de cada una y que ellas se quedaran en la vivienda familiar, e impuso la orden de alejamiento y comunicación.

Con esas medidas activas, el IAM las trasladó de Almería a una casa de acogida para víctimas de violencia machista en Granada. En esos centros —de los que hay alrededor de un centenar en España—, psicólogas, trabajadoras sociales y otras especialistas las acompañan y trabajan con ellas. El objetivo es ayudarlas a recuperarse de las marcas de la violencia, también a comenzar una vida fuera de ella. En el que estuvo Alina cuentan que “llegó en situación de extrema vulnerabilidad, porque a las agresiones se unía la absoluta falta de red familiar, cierta marginalidad y una dependencia emocional psicológica de él muy fuerte”.

Vulnerabilidad extrema

Elena Ocejo, letrada de Abogadas por la Igualdad, expone que “si ya es difícil salir de la violencia, en general, cuando están atravesadas por la pobreza, el idioma o la migración, lo es aún más. En este último caso, mujeres solas en países que no son el suyo de origen, el maltratador, siendo el maltratador, se convierte para ellas en la única persona cercana, conocida. Es terriblemente complejo”.

La agresión del 24 de mayo de 2022 por la que Alina estaba en ese circuito institucional consta en el escrito de Fiscalía al Juzgado de Violencia sobre la Mujer como “una discusión que derivó en que el acusado, guiado por el ánimo de menoscabar su integridad física, la cogió del brazo izquierdo y le retorció la mano”. En su declaración judicial, aunque no aparece mencionado en ese documento, Alina añadió “haber sufrido otros episodios de malos tratos, físicos y psicológicos, durante la relación, algunos de ellos en presencia de sus hijas”. Ella necesitó que la viese un médico y unos días para recuperarse.

Tampoco en ese escrito la Fiscalía menciona a las niñas, ni como víctimas directas ni indirectas, aún cuando toda la investigación y la legislación en este ámbito ya reconocen que niños y niñas son víctimas de la violencia por el mero hecho de presenciarla, o de vivir en hogares en los que se da. Lo que sí hizo el Ministerio Fiscal fue solicitar la apertura de juicio oral, catalogó los hechos como delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género y pidió un año de cárcel y 200 euros de indemnización.

Ese juicio estaba señalado para este 10 de abril. Fechas concretas que quienes trabajan con víctimas tienen en cuenta. Momentos como el de la denuncia, un divorcio o un proceso judicial, como en este caso, pueden aumentar el riesgo de una escalada en la violencia que ejerce el maltratador: es cuando pierden el control sobre ellas o saben que pueden perderlo.

“Un desastre familiar y una desatención institucional profunda”

La abogada de oficio de Alina, Rosa María Peñafiel, cuenta que el “desamparo se veía con mirarla, la situación personal era muy dramática, estaba soportando mucho, aunque hacía todo lo posible por aguantarlo”. Recuerda el día que se encontraron en la oficina judicial, tras la agresión: “Vi a las tres en una situación muy dramática. La madre, tan joven, llegó a la oficina judicial maltratada y golpeada, con un bebé de meses en el brazo y una niña de no mucho más de dos años de la mano. Eran extraordinariamente pequeñas”. Mientras esperaba el par de horas que requiere el trámite, “le dio el pecho a la bebé mientras la mayor jugaba con un lápiz que le habían dejado, la imagen de un desastre familiar y una desatención institucional profunda”.

Peñafiel muestra su profundo desacuerdo con cómo se procedió: “En mi escrito de acusación no solo acuso por el maltrato hacia ella, sino hacia las niñas. Y solicito que se inhabilite al acusado para ejercer la patria potestad o el acogimiento sobre las menores por tiempo entre 1 y 5 años, por resultar esta pena necesaria para el interés de las menores. Si se hubiera estimado, esto no habría pasado”. Ese escrito se presentó en el juzgado el 19 de enero de 2023, dos meses después, Alina pidió en el centro de acogida granadino volver a Almería.

“Se fue voluntariamente, la estancia no es obligatoria, aunque nuestro criterio técnico fue que se quedara. Aún había mucho trabajo para recuperarla bien. Ella quería volver a Almería y en cuanto pudiera, a Rumania. Tenía aún demasiada dependencia de él”, explican desde la Consejería. Se marchó y las tres se instalaron en Abla, a unos 15 minutos de la residencia del padre. Y mientras avanzaba el proceso penal, se producía otro, el civil.

Separaciones, divorcios o custodias son tratados por los juzgados de familia, y los delitos como la violencia machista, por lo penal. Así, suelen abrirse en casos como este siempre dos procesos en dos juzgados distintos que, a veces, no tienen la información de lo que está haciendo el otro. Algo de lo que las instituciones son conscientes en toda España.

En septiembre de 2022, y a raíz de otro asesinato por violencia vicaria machista, el que cometió José Antonio A.C. contra su hijo de 11 años en Sueca, en Valencia, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó establecer una comunicación fluida para que que los juzgados de familia pudieran acceder a las resoluciones dictadas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer cuando agresor y víctima están en trámites de separación. Además, la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia modificó en 2021 la normativa para que si los jueces veían riesgo para los menores, pudieran suspender de forma cautelar la patria potestad, visitas y comunicaciones o custodias.

Sin protección integral

Pero sigue sin ser algo extendido. Ni la comunicación entre juzgados ni las suspensiones. En el caso de Alina, como hizo público el TSJA hace unos días, el proceso civil autorizó ese régimen de visitas que, según el mismo organismo, fue resultado del acuerdo entre los dos progenitores. La guardia y custodia fue otorgada a la madre, se obligaba al padre a pagar 300 euros mensuales para las niñas, y establecía que el agresor “podía estar con sus hijas los sábados y domingos de cada semana entre las 12.00 horas y las 18.00 horas. Para ello, la madre debía trasladar a las menores al Punto de Encuentro Familiar donde eran recogidas por su progenitor”. Una decisión que no solo ponía en riesgo a las niñas sino que era compleja y no tenía en cuenta las circunstancias de Alina.

Esa provincia tiene dos puntos de encuentro: en Almería capital y en El Ejido. El más cercano a Abla es el de la capital, a 63 kilómetros. Así que cada sábado y cada domingo se suponía que Alina y las niñas, que en aquel momento tenían poco más de un año y poco más de tres, tenían que recorrer esos 63 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta para que el padre maltratador con una orden de alejamiento estuviera seis horas con sus hijas. Ni Alina tenía coche ni existe un servicio de autobuses los fines de semana con un horario viable. Alina debía buscar a alguien que las llevara, que esperara con ella seis horas, o que se marchara y quisiera volver para recogerlas.

“Esto produce una distorsión y la quiebra de lo que es la rutina, el descanso o el ocio del fin de semana”, apunta Miguel Lorente, exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, y puntualiza que en este caso eran 40 minutos, “pero hay mujeres que hacen dos horas”. Afirma que “es un sistema perverso que hace que quien sufre la violencia, sufra también las consecuencias de la violencia que sufre, y que las víctimas tengan que asumir eso es inaceptable”. Los puntos de encuentro, dice, “deberían pensarse para el bienestar de los menores, no para generar aún mayor vulnerabilidad”.

La abogada de Alina cree que esas medidas “quizá tienen sentido teórico, pero en la práctica, a veces, no tienen mucho”. Ella le pidió “encarecidamente” que relajara las medidas de alejamiento: “Y, sobre todo, que renunciara al punto de encuentro. Era muy difícil para ella el traslado y todo lo que giraba alrededor”. Tanto que fue imposible. Solo se realizó una visita conforme a la sentencia, según informó al juzgado la cooperativa que tiene adjudicado el servicio de ese punto de encuentro, VICFAM.

Entrado el verano, tras varias ausencias, Alina y Cristian informaron a VICFAM de un nuevo acuerdo para cambiar el sistema: “Las estancias del sábado no se llevarían a cabo y las entregas y recogidas se harían en domingos alternos de 10.30 horas a 18.30 horas”. Tampoco funcionó: entre junio y agosto de 2023 ocurrió una vez. El 20 de agosto, los responsables del punto de encuentro recibieron una comunicación de los progenitores informándoles de que no volverían.

Alina ya había pedido el fin del régimen de visitas tutelado varias veces, la última, el 4 de octubre del año pasado. Días después, el punto de encuentro y Fiscalía apoyaron cambiar ese sistema. Y el 9 de noviembre el juzgado decidió que las entregas no fueran en el punto, aunque mantuvo los días y horarios acordados previamente. Pero tampoco pasó.

La abogada de Alina relata que los tiempos de visita se fueron incrementando y días y horarios cambiaron. Y personas que conocían el día a día de Alina en los últimos meses cuentan que la realidad era que las visitas se daban en fines de semana alternos y ambos días prácticamente de primera a última hora. Al mismo tiempo ocurrieron dos cosas que, según los indicadores de riesgo oficiales, pueden aumentar la posibilidad de que los maltratadores vuelvan a ejercer la violencia, cuestiones con las que perciben que han perdido el control y la sumisión de sus víctimas: Alina tenía una nueva pareja e intentaba rehacer su vida con un trabajo propio.

Eso, como nada de lo demás, le era fácil. José María Herrerías, propietario de la cafetería La Esquina, de Abla, la conoció hace “cinco o seis meses”. Quiso ayudarla: “La estábamos formando para trabajar, intentamos legalizar su situación pero hasta hoy nos ha sido imposible”. A pesar de eso, dice, le hacían encargos pequeños: “Y le dábamos algo para que pudiera salir adelante”. Cuenta que cuando intentaron formalizar el contrato de Alina acudieron a una gestoría, “pero su documento estaba muy mal y no pudieron concretar el número”. Herrerías recuerda que tenía cita para solucionar esto en Extranjería, en la Policía Nacional, el pasado 26 de enero: “Le cancelaron la cita y seguimos esperando a que le den otra”.

Mientras, las visitas continuaban, y comenzaron a ser en el cortijo en el que vivía Cristian. “Corral” lo llama la alcaldesa de Gérgal. Una construcción de una planta, especialmente baja, en mitad de un pedregal, en el término de Albodoluy, dependiente a su vez de Gérgal. La mayor parte son dos naves de aperos o corrales, y la parte habitable tiene apenas un ventanuco al exterior. Estaba a 15 minutos en coche de Abla. Todo era más fácil para el traslado de las menores, pero también las dejaba totalmente desprotegidas, en un ambiente desolado, y también aislado.

Por qué no intervinieron los servicios sociales, la Justicia o los cuerpos de seguridad, se desconoce. Pero allí fue donde Alina encontró a sus hijas pasadas las diez de la noche del domingo, la autopsia reveló que murieron sobre las 9.30 de la mañana. El sistema, los protocolos, las decisiones de quienes forman parte de ese sistema y aplican esos protocolos protegen y salvan la vida de cientos de miles de mujeres, niños y niñas cada día, en este caso no sirvieron para Alina, pero sobre todo fallaron para Larisa y Elisa.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.