_
_
_
_

La Guardia Civil investiga en Almería si un hombre con una orden de alejamiento ha matado a sus dos hijas

La principal hipótesis es que el padre envenenó a las niñas de dos y cuatro años y más tarde se suicidó

Zona acordonada por la Guardia Civil en Las Alcubillas, en (Almería), donde los agentes han encontrado los cuerpos de dos niñas y de un hombre.
Zona acordonada por la Guardia Civil en Las Alcubillas, en (Almería), donde los agentes han encontrado los cuerpos de dos niñas y de un hombre.Carlos Barba (EFE)
Javier Arroyo

La Guardia Civil investiga el presunto asesinato de dos niñas de dos y cuatro años de edad, así como la posterior muerte de su padre en un cortijo aislado dentro del término municipal de Alboloduy, pedanía del municipio de Gérgal (Almería). Fuentes de la investigación han confirmado que los hechos tuvieron lugar en la noche del domingo en ese cortijo, a varios kilómetros de cualquier otra residencia o lugar habitado. Si bien la investigación continúa abierta, y a la espera de la autopsia que se está realizando a los tres en el Instituto de Medicina Legal de Almería, la línea que ha cobrado más fuerza es que el hombre envenenó a sus hijas antes de acabar con su propia vida. Se trataría, de confirmarse, de un caso de violencia vicaria en violencia machista, que se produce cuando los hombres violentos ejercen daño sobre las mujeres a través de otra persona, sobre todo, de los hijos. El padre, de 35 años, tenía activa desde hace dos años una orden de alejamiento de Alina, su expareja y madre de las menores, que ronda los 23 años y también de nacionalidad rumana, y había fecha para el juicio por violencia machista para el próximo 10 de abril. La madre tenía la custodia y ambos la patria potestad.

El domingo por la tarde, Alina se preocupó porque su expareja no traía a las niñas. Lo llamaba por teléfono sin conseguir respuesta. Finalmente, en algún momento entre las nueve y las 10 de la noche, llamó a su cuñado (familia de él) para que la acompañara. Cuando llegaron a la puerta del cortijo, volvieron a llamar y comprobaron que el teléfono sonaba dentro. Como nadie abría, pegaron una patada a la puerta y entraron. Encontraron a las niñas ya fallecidas y al hombre agonizando. Fue entonces cuando, sobre las 22.30, llamaron al Servicio de Emergencias que envió a la Guardia Civil y una ambulancia. Los servicios de emergencias no fueron capaces de reanimarlo.

La orden de alejamiento dictada hace dos años prohibía al agresor acercarse a 500 metros de ella y su vivienda, comunicarse con su expareja y ninguno podía llevarse a los niños de España sin mutuo acuerdo. La mujer pasó un periodo muy breve de tiempo en junio de 2022 en casas de acogida de Granada y Almería.

La pareja, según la misma fuente, convivían hasta hace un par de años, pero se separaron por diversos episodios de violencia de género y ella se mudó a vivir a Abla (Almería), donde trabajaba en un bar. Él se trasladó al cortijo donde han ocurrido los hechos. Se trata de un lugar con unas condiciones mínimas de habitabilidad, una especie de nave de una planta asentada sobre un pedregal, tejado plano, una puerta y una ventana con los muros de pizarra y piedra. Aunque la construcción parece amplia, la realidad es que la mayoría se destina a nave de aperos y materiales agrícolas, por lo que la parte residencial, vista desde fuera, ocupa apenas una habitación o dos.

El alcalde de Abla, Francisco Javier Sánchez, ha explicado que tras el presunto envenenamiento, las niñas serán enterradas por voluntad de la madre en el pueblo donde residían y donde esta descansaba este lunes siguiente a lo ocurrido, atendida por los servicios sociales municipales. Abla ha declarado tres días de luto por el asesinato de las niñas. La mayor de ella estaba ya escolarizada en el colegio público Joaquín Tena Sicilia de la localidad, pero la menor aún no.

La pregunta 24 horas después de los hechos es por qué, con una orden de alejamiento por violencia machista en vigor, las niñas estaban con su padre, en un lugar, además, tan escasamente habitable y en mitad de la nada. “El hecho de que las hijas estuvieran con su padre tendrá que ser esclarecido”, ha dicho el subdelegado del Gobierno, José María Martín. De confirmarse, serían cuatro menores de edad asesinados por violencia vicaria de género en 2024 y 54 desde 2013. Las anteriores víctimas son dos hermanos, una niña de siete años y un niño de diez, presuntamente asesinados por su padre en Barcelona el 6 de enero; en este caso no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, como sí las había en este último.

Mayor riesgo

Existía denuncia, existía orden de alejamiento, existía pulsera antimaltrato para evitar el contacto y existían también ciertas circunstancias que se dan en violencia machista y que explican cómo funciona, por ejemplo, en momentos como el de la denuncia, la separación o el divorcio, o procesos judiciales, que aumentan el riesgo de una escalada en la violencia que ejerce el maltratador, porque es cuando pierden el control o saben que pueden perderlo sobre sus víctimas.

Según la información del TSJ de Andalucía, fue el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería donde se instruyó la denuncia por malos tratos y amenazas hacia el presunto autor del asesinato de las dos niñas, y ya había establecido fecha para el juicio, estaba previsto para el próximo 10 de abril en el Juzgado de lo Penal número 2 de Almería.

Entre los indicadores del formulario que usan las fuerzas y cuerpos de seguridad para valorar el riesgo en el que están las víctimas están que estas tengan menores o familiares a su cargo, que estén en trámites judiciales de separación y/o divorcio, que se produzcan conflictos a causa de las responsabilidades por los cuidados a los hijos e hijas, que el agresor se haya llegado a poner en contacto con la víctima cuando pesaba sobre él, en vigor, una medida de alejamiento o una prohibición para comunicarse con ella, la falta de apoyo familiar o de red social o la percepción que tienen las propias víctimas del riesgo que corren. Cuestiones, todas, que sobrevuelan este caso.

Antes del señalamiento del juicio, ese Juzgado ya había dictado una orden de alejamiento respecto de su pareja de 500 metros y había ordenado la colocación de una pulsera de seguridad al presunto agresor para evitar el contacto. “En varias ocasiones, la mujer se negó a denunciar a su pareja y solicitó el levantamiento de las medidas cautelares”, aunque, explica también el TSJ andaluz en el comunicado, “el Juzgado continuó con la causa a petición de la fiscalía” y también “instó un proceso civil sobre la guardia y custodia de los menores, el régimen de visitas y la cuantía de la pensión que debía abonar a la madre para el sustento de las hijas”.

Régimen de visitas

La autoridad judicial acordó este régimen de visitas en una sentencia de marzo de 2023: el padre podía estar con sus hijas los sábados y domingos de cada semana entre las 12.00 y las 18.00. Para ello, la madre debía trasladar a los menores al Punto de Encuentro Familiar, donde eran recogidos por su progenitor. La Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, de 2021, ya modificó el Código Civil para que si los jueces veían riesgo para ellos, pudieran suspender de forma cautelar la patria potestad, o las visitas y comunicaciones, o las custodias. Y, aunque han ido aumentando esas decisiones judiciales paulatinamente, sigue habiendo casos en los que no se producen, como sucedió en este caso.

La madre, “en varias ocasiones” según explica el TSJ, pidió “que la entrega se realizara sin la intervención del Punto de Encuentro”. La última de esas peticiones se realizó el pasado 4 de octubre. Y poco después, el Punto de Encuentro informó de que “ya no estaban acudiendo”. La petición de las propias víctimas de retirar las órdenes de alejamiento o protección, o la negativa a denunciar, no son hechos aislados en violencia machista, sucede con cierta asiduidad. Desde que existen datos oficiales, en 2003, de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 776 no habían denunciado, no consta denuncia en otros 201 casos, y 269 sí lo habían hecho. Entre los 52 casos de menores asesinados que también constan desde que hay estadísticas, en 2013, el agresor tenía denuncia en 14 casos, y no existía en 38.

ABLA (ALMERÍA), 18/03/2024.- Vecinas de Abla (Almería) colocan flores en la puerta del colegio donde estudiaba una de las niñas presuntamente asesinadas por envenenamiento por su padre y donde se ha decretado tres días de luto oficial. EFE / Carlos Barba
ABLA (ALMERÍA), 18/03/2024.- Vecinas de Abla (Almería) colocan flores en la puerta del colegio donde estudiaba una de las niñas presuntamente asesinadas por envenenamiento por su padre y donde se ha decretado tres días de luto oficial. EFE / Carlos Barba Carlos Barba (EFE)

Esto ocurre, en muchas ocasiones, por la creencia de que el maltratador cambiará, otras por miedo a las consecuencias para ellas o sus hijos e hijas de las decisiones legales que tomen. También porque, en esa espiral de control a las que las someten sus agresores, a veces durante años, no reconocen o minimizan la violencia; a veces porque no tienen una red de apoyo o porque consideran que no emprender acciones legales mantendrá bajo control al hombre que las maltrata.

Aún se desconoce si por parte de las autoridades competentes hubo algún tipo de intervención cuando el Punto de Encuentro avisó de que ya no iban allí para hacer la entrega de las niñas, pero poco después, a petición de los responsables del Punto de Encuentro, de la madre, “y con el visto bueno de la Fiscalía, el juzgado acordó en un auto de fecha 9 de noviembre de 2023″ que este ya no interviniese en las entregas acordadas en sentencia, que siguieron siendo los sábados y domingos de 12.00 a 18.00.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Tu comentario se publicará con nombre y apellido
Normas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_