La ley de trata garantizará la asistencia y protección de las víctimas sin necesidad de denuncia

Estará centrada en las víctimas, “victimocéntrica”, ha dicho la ministra de Justicia, Pilar Llop, sobre la Ley Integral contra la Trata, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes, donde ha sido aprobado el anteproyecto de ley. Una norma que tiene como objetivo abordar “conjuntamente la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos (no solo la trata con fines de explotación sexual, en la que se ha centrado hasta ahora principalmente la estrategia española de lucha contra la trata) y contra todas las formas explotación que constituyen la finalidad de la trata, incriminando el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y todas las formas de sometimiento forzoso a explotación”, dice el preámbulo de esa ley a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Para cumplir con ese objetivo principal, que Llop ha repetido, “la asistencia y protección” a las mujeres, niñas, niños y hombres que forman parte de las redes de trata, el texto recoge desde todos los derechos con los que contarán —de protección, laborales y económicos, a la identificación, información, a los servicios de asistencia y apoyo, o al retorno voluntario, entre otros— hasta la formación especializada de los empleados públicos o la tutela institucional a través de unidades especializadas de los servicios sociales o en la Fiscalía.

Entre otras cuestiones, el anteproyecto contempla la creación del Mecanismo Nacional de Derivación, un órgano que hará una primera identificación de las víctimas y las derivará para su asistencia y protección, dependiendo de los distintos tipos de trata (con fines de explotación sexual, laboral o relacionados con órganos o tejidos corporales), con la garantía de “la especialización de todos los actores intervinientes en el proceso de detección, identificación, asistencia y protección, así como la coordinación y cooperación entre ellos”.

En la identificación, se contará “con servicios especializados de asistencia y protección, no se deja exclusivamente en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y establece la participación de las entidades especializadas acreditadas”. Se establece que “sin perjuicio del fomento de la colaboración de la víctima en la investigación penal a través de la protección adecuada, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la asistencia a la víctima y el proceso de detección e identificación no estén condicionados” a la interposición de una denuncia —al igual que ocurre con las víctimas de violencia machista—; y garantiza el derecho a no ser expulsadas a las víctimas en situación administrativa irregular; y dispone de “previsiones específicas para la identificación de menores”.

También su protección “con independencia de su situación administrativa [la mayoría de las víctimas de trata son personas inmigrantes en situación irregular] y de su capacidad o voluntad de cooperar con las autoridades en la investigación del delito o en un eventual proceso penal”. Cuando la identificación sea definitiva, ha ahondado Llop, tendrán “derechos laborales, prestaciones a vivienda, reparación integral y compensación económica”.

La norma hace una regulación más extensa de la prueba preconstituida —la toma de declaración de una víctima solo una vez, con todas las garantías para que esa primera y única declaración sirva para el proceso judicial—, para evitar la revictimización y fija que “la respuesta de los poderes públicos frente a la trata y a la explotación de seres humanos ha de ir más allá de la imprescindible respuesta penal (investigación y persecución del delito)”.

Tiene también que abordar “la prevención y la sensibilización de la sociedad, como elementos clave para la deseable erradicación de estas prácticas, incidiendo en el papel de la demanda y en la importancia de desarticular el modelo de negocio y romper la cadena de la trata y la adecuada asistencia y protección de las víctimas”.

Esta ley, ha dicho la ministra de Justicia, es el “cumplimiento de un compromiso de Gobierno y con los derechos humanos”. A tres semanas de que quede en pausa la actividad en el Congreso por las Navidades, con el contexto del debate generado por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual y la posterior panorámica de una larga campaña electoral por las elecciones locales y autonómicas en mayo, tras las que llegarán las generales, el Gobierno tiene que empujar varias legislaciones en marcha.

En el ámbito de Igualdad, son la llamada ley trans y la ley de trata las que más urgen al Ejecutivo. Mientras que la primera está suponiendo una tensión que podría acabar por paralizar indefinidamente la norma a cuenta de la libre autodeterminación de género para los menores, en la segunda el consenso ha sido siempre más estable y nunca ha supuesto un cisma dentro de la coalición. Ahora, tras su salida del Consejo de Ministros, será remitido al Congreso para el trámite parlamentario.