Igualdad desliga el retraso de la norma sobre trata de la polémica por la ‘ley del solo sí es sí’

Entre todas las normativas pendientes que tiene el Ministerio de Igualdad, la ley de trata estaba previsto que saliera del Consejo de Ministros la pasada semana. Se retrasó a consecuencia del positivo en covid de la ministra de Justicia, Pilar Llop, e iba a ir esta semana, pero tampoco lo hará. El departamento de Irene Montero prevé que lo haga el martes 29, aunque eso siempre “depende de presidencia de Gobierno”. No le dan “mayor relevancia” al aplazamiento, que no relacionan con la marejada política, social y jurídica que han desatado las primeras rebajas de penas a agresores sexuales tras las revisiones de condenas por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.

En rueda de prensa la mañana de este lunes con motivo del próximo 25-N, Día Internacional Contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, la secretaria de Estado de Igualdad, ha asegurado que la dilación “responde más a una cuestión de ordenación de la tramitación normativa”. “Nos encontramos con un poquito de acumulación cuando llegan estas fechas”, a final de año, ha añadido.

“Y si por casualidad, y solo por casualidad, estuvieran sugiriendo que [el retraso] tiene algo que ver con un debate sobre los delitos y las penas, creo necesario aclarar que cuando somos varios ministerios coproponentes, en lo que respecta a qué funciones asume o deja de asumir la Policía la última palabra la tiene el Ministerio de Interior, y en cuanto a la parte penal de todas estas leyes la última palabra la tiene dentro del Gobierno obviamente el Ministerio de Justicia”, ha contestado Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, en el turno de preguntas de los medios.

En todas las legislaciones propuestas por el área de Montero durante esta legislatura ha habido choques y tensiones con la parte socialista del Gobierno y con otros ministerios. Ocurrió con la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, en vigor desde el 7 de octubre y causante de la última tensión en la coalición; con la llamada ley trans, que mantiene esa tensión de forma constante desde hace meses; y también con la ley de trata.

“En materia de trata tenemos y vamos a seguir teniendo matices, y son públicos, porque nosotras creemos que es fundamental un cambio en la política de extranjería para poder proteger a las víctimas de toda explotación sexual y aquí hay diferencias de grado”, ha dicho Rodríguez, que también reconoce que algunas de esas cuestiones aún estar por “matizar con el Ministerio de Interior”.

“Independientemente de esas diferencias”, ha insistido en que el Gobierno es “colegiado” y que una vez que un texto llega al Consejo de Ministros, lo hace con los criterios de todos los ministerios implicados, también de la Comisión General de Secretarios de Estado y la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa: “Con mucho cuidado y rigor jurídico [todas esas aportaciones] se sintetizan. La ley de trata que va a llegar a Consejo de Ministros será la ley de todo el Gobierno y con una mirada policial, judicial y feminista, y sin cualquiera de ellas no sería una buena ley”.

No es la única en este ámbito que el Gobierno de coalición tiene en trámite. Después de que el Partido Socialista retirara una enmienda sobre prostitución a la Ley de Libertad Sexual en mayo porque hacía peligrar su aprobación, en junio presentaron una proposición de ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas: perseguir penalmente a los proxenetas y a los dueños de los locales donde se produce, y proteger a las víctimas a través de una reforma del Código Penal.

El Congreso dio luz verde a ese texto en junio, el primer paso del trámite legislativo, con el apoyo del Partido Popular y el mayoritario, pero roto, de Unidas Podemos. A lo que no dio luz verde la Cámara Baja fue a la enmienda a la totalidad que la CUP presentó en septiembre contra la propuesta socialista con un texto alternativo para regular el trabajo sexual. El pleno emitió 293 votos en contra de esa enmienda, 34 a favor y 17 abstenciones, por lo que cerró la puerta a tratar la posibilidad de legalizar la prostitución.

Un “margen de impunidad vergonzante”

La ley de trata, más avanzada en el proceso, tiene como objetivo poner en el centro a las víctimas, sus circunstancias y contar con las herramientas para protegerlas. Según ha repetido desde el primer momento Igualdad, los ejes de esta norma son la prevención, la persecución del delito, la protección de las víctimas y su reparación y reinserción. Un texto que, opina la secretaria de Estado, lleva “muchísimos años de retraso”, y hasta ahora su ausencia ha provocado un “margen de impunidad vergonzante, no solo porque los delitos no hayan sido sancionados como deberían sino porque las víctimas no han sido protegidas como deberían”.

Lo “más importante”, ha explicado, va a ser la creación de un mecanismo nacional de derivación para que las víctimas de trata sean identificadas “desde el primer minuto”, con acceso al permiso de residencia, de trabajo, que les corresponda: “Lo que va a permitir que se recuperen, porque no hay ninguna víctima que se pueda recuperar del daño gravísimo que ha sufrido sin papeles, sin curro, sin casa y sin la atención integral que necesite”.

Según datos del Ministerio de Interior, hay alrededor de 45.000 mujeres explotadas sexualmente en España; la ONU y la Unión Europea estiman que el 80% de las víctimas de trata detectadas en Europa son mujeres y niñas, y de ellas, el 95% son víctimas de explotación sexual. En referencia a ellas, a las víctimas, Victoria Rosell ha comparado la estructura de esta normativa con la de la ley del solo sí es sí: “Es, igual que la violencia sexual, uno de esos ámbitos donde el sistema no es funcional a las víctimas. Si debajo del derecho penal, del sistema punitivo, no hay nada, las mujeres que se atreven a denunciar, a menudo pueden dar un salto y caer al vacío”.

Con las leyes integrales, el objetivo, según la delegada, es construir una red “de derechos sociales, de vivienda, de trabajo, de formación, de inserción sociolaboral y una red de ayudas públicas, de asistencia jurídica, y sobre todo de protección y reparación integral que hacen que ese salto no sea mortal”.