España abre el debate legislativo para abolir la prostitución: un ataque por tres frentes

Clara Campoamor, como lo ha hecho tantas otras veces, volvió a aparecer en el Congreso de los Diputados este martes. “En enero de 1932, en esta misma Cámara, se planteó la abolición de la prostitución, oradores de distintas ideologías dijeron que la prostitución es incompatible con la dignidad humana y que supone una quiebra para la ética de hombres y mujeres. La verdadera libertad está en ser dueñas, las únicas, de la propia vida”. Así la recordaba Adriana Lastra, la vicesecretaria del PSOE y encargada de defender en el Parlamento la proposición de ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. La Cámara baja dio luz verde al inicio de ese camino, pero antes hubo debate, recriminaciones, choques y discursos cargados del trasfondo que supone esta cuestión, a la que jamás, ningún partido, ha entrado realmente. Hasta ahora. Porque hasta ahora, la prostitución es alegal en España: ni está prohibida, ni regulada.

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Adriana Lastra: "En una democracia las mujeres ni se compran ni se venden"

En esta legislatura, el Gobierno de coalición tiene en trámite dos leyes integrales para abordar el proxenetismo, la trata con fines de explotación sexual y, aún con una encendida discusión de fondo, la prostitución. Una, la más cerca de entrar en vigor, es la llamada ley del solo sí es sí —a la que solo le queda su paso por el Senado—, que reconocerá a las víctimas de trata como víctimas de violencia machista y establecerá los servicios de asistencia integral como recursos específicos para dar respuesta concreta a esta problemática.

Otra, la Ley Integral contra la Trata —en manos del Ministerio de Justicia desde el pasado enero—, que según el Ministerio de Igualdad tendrá en el centro a las víctimas, sus circunstancias y sobre todo, contará con las herramientas para protegerlas. Prevención, persecución del delito, protección de las víctimas y su reparación y reinserción, son los ejes sobre los que insisten a menudo desde el departamento de Irene Montero. “Es hora de que el Estado asuma sus compromisos con los derechos humanos, cumpla con el principio de diligencia debida y proteja a todas las mujeres víctimas de trata y explotación sexual, independientemente de su situación administrativa”, aludió la ministra hace un mes en una de las reuniones del Foro Social contra la Trata, sobre la situación irregular de muchas de esas víctimas, procedentes de otros países.

Y a ambas, se suma ahora esa proposición de ley de los socialistas que propone perseguir penalmente el proxenetismo, a los prostituidores, a los dueños de los locales donde se da (la llamada tercería locativa), y proteger a las víctimas con una reforma del Código Penal. El siguiente paso de esta normativa será la constitución de una ponencia para estudiar el texto —algo para lo que no hay plazo estipulado y dependerá de la voluntad de los partidos—, y que cada grupo parlamentario presente sus enmiendas. De ahí saldrá el texto que irá de nuevo al pleno del Congreso.

El PSOE espera que eso ocurra antes de finales de año, pero es imposible saber qué sucederá en los próximos meses, sobre todo, porque esta propuesta ha vuelto a agudizar las diferencias que existen en el Parlamento no sobre el proxenetismo ni sobre la trata con fines de explotación sexual, sino a cuenta de la prostitución.

Mientras que los dos grupos mayoritarios, PSOE y PP, coinciden en que el objetivo último debe ser la abolición de la prostitución, Unidas Podemos se escinde en las distintas facciones que la componen. Hay quien se decanta por el abolicionismo, como se declara la parte de Gobierno, y quien opta por la regulación —como se pudo comprobar este martes con el voto roto a la propuesta socialista—. Es en esa última la idea, la regulación, donde se aglutinan los grupos minoritarios que apoyaron la investidura del Gobierno de coalición y suma a Ciudadanos. Porque, defienden, hay que hacer una diferencia entre la explotación sexual y las mujeres que “ejercen libre y voluntariamente la prostitución”. Y así lo volvieron a argumentar este martes durante el debate Mireia Vehí (CUP), Isabel Pozueta (EH Bildu), Agirretxea (PNV), o Sara Giménez (Ciudadanos).

“No caben grises”

Para quienes trabajan día a día con mujeres prostituidas, con víctimas de trata con fines de explotación sexual, y a veces con sus familias, “no caben grises”. Al teléfono, lo dice Mabel Lozano, escritora y directora de cine que ha dedicado la mayor parte de su carrera a denunciar, documentar y luchar contra la trata. No se le escapa, y lo recuerda, que en casi medio siglo de democracia ningún partido ha estado dispuesto realmente a acabar con “una forma de violencia contra las mujeres que es indescriptible, que supone mirar y comerciar con ellas como con un trozo de carne”. El PSOE, dice, “ha tenido legislaturas en solitario y no ha hecho nada”; ahora, añade, “está disparando lo más grande, pero hace falta voluntad política de todos los grupos y consenso para que realmente salga adelante”.

Con lo que recoge actualmente la legislación española, a Lozano solo le sale una palabra: “Impunidad. Existe una impunidad total y absoluta de los proxenetas”. Lastra, la vicesecretaria del PSOE, ha recordado durante la defensa de su propuesta que en España, “uno de los países con más prostitución de Europa, solo hubo una condena por proxeteneismo en 2021″.

En este momento, el Código Penal no castiga la prostitución ni tampoco el proxenetismo en todas sus formas, sino que exige que se haya llevado a cabo mediante la “explotación” de la persona prostituida. Esta definición, explica el texto socialista llevado este martes al Congreso coincidiendo con el argumento de Lozano, “ha llevado a una total inaplicación de este precepto y, en la práctica, a la impunidad total del proxenetismo”.

También la normativa vigente permite sancionar a los puteros. La Ley de Seguridad Ciudadana (la llamada ley mordaza), permite desde 2015 multar a los prostituidores, pero también a las mujeres. Por lo que el PSOE quiere cambiar esa perspectiva y que sea el Código Penal quien castigue a los clientes y que no sea posible penalizarlas a ellas.

Herramientas y dotación económica

Pero para las expertas no son solo las condenas penales. Insiste Lozano e insiste también Rocío Mora, abogada y directora de Apramp (la organización para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) que hacen falta dos cuestiones esenciales: herramientas y dinero.

“La propuesta del PSOE tiene vistas abolicionistas, pero para eso necesitan dinero, porque lo que importa en todo esto son las mujeres: qué hacen después, qué alternativas se les dan. Una reforma del Código Penal no necesita dinero, la reinserción real de esas mujeres, sí”. Mora ahonda: “Necesitamos herramientas para protegerlas en la práctica, en los procesos penales, alternativas para que no se vulneren todos y cada uno de sus derechos, que encuentren empleo, sacarlas de esa situación. No queremos planes, queremos una ley que cubra de arriba a abajo a las mujeres, porque eso también supone de entrada un posicionamiento brutal por parte del legislador”.

Ambas optan por que esos instrumentos que active el Estado pasen “porque sean las óptimas para que todas las formas de proxenetismo sean localizadas”. “Y no solo la tercería locativa”, afina la directora de Apramp, porque cuando la prostitución “se da en pisos particulares, no hay forma de adentrarse ahí”. Cuando se habla de tercería locativa, explica, se habla “de los negocios abiertos que se ven, y cuando hablamos de todas las formas de proxenetismo, si penalizamos solo la locativa, esas redes se irán a otros lugares y las llevarán de otra manera”.

La ley actual, coinciden ambas expertas, “es laxa”. También ambas coinciden en que el llamado modelo nórdico o modelo sueco es el más óptimo. El enfocado a castigar al cliente como primer paso para acabar con las redes de prostitución y el proxenetismo. La idea es que si no hay demanda, no habrá oferta.

Suecia, Islandia, Irlanda del Norte, Noruega y Francia ya se han decantado por este modelo. Pero no es tan sencillo. En Francia, explica Lozano, “ha fallado la dotación económica y están viendo que así no puede funcionar la ley”. Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, ha recordado el primer informe de evaluación de la legislación francesa durante el debate en el Pleno: “Cinco años después, solo 161 mujeres han hecho el circuito social para dejar la prostitución”. En parte, afirma Lozano, es porque las leyes no solo “deben ser papel e intención política, tienen que estar dotadas de dinero, de recursos”.

Al otro lado del modelo sueco, está el modelo basado en la regulación como forma de proteger a las mujeres —como ocurre en Holanda, Dinamarca o Alemania—, que defiende que una ley enfocada a la abolición no acaba, en realidad, con la prostitución ni la explotación, sino que la oculta, por lo que las mujeres víctimas de esas redes acaban en una situación aún más peligrosa y vulnerable. En esa corriente, también es insistente la idea de que el punitivismo no es la solución. A esto se refirió durante su intervención la diputada de Podemos Sofía Castañón, que pedía que se retirara el artículo que añade la propuesta socialista para castigar al putero: “Es la educación, la concienciación en la escuela y a través de los medios de comunicación, porque [lo contrario], al final, podría repercutir en las mujeres pudiendo ser estas víctimas de trata y sancionadas institucionalmente”.

Quienes optan por el abolicionismo, aseguran que no se puede desligar la prostitución de la trata. “La explotación sexual es el último residuo del sistema esclavista”, afirmó Lastra en el Congreso. Según cifró la socialista, los datos del Ministerio de Interior estiman que hay alrededor de 45.000 mujeres explotadas sexualmente en España; la ONU y la Unión Europea calcula que el 80% de las víctimas de trata detectadas en Europa son mujeres y niñas, y de ellas, el 95% son víctimas de esa explotación sexual.

Mora, la directora de Apramp, afirma que incluso durante la pandemia, “cuando todos estábamos en nuestras casas, estos señores [los prostituidores] se movían como les daba la gana. Es hora de poner dificultades a aquellas personas que se beneficien de mujeres y niñas engañadas, violentadas, asesinadas, a veces violadas, con traumas de los que a veces no se pueden recuperar, traumas que muchas veces profesionales del propio equipo no pueden ni soportar”.

Mora lleva 26 años trabajando con estas mujeres, con un equipo de 80 personas donde la mitad son supervivientes de esta forma de violencia. “Que España penalice todo aquello que pueda ser delito, que no sea un lugar fácil para ejercer esta violencia contra las mujeres”.

En este momento, contabiliza 59 las nacionalidades que atienden desde la organización. “No quiero vivir en un país social, igualitario y democrático, donde las mujeres se puedan comprar y vender, vengan de donde vengan”. Ese, dice Lozano, “es el mundo en el que nadie debería querer vivir y los avances legislativos no son solo normas, tienen que ver con el mundo en el que sí queremos vivir”.